Ecuador continúa en shock tras el asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, a últimas horas del día miércoles, y a tan solo dos semanas de las elecciones generales.
Villavicencio, un crítico vocal de la corrupción y el crimen organizado, fue asesinado cuando salía de un evento vespertino de campaña en un centro educativo en el norte de Quito.
Este jueves, el gobierno informó que los sospechosos del asesinato son ciudadanos extranjeros pertenecientes a grupos del crimen organizado y que uno de ellos murió más tarde a causa de las heridas sufridas en un tiroteo, mientras que otros seis han sido arrestados.
El presidente, Guillermo Lasso, quien no se postulará en las elecciones, dijo que el crimen fue claramente un intento de sabotear los comicios, pero que la votación se llevaría a cabo según lo planeado el 20 de agosto, aunque en medio de un estado de emergencia nacional, con el ejército movilizado para garantizar la seguridad. Además, declaró tres días de luto.
La candidata Luisa González, que se postula por el partido de Rafael Correa y lidera con el 29,3% de apoyo, expresó su horror por el asesinato, pero no suspendió su campaña.
Por otra parte, el tribunal electoral le hizo saber al partido de Villavicencio que puede elegir otro candidato, aunque ya se imprimieron y distribuyeron las boletas y en ellas aparece el nombre y la foto de la víctima. Hasta su muerte, Villavicencio, se ubicaba en el quinto lugar con el 7,5% de apoyo en las encuestas.
Mientras tanto, la violencia continúa en aumento en Ecuador, en donde ya hubo 3.500 muertes violentas en la primera mitad del año, según cifras policiales, y casi la mitad ocurrió en la ciudad más grande, Guayaquil.
En general, al igual que en Argentina, el aumento de la violencia es un tema recurrente en toda América Latina, desde México, pasando por América Central y el Caribe, hasta Brasil y Colombia.
Sin embargo, en algunos países proponen polémicas decisiones para el asunto: a mediados de julio, el colombiano Gustavo Petro planteó pagarles a los jóvenes hasta un millón de pesos para que salgan de las bandas criminales y así dejen de cometer delitos y de matar.
