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Estado fallido: Haití y la historia de un magnicidio que posiblemente jamás se aclare

La línea divisoria entre autoritarismos y democracias liberales adquiere cada día más nitidez. Sin embargo, hay una tercera clasificación: Estados fallidos. Uno de ellos es Haití.

Estado fallido: Haití y la historia de un magnicidio que posiblemente jamás se aclare
Estado fallido: Haití y la historia de un magnicidio que posiblemente jamás se aclare
Luis Domenianni Luis Domenianni 15-03-2022
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Poco a poco, aunque de manera cada vez más acelerada, la línea divisoria entre autoritarismos más o menos populistas y democracias liberales adquiere mayor nitidez. Sin embargo, más allá de la categoría de principal atribuible al enfrentamiento entre ambos campos, subsiste una tercera clasificación: la de los Estados fallidos. Uno de ellos es Haití.

Un Estado fallido es un Estado donde las instituciones no funcionan, donde la economía predominante es la de subsistencia, donde el desempleo es casi total, donde la corrupción campea, donde el delito está a la orden del día, donde la violencia resulta el método habitual en las relaciones humanas. En otras palabras, un Estado fallido es un no Estado.

Todas estas premisas son verificables, en mayor o menor medida, en Haití. No se trata del único país del mundo donde ocurre. Somalia y Libia completan el podio de esta categoría de estados. Un escalón más abajo se ubican Mali y Burkina Faso.

La diferencia central entre Haití y el resto de los mencionados radica en la guerra civil que antecedió a la quiebra estatal. En Haití, esa guerra civil no se produjo. Cuanto ocurrió fue un proceso imparable de deterioro institucional, de empobrecimiento generalizado -salvo para una pequeña elite- y de corrupción estatal a todos los niveles.

Actualmente, Haití es un país sin rumbo, expulsor de una población que busca horizontes diferentes ante la resignación de lo irrecuperable que prevalece en el segundo país independiente de América, cronológicamente hablando.

Tres elementos recientes contribuyeron al agravamiento de la situación en Haití. En primer término, la pandemia del Covid y su secuela de crisis económico-social que de ella deriva. En segundo lugar, el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio de 2021. Por último, el sismo de agosto de 2021.

Vale la pena insistir en que se trata de cuestiones que solo agravaron un de por sí ya grave estado de situación. El 2021 presenció el éxodo de miles de haitianos que fugaron de su país, en particular por la violencia que se apoderó de las calles de Puerto Príncipe, la capital, y del resto de las ciudades importantes del país.

La ONG Human Rights Watch en un informe que elaboró en conjunto con la Universidad Católica de Chile señala “al menos” 950 secuestros extorsivos ocurridos durante el 2021.

En buena medida, aunque en una versión de mayor subdesarrollo, el imperio de las bandas delincuenciales en Haití recuerda los años de plomo en Colombia con el enfrentamiento sin tregua y con reminiscencias de guerra civil entre el Estado colombiano y el Cartel de Medellín comandado por el narcotraficante Pablo Escobar.

Basta una crónica para comprender el estado de quiebra generalizada que atraviesa el país. Fue el 17 de octubre del 2021, exactamente tres meses después del asesinato en su domicilio del expresidente Moise.

Aquel día, el primer ministro Ariel Henry y su custodia fueron desalojados a tiros de armas de fuego del acto de homenaje que presidía en honor de Jean-Jacques Dessalines, el héroe nacional que proclamó la independencia, venció y expulsó a los franceses y se autoproclamó emperador.

El autor de semejante “golpe de fuerza” fue “Barbacoa”, el alias que recibe el expolicía Jimmy Chérizier, jefe de una de las bandas delincuenciales más poderosas quién, vestido con riguroso traje blanco y corbata negra, presidió entonces la ceremonia de homenaje, custodiado por sus secuaces con sus rostros cubiertos con pasamontañas.

La investigación imposible

“Barbacoa” depositó una ofrenda floral ante la tumba del “libertador” y pronunció un discurso con loas a las virtudes de Dessalines a quién calificó de “modelo” y de “hombre extraordinario” que combatió… la corrupción. 

Mientras tanto, los integrantes de su banda que rodeaban la “ceremonia” vestían remeras con la inscripción en creole -el dialecto haitiano derivado del francés- “Jistice pou Jovenel” (Justicia para Jovenel). Barbacoa prometió vengar al presidente asesinado y arengó a los presentes a los gritos de “tenemos hambre”.

La escena surrealista no queda completa si se ignoran los antecedentes gracias a los cuales Chérizier amerita el apelativo de “Barbacoa”. Es por su propensión a incendiar las viviendas de sus víctimas con ellas dentro.

No fue la única oportunidad en la que el primer ministro debió huir de la delincuencia organizada. El 1° de enero de 2021, fecha de fiesta nacional, Henry debió huir de Gonaïves, ciudad situada 150 kilómetros al norte de Puerto Príncipe debido a los enfrentamientos entre policías y grupos armados que amenazaban su seguridad. 

