Este jueves, ante la imposibilidad de aprobar la reforma jubilatoria por vía legislativa, la primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, utilizó un procedimiento especial para impulsar el proyecto.
La medida garantizará que el proyecto de ley, que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años, se adopte después de semanas de protestas y debates conflictivos.
Sin embargo, también demuestra que el presidente Emmanuel Macron ha quedado en deuda a la hora de obtener un consenso en el Parlamento para obtener el apoyo de otros partidos.
Borne fue la encargada de confirmar que se invocaría el artículo 49.3 de la Constitución, que ha sido utilizado por gobiernos de izquierda, derecha y centro en el pasado.
Por ejemplo, el ex primer ministro socialista Michel Rocard recurrió a los poderes especiales 28 veces en las décadas de 1980 y 1990. Por su parte, la gestión de Macron ya lo implementó 11 veces, lo que lo convierte en el segundo gobierno que más lo utilizó.
El Senado había dado luz verde al proyecto, gracias al apoyo de los senadores conservadores del partido Les Républicains. Sin embargo, una victoria en la Asamblea Nacional no parecía asegurada.
Por ello, el gobierno prefirió esquivar la votación y, a la hora de dar explicaciones, Borne dijo que "no podemos apostar por el futuro de nuestras pensiones, esta reforma es necesaria", ya que permitirá que el sistema alcance el punto de equilibrio para 2030, con 17.700 millones de euros en contribuciones anuales adicionales.
Por su parte, Jean-Luc Mélenchon, el líder de la extrema izquierda, calificó la medida como "un fracaso espectacular (...) este proyecto de ley no tiene legitimidad parlamentaria, ni legitimidad de la calle".
Ahora, seguramente, los partidos de oposición solicitarán una moción de censura al gobierno, pero es poco probable que se apruebe, ya que no se espera que la mayoría de los legisladores conservadores la respalden.
