12 septiembre de 2025
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Esta semana, la Corte Suprema de Brasil declaró culpable al expresidente Jair Bolsonaro de planear un golpe de Estado para permanecer en el poder después de perder las elecciones de 2022. La condena conlleva una sentencia de 27 años y tres meses.
Sin embargo, Bolsonaro, un excapitán del ejército de 70 años, aún tiene vías de apelación muy estrechas para evitar ir a prisión en la capital, Brasilia.
Pero, mientras dicha situación se resuelve, la sentencia contra Bolsonaro trae a la memoria el caso de Lula da Silva que, en 2017, fue condenado en primera instancia por corrupción y lavado de dinero en el marco de la operación Lava Jato.
Lula, que estuvo en prisión entre abril de 2018 y noviembre de 2019, fue liberado porque la Corte Suprema dictaminó que el juez Sérgio Moro no era competente territorialmente para juzgar esos casos y además actuó con parcialidad.
Por otro lado, también está el caso de Fernando Collor de Mello, quien dimitió en 1992 en medio de un proceso de impeachment por corrupción.
Collor fue detenido en abril de este año, luego de que la Corte Suprema determinara el inicio de la condena de ocho años y diez meses a la que había sido condenado en 2023, por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Por su parte, Michel Temer, presidente entre 2016 y 2018, fue detenido brevemente en 2019, acusado de corrupción y lavado de dinero (caso Lava Jato).
Temer fue detenido en la Operación Descontaminación y fue liberado cuatro días después. En mayo de 2019, fue arrestado nuevamente y liberado cuatro días después. Finalmente, fue absuelto en 2022.
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