El magnicidio del presidente Moise motivó la detención de varios ciudadanos haitianos -veinte de ellos, agentes de la Policía Nacional-, de tres norteamericanos de origen haitiano y de 18 colombianos, debido a su actuación sospechosa.

Sin embargo, seis meses después de los hechos, el juez encargado del delito no llevó adelante ninguna instrucción. No es casual. Muchos de quienes aún gobiernan el estado fallido no manifiestan intención alguna al respecto. 

El propio primer ministro Henry figura entre quienes se comunicaron antes y después del hecho con Joseph Felix Badio, uno de los principales sospechosos, ex funcionario del Ministerio de Justicia, y hoy en fuga.

El homicidio del expresidente Moise y la absoluta inacción para su esclarecimiento dejan en claro las complicidades con el delito en los pasillos del poder. 

Mas aún si se analizan las circunstancias de ese asesinato ocurrido durante la noche del 6 al 7 de julio de 2021, en la propia residencia presidencial. Esa noche, un comando ingresó al lugar y, literalmente, vació cargadores en el cuerpo del expresidente e hirió gravemente a su esposa, antes de abandonar el lugar.

Hasta allí, un magnicidio más de los tantos que se produjeron en el mundo. Pero la cuestión se torna increíble con la constatación que ningún tiro de arma de fuego salió de ninguna de las armas que portaban los 647 agentes apostados en la residencia para la protección presidencial.

Son tantos los posibles sospechosos de ordenar el homicidio que los investigadores reciben presiones de todo tipo para desviar permanentemente el desarrollo de su trabajo.

Entre esos sospechosos, figura el músico expresidente Michel Martelly, mentor del propio Moise a quien habrían decepcionado las veleidades de independencia de su pupilo. Una investigación de The New York Times afirma la hipótesis Martelly. 

También señala una larga lista de traficantes de armas y de drogas que habría sido escamoteada del domicilio del presidente asesinado. Más aún si se tiene en cuenta que Moise jugaba en varios tableros simultáneos. 

Llámense bandas delincuenciales, clanes políticos u oligarcas de la isla, el expresidente no evitaba el contacto con esa suerte de mafia proteiforme que tomó al poder político como rehén en la mitad de la Isla La Española, la mitad que corresponde a la República de Haití.

El Gobierno de Moise

Cuando Jovenel Moise se lanza a la carrera presidencial es un desconocido. Es Michel Martelly, al momento presidente de la República y fundador del partido Tek Kale quién lo promueve y lo designa sucesor. Tek Kale en creole haitiano significa “cabeza rapada”, clara alusión a la calvicie afeitada de Martelly.

Nacido en 1968, en la comuna de Trou-du-Nord, próxima al mar y a la frontera dominicana, Moise se presenta como un “pequeño campesino exitoso”. Y vaya si lo es. Moise se enriqueció cuando creó la primera zona agrícola franca del país con su sociedad Agritrans, una empresa dedicada al cultivo y a la exportación de bananas.

El pasado de Moise no es precisamente claro. Se lo sindica como beneficiario, en circunstancias poco claras, de recibir un préstamo de varios millones de dólares con el que montó Agritrans, de blanquear dinero y de obligar por la fuerza, mediante bandas de delincuentes, a los campesinos de la región a ceder sus tierras a la empresa mencionada.

Su elección a la presidencia no fue sencilla. En octubre de 2015, Moise cosechó oficialmente 32% de los votos en primera vuelta, pero una encuesta llevada a cabo por la ONG Haití Sentinel mostró que dicho caudal solo alcanzaba 6%. Ante el posible fraude, parte de la población ocupó las calles y forzó el aplazamiento de la segunda vuelta.

Pero, un año después, mediante una segunda elección, Moise triunfó con el 55% en una elección donde solo votó 21% de los habilitados.

Superada la crisis electoral, las calles vuelven a reaccionar dos años después, en 2018, por el intento de aumentar los precios de los combustibles y el escándalo de Petrocaribe, un “affaire” sobre desvío de miles de millones de dólares de préstamos venezolanos en el que aparecen vinculados tres expresidentes haitianos y el propio Moise.

La reacción del presidente constitucional fue el recurso del autoritarismo. Comenzó a gobernar por decreto, suspendió las elecciones legislativas, silenció el Tribunal de Cuentas y penalizó el bloqueo de rutas. En contrapartida, anunció un calendario electoral y un referéndum para modificar la Constitución.

Fue por aquel entonces cuando las bandas delincuenciales se apoderaron de las calles de las principales ciudades. Fue al calor de una alianza tejida con el gobierno nacional. La yuxtaposición entre delincuentes y estado no es nueva en Haití. Baste recordar los “tontons macoutes” del dictador François Duvalier o los “chimères” del presidente Aristide.

