El Tribunal Constitucional (TC) de España avaló la legalidad de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas creado por el actual gobierno en funciones de Pedro Sánchez.
Por siete votos contra cuatro, el TC aprobó una ponencia redactada por la magistrada María Luisa Balaguer que convalida el impuesto a las fortunas sancionado el año pasado, dejando sin efecto un recurso presentado por la Comunidad de Madrid, que preside la opositora Isabel Díaz Ayuso.
Balaguer explicó que la creación del impuesto a las grandes fortunas no supone una invasión por parte del Estado a las competencias de las regiones o comunidades autónomas de España.
Además, agregó que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales.
El Ejecutivo de Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular (PP), defendía en su impugnación que el nuevo tributo podría vulnerar, entre otros, los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas.
Pero el Tribunal Constitucional desestimó estos argumentos al considerar que no hubo fraude en la tramitación parlamentaria del impuesto, sancionado en diciembre pasado, ni ninguna de las vulneraciones alegadas.
El "impuesto de solidaridad a las grandes fortunas", que estará en vigencia en 2023 y 2024, afectará de manera progresiva a las personas que dispongan de un patrimonio neto calculado en 3 millones de euros o más, o sea, un 0,1% de los contribuyentes. En este sentido, se estima que aportará al erario público unos 1.500 millones de euros en dos años.
