YPF: el fallo que amenaza con detonar la estrategia fiscal y energética del Gobierno

Un nuevo capítulo se abrió en la larga saga judicial por la expropiación de YPF. La jueza Loretta Preska, del Segundo Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los beneficiarios del juicio por la expropiación de 2012, como parte del cumplimiento de la sentencia emitida en 2023.

Este fallo, que aún puede ser apelado, representa un golpe potencial de más de U$S 6.000 millones, valor aproximado de la participación estatal en YPF,  sobre un pasivo contingente estimado en U$S 16.000 millones.

El gobierno de Javier Milei enfrenta tres opciones: cumplir el fallo y perder el control de YPF; apelar y buscar la suspensión de la sentencia; abrir una negociación directa con los acreedores.

Hasta ahora, el gobierno ha optado por la demora y la confrontación discursiva. Pero, como alertó el grupo financiero Adcap, "sin un diálogo serio, no hay salida real a este conflicto, y la credibilidad del país se deteriora".

"El fallo debería aumentar la presión sobre el gobierno para llegar a un acuerdo en el caso y genera ruido indeseado en torno a YPF, pero vemos que su impacto real sobre la empresa es limitado", dijeron desde Jeffries.

El origen: la estatización de 2012

La causa tiene como eje la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en abril de 2012, de expropiar el 51% de YPF, entonces en manos de Repsol. La ley 26.741 estableció la "utilidad pública" de esa participación y desencadenó un proceso que fue tildado de constitucional y legítimo por sectores del oficialismo de aquel entonces. 

Sin embargo, el procedimiento no contempló una oferta pública obligatoria a los accionistas minoritarios, tal como establece el estatuto de YPF, norma central en el litigio actual.

El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo, adquirió los derechos litigiosos de los accionistas privados afectados, incluido el grupo Petersen,  y desde entonces lideró una batalla judicial en EE.UU. contra el Estado argentino.

El fallo difundido este lunes ordena que Argentina deposite sus acciones clase D en una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días. De no obtenerse una suspensión vía apelación, BNYM deberá transferir la titularidad a los demandantes, quienes podrían monetizar rápidamente su participación.

La lógica de los acreedores no es industrial ni estratégica: es puramente financiera. "La venta forzada de las acciones podría arrastrar aún más el valor de YPF y entorpecer los planes energéticos del país", advirtieron desde la consultora Adcap.

Acciones en disputa

El reciente fallo judicial que habilita al fondo Burford Capital a ejecutar parte del fallo millonario contra la Argentina por la expropiación de YPF volvió a encender las alarmas en el ámbito político y financiero. 

Aunque la petrolera no es parte demandada, y el proceso judicial apunta directamente al Estado nacional, el impacto sobre la empresa no es menor. "Lo bueno para la compañía es que el costo del juicio lo asume la República Argentina. YPF es, en todo caso, la moneda de pago", explica Matías Cattaruzzi, analista de Adcap. 

Sin embargo, el foco de tensión está puesto en la posibilidad de que el 51% de las acciones que hoy están en manos del Estado argentino, y que representan el control de la empresa, cambien de dueño.

Desde la perspectiva legal, lo que Burford persigue no es quedarse con la compañía ni hacerse de sus activos estratégicos como pozos, oleoductos o edificios, sino ejecutar el fallo cobrándose con acciones estatales de YPF. 

El fondo, que adquirió los derechos litigiosos de los antiguos accionistas minoritarios Eskenazi, no tiene vocación operativa: no busca dirigir una petrolera, sino convertir la sentencia en dólares lo más pronto posible. "El objetivo de Burford es cobrar lo más cercano al fallo y lo más rápido posible. No les interesa controlar la compañía, sino recuperar su inversión con ganancias", explican desde Adcap

Y agrega: "Pero la cuestión es compleja. De ese 51% que posee el Estado nacional, la mitad corresponde, por ley, a las provincias productoras. Por lo tanto, para que el país pueda transferir ese paquete accionario como forma de pago, sería necesario reformar la Ley de Expropiación de YPF, sancionada en 2012. Eso complica seriamente la ejecución, pero al mismo tiempo ejerce presión sobre el Estado para que se siente a negociar".

Aunque el escenario de que Burford efectivamente se haga con las acciones es considerado remoto por muchos especialistas, no es descartable. Y si llegara a concretarse, podría abrir un panorama inesperado. 

Aunque el escenario de que Burford efectivamente se haga con las acciones es considerado remoto por muchos especialistas, no es descartable. Y si llegara a concretarse, podría abrir un panorama inesperado. 

En ese hipotético escenario, el fondo buscaría vender rápidamente el paquete accionario al mejor postor, lo que podría reconfigurar el mapa de control del principal actor del mercado energético argentino.

Tras conocerse el fallo, las acciones de YPF cayeron 5% y el dólar oficial escaló de $1.192 a $1.206, reflejando la incertidumbre del mercado ante una posible pérdida del control estatal de una compañía clave para el desarrollo de Vaca Muerta.

Pese al revés judicial, la empresa mantiene sólidos fundamentos operativos. Según Adcap, la venta de activos maduros, el crecimiento del shale y la estrategia de monetización de gas a través de Argentina LNG colocan a YPF en una posición prometedora a largo plazo. Pero la amenaza legal genera un "overhang" que podría erosionar su valor bursátil.

"Incluso hay quienes piensan que una YPF privatizada podría resultar más eficiente. Para ciertos inversores, ese desenlace no sería negativo", opinan algunos analistas.  

Análisis legal: ¿hubo irregularidades?

Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú y exsubsecretario de Hidrocarburos, defendió la legalidad de la expropiación. 

Señaló que se cumplieron los requisitos constitucionales: utilidad pública, ley del Congreso e indemnización, aunque admitió que el proceso fue "litigioso".

El estatuto de YPF exige que en caso de adquisición de control, se realice una oferta pública a todos los accionistas. La omisión de este paso fue clave para que la jueza Preska desestimara el argumento de "inmunidad soberana" planteado por Argentina, abriendo paso a un fallo condenatorio inédito.

Por su parte, Guillermo Francos, ministro del Interior, fue tajante: "Esto es el resultado de una locura ideológica y de la impericia de Cristina y Kicillof. Vamos a apelar con todos los recursos legales disponibles".

Desde el Congreso, el diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica) apuntó contra el grupo Eskenazi, ex accionistas de YPF: "Compraron sin poner un peso y ahora se benefician de la demanda vía Burford. El gobierno debe seguir defendiéndose en todos los frentes, también diplomáticos".

Dimensión financiera: ¿se puede pagar?

El economista Leonardo Chialva advirtió que Argentina necesita un "puente financiero" para enfrentar este tipo de fallos. "No se pagan en efectivo. Se pagan con bonos, pero alguien debe comprarlos. Esos bonos, si se emiten con este nivel de riesgo país, tendrán alto descuento y complicarán aún más la situación externa del país".

Por su parte, Federico Domínguez, otro analista económico, relativizó el impacto. "El mercado lo está leyendo mal. Si YPF pasa a ser 100% privada, su valor podría subir. El fallo, además, es de difícil ejecución", publicó en sus redes sociales.

El fallo contra YPF no es solo un tema legal o financiero. Representa un conflicto profundo entre soberanía estatal y reglas del mercado global. 

Mientras el país intenta recuperar credibilidad externa y captar inversiones, la sombra de una posible pérdida de control sobre su mayor empresa energética complica aún más el horizonte. La disputa por YPF no terminó: apenas entró en su etapa más crítica. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar