RIGI: la apuesta por las grandes inversiones que aún debe demostrar su derrame económico
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya logró convertirse en uno de los principales motores de las inversiones anunciadas en Argentina, con proyectos por más de US$ 31.000 millones aprobados, aunque su éxito definitivo dependerá de que ese flujo de capital se traduzca en empleo, proveedores locales y desarrollo productivo.
Esa es la principal conclusión de un informe elaborado por Qualy Consultora, que analiza por primera vez el impacto económico del régimen implementado por el Gobierno nacional.
El estudio sostiene que, hasta el momento, fueron aprobados 17 proyectos por un monto total de US$ 31.192 millones, mientras otros 25 permanecen en evaluación.
Las iniciativas abarcan minería, petróleo, gas, energía renovable y siderurgia, con emprendimientos de gran escala como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el proyecto de cobre Los Azules, el desarrollo de litio Rincón y la planta flotante de licuefacción FLNG, todos con inversiones superiores a los US$ 2.000 millones.
Según la consultora, el mayor aporte del régimen no será el volumen de inversiones en sí mismo, sino el impacto sobre las exportaciones. Las proyecciones indican que entre 2027 y 2030 los proyectos podrían generar ventas externas adicionales por unos US$ 13.000 millones anuales y, una vez que todos entren en régimen, ese aporte ascendería a cerca de US$ 35.000 millones por año, equivalente a un incremento del 32% respecto del promedio exportador registrado entre 2021 y 2025.
En ese escenario, Vaca Muerta aparece como uno de los principales beneficiarios del régimen. Tanto el desarrollo del oleoducto VMOS como los proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL) fueron estructurados bajo el paraguas del RIGI y concentran una parte significativa de las inversiones comprometidas.
La estabilidad tributaria, cambiaria y regulatoria por 30 años es considerada por las empresas como uno de los factores decisivos para avanzar con desembolsos de largo plazo.
El informe también estima que las inversiones aprobadas generarán alrededor de 54.984 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y desarrollo de los proyectos. Esa cifra representa el 62% del empleo actual de los sectores de petróleo y minería, aunque la consultora aclara que incluye puestos indirectos y que el impacto sobre el empleo permanente será considerablemente menor una vez finalizadas las obras.
En materia fiscal, Qualy sostiene que el régimen implica una reducción de la carga tributaria para los proyectos adheridos, principalmente por la rebaja de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%. Esa diferencia representaría un costo fiscal estimado en US$ 1.229 millones anuales. Sin embargo, la consultora considera que el balance sigue siendo positivo porque esos ingresos tributarios serían adicionales, bajo el supuesto de que sin el RIGI las inversiones no se hubieran concretado.
No obstante, el estudio también plantea una serie de advertencias. Una de ellas es que el régimen privilegia sectores específicos mediante beneficios impositivos, una política que contradice el principio de neutralidad tributaria que el propio Gobierno suele defender. Además, señala que algunos proyectos —como ampliaciones de desarrollos ya existentes en Vaca Muerta o en minería— posiblemente hubieran avanzado aun sin esos incentivos.
La principal crítica apunta, sin embargo, al escaso desarrollo de proveedores locales. A diferencia de países como Noruega, Canadá, Australia, Chile o Perú, el RIGI no incorpora exigencias significativas de contenido nacional ni programas específicos para fortalecer cadenas de valor.
Según Qualy, esa ausencia incrementa el riesgo de consolidar una "economía de enclave", donde las inversiones generan exportaciones, pero tienen un efecto limitado sobre la industria y el empleo argentino.
La consultora también advierte sobre las implicancias de otorgar estabilidad regulatoria por tres décadas y habilitar mecanismos de arbitraje internacional para resolver controversias, un esquema que restringe el margen de acción de futuros gobiernos en materia tributaria, laboral o ambiental.
Pese a esas observaciones, el informe concluye que el RIGI constituye una herramienta "pragmática y razonable" para un país que necesita recuperar inversiones de gran escala y aumentar la generación de divisas.
Sin embargo, aclara que el régimen no reemplaza las reformas estructurales que requiere la economía argentina y que su verdadero impacto dependerá de que los proyectos se ejecuten, entren en producción y sean acompañados por políticas que promuevan el desarrollo de proveedores, la innovación y el agregado de valor. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar