Crisis migratoria: ¿tenemos suficientes herramientas para abordar el problema?
Por Eugenia Silva
En los últimos años, hemos sido testigos de cómo las crisis migratorias han sido impulsadas por conflictos armados, problemas económicos, violencia y cambio climático, lo que ha obligado a millones de personas a huir de sus países de origen.
Así, regiones como América Latina, África y Oriente Medio han experimentado grandes flujos migratorios hacia Europa y Norteamérica.
Pero, aunque en su mayoría han sido recibidos, dicha situación ha generado debates sobre políticas de asilo, derechos humanos, integración y seguridad, ya que las naciones receptoras intentan gestionar los desafíos sociales y económicos derivados de esta crisis global.
Un claro ejemplo de esto ocurrió el pasado 2 de septiembre, cuando el Canal de la Mancha, uno de los tramos más transitados y peligrosos del mundo, se convirtió en escenario de una tragedia que ha sacudido a la opinión pública internacional.
Específicamente, un naufragio, que involucró a una embarcación sobrecargada con migrantes, resultó en la muerte de al menos 12 personas, mientras que aproximadamente 50 más fueron rescatadas con vida.
El incidente no sólo pone de relieve el riesgo inherente al intento de migrar a través de rutas marítimas peligrosas, sino también el contexto más amplio en el que estas personas buscan un futuro mejor.
La embarcación, cuyo diseño y capacidad parecen no haber estado a la altura de la carga humana que transportaba, se hundió en medio de condiciones adversas.
Los detalles sobre el origen y el destino de los migrantes aún están emergiendo, pero se sabe que muchos de ellos eran personas que huían de situaciones desesperadas en sus países de origen, como conflictos armados, persecuciones políticas y condiciones económicas extremas.
Así, la tragedia subraya el riesgo extremo al que se enfrentan aquellos que buscan cruzar fronteras en busca de seguridad y una vida digna.
¿Qué herramientas ofrece el derecho internacional para abordar el problema?
La Unión Europea ha expresado preocupación por los incidentes migratorios en el Canal de la Mancha, abogando por un enfoque humanitario que garantice la seguridad y dignidad de los migrantes.
En este sentido, los líderes europeos destacan la necesidad de cooperación entre Francia y el Reino Unido para gestionar la migración y luchar contra las redes de tráfico de personas.
Aunque no existe un derecho absoluto e incondicional a emigrar en el derecho internacional, varias normativas y tratados reconocen y protegen ciertos aspectos de la libertad de movimiento y migración.
Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), adoptada por las Naciones Unidas en 1948, establece en su Artículo 13 que toda persona tiene el derecho a circular libremente y a elegir su residencia dentro de un Estado.
Por su parte, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 define quién es un refugiado y cuáles son los derechos de los individuos que buscan asilo.
Además, prohíbe la devolución de refugiados a países donde su vida o libertad esté en riesgo (principio de no devolución).
Aunque esta convención se centra principalmente en la protección de los refugiados, también subraya la importancia de garantizar un acceso seguro a los sistemas de asilo.
Por otro lado, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) protege los derechos fundamentales de las personas dentro de los países miembros del Consejo de Europa.
Aunque el CEDH no otorga explícitamente el derecho a emigrar, sí garantiza derechos relacionados con la protección de la vida y la prohibición de torturas y tratos inhumanos o degradantes, lo cual es relevante para el tratamiento de migrantes y solicitantes de asilo.
Asimismo, la UE tiene varias regulaciones y directrices que abordan la migración y el asilo: el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) establece normas para la protección internacional y la gestión de solicitudes de asilo.
Pero, aunque estas políticas buscan equilibrar la protección de los derechos humanos con la seguridad y la gestión de fronteras, también han sido objeto de críticas por no abordar adecuadamente las necesidades y derechos de los migrantes.
La realidad es que, a pesar de estos marcos legales, muchos migrantes se enfrentan a graves peligros durante su tránsito, como se evidenció en el trágico naufragio del Canal de la Mancha.
Las condiciones precarias en las que viajan, la falta de recursos y las políticas migratorias restrictivas en muchos países contribuyen a la vulnerabilidad de estas personas.
La tragedia reciente nos recuerda la necesidad urgente de abordar las causas fundamentales de la migración forzada y de mejorar los mecanismos de protección para quienes se ven obligados a huir de situaciones desesperadas.
En última instancia, la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para garantizar que los derechos de los migrantes sean respetados y protegidos, y que tragedias como esta no se repitan en el futuro.