Moise crea una Comisión Nacional del Desarme, el Desmantelamiento y la Reinserción. En rigor, favorece una alianza entre grupos armados denominada “G9 “. Se trata pues de la violencia delincuencial institucionalizada. Tan es así que, en 2020, el G9 moviliza 50 hombres armados por las calles de Puerto Príncipe para exigir un reconocimiento legal.

Un intento del ministro de Justicia, Lucmale Délile, de enfrentar las bandas armadas que ya gobiernan las calles del país, termina con el despido del propio ministro. La violencia se generalizó. Quienes no pagan protección son expulsados de sus comercios o de sus viviendas.

Es en ese contexto, cuando desembarcan en Puerto Príncipe tres norteamericanos de origen haitiano, un venezolano y 22 colombianos, algunos de ellos con un contrato de la Counter Terrorist Unit (CTU), una empresa de seguridad privada del Estado de Florida en los Estados Unidos. Al día de la fecha, su misión permanece sin aclarar.

El magnicidio

Varios son los testigos que afirman que los colombianos colaboraron con la policía para asesinar miembros de las bandas delincuenciales, que ya cercaban las zonas más favorecidas de la capital y que encontraban financiamiento en el secuestro de personas ricas.

Fue bajo dicho contexto que comienzan a llevarse a cabo reuniones secretas donde se discute acerca de la solución a encarar con Moise. Ya sea su detención y exilio, ya sea su asesinato liso y llano. De dichas reuniones participaron personalidades políticas, al decir de Pierre Esperance de la respetada ONG Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH).

Posiblemente advertido de la conspiración, Moise contacta con un exrepresentante de la OEA en Haití, el diplomático brasileño Ricardo Steinfus, para pedirle que investigue y luego redacte un informe con los nombres de todos los actores implicados en los contactos con las bandas. Según Steinfus, Moise enfatizó al respecto: “cueste lo que cueste”.

Un presupuesto de US$ 700.000 y la constitución de un equipo de sesenta expertos conforman la base de la tarea que consiste puntualmente en un informe sobre la seguridad, las bandas y el narcotráfico, un libro blanco sobre la epidemia del cólera en 2010 importada por cascos azules de Naciones Unidas y un pacto de garantías democráticas para el futuro del país.

Dos semanas antes del homicidio del presidente, “Barbacoa” aparece en un video que se hace público donde convoca a la ciudadanía a levantarse en armas “contra el partido en el poder -por ese entonces ya no incluye a Moise-, contra la oposición y contra los ricos que no pagan impuestos”.

Ya dos días antes del magnicidio, Moise designa a Henry como primer ministro. Henry es hombre de Martelly.

La ONG RNDDH revela que la noche del asesinato, posiblemente enterado de la conspiración, Moise llama desesperado por ayuda al director general de la Policía Nacional Haitiana, al comisario coordinador de la seguridad del Palacio Presidencial y al comisario responsable de la Unidad de Seguridad General del Palacio Presidencial.

El informe de la RNDDH afirma que todos prometieron ir en ayuda. Ninguno lo hizo. El último de los tres mencionados asumió su puesto convocado por el expresidente Martelly.

La RNDDH afirma que los mercenarios extranjeros fueron divididos en cuatro grupos de cinco miembros cada uno. El grupo denominado Delta, bajo la dirección del exmilitar colombiano de 43 años Marco Antonio Palacios Palacios, tuvo por misión ingresar al Palacio. 

Poco después del hecho, aparece en escena el principal sospechoso Joseph Felix Badio. Carga con documentos, dinero y las armas de los policías de custodia. Sin problemas, parte para luego comunicarse con los jefes policiales encargados de la seguridad presidencial y con políticos, todos ellos individualizados.

A la fecha, los comisarios de referencia están detenidos, Palacios fue capturado en Panamá desde donde fue extraditado a Estados Unidos y un narcotraficante haitiano, Rodolphe Jaar, fue detenido en la vecina República Dominicana. Jaar reconoció haber financiado el complot, pero niega que el objetivo haya sido el magnicidio.

El fiscal que investiga el caso fue despedido tras solicitar la inculpación del primer ministro Henry. Los investigadores fueron citados por la Inspección General de la Policía donde fueron intimidados para “cajonear” el expediente. Nadie investigó a los dos bancos haitianos por donde pasaron sumas exorbitantes enviadas desde Estados Unidos, según el propio FBI.

Luego de su resonante actuación en el homenaje al libertador Dessalines, Barbacoa con el G9 paralizaron el país al bloquear las terminales petroleras en apoyo al reclamo popular de renuncia del primer ministro Henry.

Pero, de pronto, el bloqueo terminó y la nafta apareció. Sin dudas, como producto de un acuerdo oculto entre el “revolucionario” Barbacoa y el “jefe” Martelly. Y el primer ministro Henry, quedó bien firme. Tan firme como las bandas delincuenciales que dominan el Estado fallido de la primera república negra del mundo.

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