Este martes, cientos de miles de franceses salieron a las calles para protestar, nuevamente, contra la reforma de las pensiones impuesta por el presidente Emmanuel Macron.
Desde el 19 de enero de este año, esta fue la sexta jornada de paralización de las principales actividades del país y marcó un endurecimiento del sindicalismo con el fin de rechazar las nuevas condiciones para acceder a una pensión completa, que proyectan un aumento de la edad jubilatoria y de los años de aportes.
Específicamente, la edad jubilatoria pasaría de los 62 a los 64 años. Además, se prevé adelantar al año 2027 (antes era el 2035) la exigencia de contar con 43 años de aportes, desde los 42 actuales, para poder acceder a una pensión completa.
Con esta reforma, Macron busca evitar un déficit de 15.000 millones de euros a partir de 2030 y de 25.000 millones en 2040.
Según diversas encuestas, dos de cada tres franceses se oponen al actual proyecto del mandatario, aunque reconocen que el sistema jubilatorio debe ser reformado. Ya en 2010, la edad de jubilación había pasado de 60 a 62 años.
Aunque no hubo datos oficiales sobre el tamaño de la convocatoria en París, la Confederación General del Trabajo estimó que hubo unos 700.000 manifestantes, 200.000 más que la cifra indicada el 31 de enero, cuando se registró la mayor movilización contra una reforma social en tres décadas.
Pero, más allá de las intenciones sindicales, el impacto económico de las huelgas será "limitado" e, incluso en caso de largos bloqueos, no será superior a 0,2 puntos porcentuales del PIB.
