Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista
Desde hace un lustro, el electorado de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) tiende a fortalecer la autoridad de sus respectivos parlamentos con el fin de reducir los desbordes y la imprevisibilidad de los que hoy lideran el poder administrador (Ejecutivo) de las grandes naciones. Semejante enfoque va de la mano con la ambición de licuar las tradicionales ideas de la social democracia de Europa y reemplazarlas por alternativas populistas de cualquier franja del arco político. De esta forma, el poder legislativo empezó a ganar la voz cantante en cinco debates de alta sensibilidad: el manejo indirecto del Presupuesto Nacional, la política comercial, las relaciones exteriores, los recursos aceptables para crear puestos de trabajo y la reducción de la pobreza. Pero este novedoso equilibrio no siempre responde a hechos objetivos, sino a las cambiantes percepciones de una opinión pública hoy confundida por la incidencia de las redes sociales. Si el lector quisiera ejemplificar el asunto con nombres, puede evocar la poca justicia con que fueron tratadas socialmente las figuras de personajes tan opuestos como Barack Obama o Donald Trump. Uno por ser inesperada e intolerablemente sabio y el otro por ser como es (improvisado y troglodita).
También porque hace un cuarto de siglo que los protagonistas de Washington creen poco y nada en la libertad de comercio como factor de desarrollo (ver mi columna anterior) y porque en Bruselas ser un descarado cultor del proteccionismo fue siempre testimonio de respetable corrección política. A pesar de ello, hoy por hoy, yo no apostaría a que estos humores populistas, mercantilistas y reñidos con la lógica vayan a cambiar a corto plazo, sin un gran costo social como el observado entre 1930 y 1945. Una encuesta realizada entre los Ceo de Wall Street, indica que éstos prevén la victoria del Jefe de la Casa Blanca contra cualquiera de los candidatos demócratas que se postule para ocupar la Oficina Oval. Semejante visión se impuso por 67% a 28% en una consulta realizada a fines de abril (Bloomberg).
Ello permite entender en qué escenario acaba de circular una de las habituales monografías de los asesores del Parlamento Europeo, esta vez acerca de los pilares en que se asienta la realidad política, económica y social de Chile, cuando todavía están en pañales muchos de los insumos del nuevo acuerdo de asociación bilateral que habrá de suceder al que entró en vigencia gradual a partir de 2003. Sobre todo el pilar referido a la actualización del acuerdo de librecomercio, con el que se intenta definir con precisión la clase de catecismo que el Gobierno de Santiago deberá aprender y aplicar si quiere alcanzar el cenit del “desarrollo sostenible”.
El propio informe destaca sin vueltas que, si las cosas terminan donde le gustaría a la parte europea (hasta ahora los sucesivos ocupantes del Palacio de la Moneda tras el Gobierno del general Augusto Pinochet, coincidieron en dejar que las relaciones exteriores se conduzcan como una genuina política de Estado), Bruselas y Estrasburgo se proponen exhibir los nuevos textos como el modelo (benchmark) de aquello que el Viejo Continente exigirá a todas sus contrapartes que negocian acuerdos regionales de libre comercio. Aunque la mayoría de las demandas comunitarias nacieron hace más de un cuarto de siglo, uno de los primeros que debería tomar nota de estos hechos y comparar tanto la arquitectura como el contenido de ambos proyectos, sería el Mercosur.
El informe de referencia se titula “El Gobierno de Chile Lucha por Aplicar su Programa de Reformas”, por Jesper Tvevad (abril de 2019), del Departamento de Políticas para las Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo.
Va de suyo, que la parte política del ejercicio no trae aparejada grandes novedades, ya que subsiste la obligatoriedad y deseo recíproco de adherir a las prácticas de la democracia representativa, la regla de la ley y la defensa de los derechos humanos, así como a las nuevas conductas regulatorias hoy en boga como los derechos de género, la lucha contra la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de dinero. Para la la UE y la OCDE (de esta última Chile es miembro pleno) nuestro vecino es un país de alto ingreso (el número 44 en la lista relevante) y por lo tanto esperan que asuma los compromisos de un país desarrollado. El Gobierno de Sebastián Piñera enarboló ese objetivo como la nave insignia de su actual gestión. Su gobierno tampoco hace cuestiones por ser tratado como tal dentro de las negociaciones sobre acuerdos regionales o en ciertos proyectos que llevan largo tiempo de cocción en la OMC (el informe no habla de este tema, pero el proyecto de Acuerdo plurilateral sobre comercio de servicios ?TISA en inglés? es uno de los casos activos en la materia), o al menos sus autoridades no reculan en exceso cuando le exigen obligaciones de países que son mayores de edad. De hecho acepta, con o sin conciencia de ello, más cargas y responsabilidades proporcionales que las que hasta ahora fueron explícitamente adoptadas por el gobierno de China, el primer trader del mundo y, en poco tiempo, la primera de las economías del planeta.
