Nuevo primer ministro en Reino Unido: la deuda que lo asfixia

Reino Unido estrenó, el 20 de julio, a su séptimo primer ministro en apenas una década, una cifra insólita para un sistema que solía presumir de estabilidad institucional. Vale la pena recordar, para quien está acostumbrado a sistemas presidenciales, que en Londres cambiar de primer ministro no requiere convocar a elecciones. Alcanza con que el partido gobernante, hoy el laborismo, cambie de líder en el Parlamento. 

Andy Burnham, hasta el mes pasado alcalde del Gran Manchester, llega al cargo tras una sucesión relámpago que sacó a Keir Starmer de Downing Street sin pasar por las urnas. Pero conviene no confundir el ruido político con el verdadero desafío que Burnham tiene por delante: la herencia económica que recibe es, con diferencia, más complicada que la política.

Burnham es un veterano de la política: milita en el Partido Laborista desde los 15 años y lleva un cuarto de siglo en la política nacional británica. Ingresó al Parlamento en 2001 como diputado y bajo los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown pasó por el Tesoro, por Cultura y, finalmente, por Salud. 

Perdió dos internas por el liderazgo laborista, en 2010 y en 2015, antes de reinventarse en 2017 como el primer alcalde electo del Gran Manchester, cargo que ejerció durante nueve años y en el que se ganó el apodo de "Rey del Norte" por su defensa de los intereses regionales frente a Londres. Allí construyó su marca en torno a la reforma del transporte público renacionalizando los colectivos bajo un esquema único de gestión y en la defensa de las comunidades norteñas.

Su regreso al Parlamento fue orquestado con precisión. Tras el pésimo resultado laborista en las elecciones locales de mayo 2026, un aliado de Burnham renunció a su banca para forzar una elección parcial, que Burnham ganó y le permitió volver al Parlamento. Días después, Starmer anunció su renuncia como Primer Ministro. La consiguiente interna laborista fue una formalidad. Burnham cosechó el respaldo de 379 de los 403 diputados del partido y fue proclamado líder del partido, paso previo obligado para asumir como primer ministro este lunes.

El cambio de Gobierno no pasó por una crisis parlamentaria. Hoy el oficialismo mantiene una mayoría sólida y el calendario electoral fija las próximas elecciones generales para 2029. De hecho, Burnham hereda una mayoría más amplia que la mayoría de sus antecesores recientes. Esa mayoría es, probablemente, el único activo con el que cuenta para intentar torcer un cuadro económico que lleva una década deteriorándose. 

Según estimaciones del FMI, en 2026 el PIB per cápita del Reino Unido se ubicará por primera vez por debajo del promedio de la Unión Europea. La comparación con el pasado reciente es elocuente. En 2016, antes del Brexit, la economía británica exhibía un nivel de ingreso per cápita aproximadamente 8% superior al promedio europeo. En la última década, el PIB apenas creció un 5% acumulado. Diversas estimaciones sugieren que, hacia comienzos de 2025, el nivel de actividad del Reino Unido se ubicaba entre 6% y 8% por debajo del contrafactual sin salida de la Unión Europea.

El deterioro también se refleja en las finanzas públicas. El ratio deuda pública/PIB superó el umbral del 100%, y el país no ha logrado sanear sus cuentas desde el shock de la pandemia. El déficit previsto para este año es del 3,9%, la cifra más baja desde 2019, pero todavía por encima de la media prepandemia e insuficiente para estabilizar la trayectoria de la deuda en un contexto de bajo crecimiento. El termómetro más claro de esta crisis de confianza es el mercado de deuda soberana. El rendimiento de los gilts (el equivalente británico a los Treasuries de Estados Unidos) a diez años escaló recientemente hasta el 5%, niveles que no se observaban desde hace dos décadas. Es decir que el margen para endeudarse más es muy limitado, lo que deja poco espacio para una política fiscal expansiva.

Ordenar las cuentas exigirá decisiones políticamente costosas en salud y asistencia social. El gasto en asistencia por discapacidad y enfermedad ronda hoy las 77.000 millones de libras anuales y crecería otras 14.000 millones en los próximos cuatro años. Reformar ese sistema podría generar una crisis política: el propio Starmer tuvo que dar marcha atrás el año pasado con un plan que buscaba ahorrar 5.000 millones de libras. Fue Burnham entre los políticos que más había cuestionado esos recortes por considerarlos indiscriminados. Recortar el gasto en beneficios implica, además, el riesgo de distanciarse del electorado de los bastiones laboristas del norte, la región con mayor dependencia de la asistencia social y, no casualmente, la base territorial que llevó a Burnham al poder.

Burnham apuesta, en cambio, a que una reingeniería del Estado impulse el crecimiento y alivie la presión sobre las cuentas públicas. El diagnóstico detrás de esta apuesta es histórico. En su primer discurso como líder, Burnham sostuvo que Gran Bretaña "tomó una serie de giros equivocados en la década de 1980", cuando "el poder político se centralizó y el poder económico se privatizó". 

Según su relato, ese viraje thatcherista le quitó al país el control sobre servicios esenciales (vivienda, agua, energía, transporte), concentró riqueza y poder y dejó buena parte del norte industrial desindustrializado y lo dejó sin herramientas para reinventarse. Revertir esos "giros equivocados" de las últimas cuatro décadas es, en sus palabras, la misión que se propone.

Su gran apuesta es "Number 10 North", una oficina estatal radicada en Manchester pensada como una unidad nacional de crecimiento cuya función central será redistribuir poder, vivienda pública y recursos hacia el resto del país. Se trata, en el fondo, de replicar a escala nacional el modelo que ensayó en Mánchester renacionalizando servicios. El problema es que, como señalaron varios analistas apenas conocido el plan, la propuesta todavía no explica con claridad de dónde saldrá el financiamiento ni como se implementaría.

A esto se suma un problema de composición del gasto: hoy el Reino Unido destina más del 3,5% del producto al pago de intereses de su deuda y apenas algo más del 2% a defensa. Dicho de otro modo, Londres gasta hoy casi el doble en pagarles a sus acreedores que en su propia defensa nacional. El gasto en intereses difícilmente pueda revertirse, ya que la suba de tasas es un fenómeno global y, cuanto mayor sea el déficit, más pagará el Estado por financiarlo. El mayor gasto en defensa es un compromiso asumido con sus principales aliados para elevar el gasto militar hasta el 3,5% del PIB hacia 2035. Entre las dos, dejan cada vez menos margen para todo lo demás.

Así, pese a lo ambicioso de sus planes, Burnham podría chocar pronto con el mismo muro de la realidad contra el que se estrellaron, uno tras otro, los últimos seis primeros ministros británicos en la última década. La aritmética fiscal no perdona, gobierne quien gobierne.  Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar