Sin dudas, no son tiempos fáciles para el presidente de Francia, Emmanuel Macron: el mandatario, quien está siendo muy criticado por sugerir que Europa debería ser más independiente de Estados Unidos, continúa lidiando con importantes protestas por su reforma jubilatoria.
Este jueves, en el duodécimo día de protestas desde mediados de enero, los trabajadores interrumpieron la recolección de basura en París y bloquearon el tráfico fluvial en parte del Rin, en el este del país.
En total, 380.000 manifestantes participaron de las protestas, incluyendo a unos 42.000 en París. Sin embargo, las cifras se redujeron desde el 6 de abril, cuando 570.000 personas se manifestaron en toda Francia, con 57.000 en la capital.
Las manifestaciones en contra de la reforma, que sube la edad jubilatoria de los 62 a los 64 años, se llevaron a cabo un día antes de que se conozca el fallo del Consejo Constitucional sobre la legalidad del proyecto, que fue aprobado por decreto por Macron.
Este viernes 14 de abril, el Consejo Constitucional debe emitir su veredicto, el cual podría tener tres desenlaces: el primero, sería la anulación del proyecto por completo si se considera que viola la Constitución. Sin embargo, los expertos constitucionales, y fuentes gubernamentales, dicen que es poco probable que el Consejo lo bloquee.
La segunda opción es que se le permita al gobierno promulgar la legislación en los próximos días o, finalmente, que se apruebe la elevación de la edad legal de jubilación, pero se deroguen algunas cuestiones menores.
Más allá de la decisión del Consejo, la oposición ya confirmó que quiere organizar un referéndum, aunque para ello necesitará justamente obtener la luz verde de esta institución.
Además, si esto sucede, deberá conseguir que una décima parte de los votantes registrados firmen una petición llamando al plebiscito en menos de nueve meses.
Si la oposición consigue las firmas, el Senado y la Asamblea tendrán seis meses para examinar la propuesta de limitar la edad de jubilación a 62 años. Si el Parlamento no responde, el presidente debe someterla a referéndum.