Y aunque el nuevo Gobierno de Brasil encabezado por Jair Messías Bolsonaro está imbuido de la misma filosofía, ya aclaró que la aprobación de ese status no tiene efecto retroactivo, de manera que sería utópico suponer que se inclinará por asumir obligaciones de país desarrollado en acuerdos preexistentes.
El debate de Chile con Bruselas es más prudente cuando la parte europea tira su nuevo shopping list negociador sobre la mesa, el que incluye una agenda para alcanzar el estado zen del hasta ahora mal definido desarrollo sostenible (temita para otra columna). Así le llegó a la dirigencia de Santiago, en rápida sucesión, el pedido de afianzar en el acuerdo la inclusión de altos estándares en materia laboral, ambiental y lucha contra el cambio climático; el compromiso de no proteger inversiones ni estimular la llegada de inversión bajando los estándares de exigencia para acrecentar la llegada de capitales a su mercado. Al ver estos items, casi todos provenientes de una vieja lista europea confeccionada antes de 1994 (Ronda Uruguay del GATT y proyecto de MIA), uno se pregunta si todos los actores entienden que en realidad están discutiendo localización de inversiones y desplazamiento de exportaciones, no los ingredientes puros de una verdadera política ambiental o laboral.
Por otra parte, aún no está claro en qué categoría coloca la UE la rebaja fiscal del Impuesto a las Ganancias para las empresas que invierten o reinviertan en Estados Unidos a una tasa de liquidación (por lo pronto de liquidación de un irrazonable nivel de déficit presupuestario al que llegó ese país), así como las reglas y condiciones de origen aprobadas bajo el nuevo Nafta (el Usmca en inglés o T-MEC en castellano) de nuestro querido amigo Trump y sus socios, que también son socios de la UE, como sucede con Canadá y México. La dirigencia europea tampoco aclaró como piensa manejar las acciones e ideas que contradicen las obligaciones y enfoques que le pide a Chile en el caso de los regímenes del Reino Unido, Hungría, Polonia e Italia, para sólo ilustrar la conversación. Sigamos.
En esa bolsa, la UE no olvida poner una ambiciosa demanda de acceso a las compras del sector público, de derechos de propiedad intelectual de tipo becario o derecho hereditario (como las polémicas indicaciones geográficas hasta ahora existentes en la OMC sólo para los casos de vinos y licores), demandas todas que ilustran pero no agotan la enumeración del paquete en debate. Va de suyo que este primer service integral del acuerdo existente de librecomercio, debió haberse terminado a fines de 2018 y recién se halla en la etapa del primer intercambio de lista de ofertas de bienes y servicios entre las partes, realizado apenas en la tercera semana de abril de 2019. Asimismo, que gran parte de este machete es el discutido con el Mercosur, donde las preguntas aplicables a ciertos miembros de la UE, podrían ser extendidas a los miembros del Tratado de Asunción. Al respecto, con la agilidad habitual de Itamaraty, es sugestivo que desde Brasilia se haya aclarado que la salida de ese país del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y los enfoques que circularon sobre la Cuenca Amazónica no concuerda con la posición del gobierno de Brasilia.
No me parece justo concluir esta nota sin transcribir una cita del Informe del Parlamento Europeo que explica por qué las cosas con Chile son viables y con el Mercosur vienen torcidas hace casi un cuarto de siglo (por supuesto nada sorpresivo, salvo para la gente que imagina que un buen contacto personal resuelve el problema del proteccionismo europeo). En la página 44 se lee que “la composición del comercio chileno (sus exportaciones) con la UE es diferente de la que se registra con otros países de América Latina, debido a que los productos agrícolas (alimentos, incluida la pesca y sus materias primas) representan una parte menos significativa de las del gobierno de Piñera, que terminó 2018 con buen resultado económico (crecimiento del 3,4%), alienta una reforma impositiva integral, que incluye los impuestos y el sistema jubilatorio, así como la erradicación de la pobreza. Adicionalmente, un programa destinado a resolver el problema de los mapuches. Esto lo oí en otros países, pero no recuerdo cuáles.
