Los Azules cuestiona la asignación de capacidad eléctrica y pide revisar la resolución del ENRE
Andes Corporación Minera S.A., titular del Proyecto Minero Los Azules, defendió su posición en la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en el marco de la Resolución 79/2026, donde manifestó su oposición a la asignación de prioridad de capacidad de transporte solicitada por Vicuña Argentina S.A. en la línea de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo.
La compañía advirtió que la decisión regulatoria impacta directamente en la disponibilidad de infraestructura eléctrica crítica para la puesta en marcha del proyecto de cobre, uno de los desarrollos mineros más relevantes en la provincia de San Juan y con fuerte potencial de inversión en la transición energética global.
Los Azules sostuvo que no se trata de un proyecto en etapa conceptual, sino de una iniciativa con estudios eléctricos presentados ante Transener la habilitación como agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) otorgada por la Secretaría de Energía y un cronograma de inversiones aprobado por el Estado nacional.
En ese contexto, la empresa planteó que la resolución en discusión afecta el acceso a capacidad firme en el corredor troncal de 500 kV, infraestructura considerada clave para el abastecimiento energético de grandes proyectos mineros en la región.
Durante la audiencia, el gerente de Ingeniería de Los Azules, Miguel Gil, cuestionó la metodología utilizada para definir la asignación de capacidad. “Asignar el noventa por ciento de un setenta y uno por ciento de un número que no fue auditado, bajo una hipótesis que la propia Cammesa reconoce como simplificada, y por veinticinco años, no es regulación. Es transferir un activo público a un privado sin fundamento técnico verificable”, afirmó.
La compañía también señaló inconsistencias en el proceso administrativo, al sostener que los informes técnicos del ENRE replicaron análisis de Cammesa sin una evaluación independiente, mientras que el dictamen jurídico se abstuvo de ponderar aspectos técnicos y fácticos del expediente.
Asimismo, advirtió una asimetría en los criterios aplicados dentro de la misma resolución, señalando que el artículo 12 utiliza estándares más estrictos para excluir determinados componentes del sistema, pero criterios más flexibles para la asignación del tramo troncal en alta tensión.
Pedido de revisión y marco regulatorio
En ese marco, Los Azules solicitó al ENRE que evalúe la posibilidad de ejercer las facultades revocatorias previstas en el artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y revise el artículo 9 de la Resolución 79/2026, antes de que el caso avance a instancias judiciales.
La compañía planteó que la audiencia pública debería ser una instancia para corregir eventuales inconsistencias regulatorias y preservar la coherencia del esquema eléctrico nacional, especialmente en lo referido al acceso a infraestructura de transmisión.
Desde el proyecto minero remarcaron que la oposición no busca frenar el desarrollo de otros emprendimientos, sino promover un esquema de asignación de capacidad basado en criterios técnicos, trazables y verificables, con uso eficiente de la infraestructura existente y revisiones periódicas de demanda.
El caso vuelve a poner en foco uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de grandes proyectos mineros en Argentina: la disponibilidad de infraestructura eléctrica de alta tensión, un factor determinante para la inversión en cobre, litio y otros minerales estratégicos.
En particular, la línea de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo es considerada un eje crítico para la expansión productiva de la provincia, en un contexto donde San Juan busca consolidarse como uno de los principales polos mineros del país.
Para el sector, la definición regulatoria sobre la asignación de capacidad no solo impacta en proyectos individuales, sino también en la previsibilidad del marco de inversiones y en la competencia por acceso a infraestructura pública.
Los Azules sostuvo que el acceso abierto y equitativo a la infraestructura eléctrica es una condición central para el desarrollo minero a gran escala. La empresa remarcó que la planificación del sistema eléctrico debe basarse en supuestos transparentes, modelos auditables y escenarios regionales consistentes, especialmente en un contexto de creciente demanda energética asociada a la minería.
Finalmente, el proyecto reafirmó su intención de continuar impulsando el caso por las vías institucionales correspondientes, con el objetivo de alcanzar una solución “equilibrada y sustentada técnicamente” que garantice previsibilidad regulatoria, competencia y desarrollo productivo para San Juan. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar