Tras casi una década de inactividad, la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Neuquén volvió a ubicarse en el centro del mapa energético argentino. Las empresas SAESA y SPARK presentaron una iniciativa privada para reactivar el complejo con una inversión estimada en US$ 120 millones, sin aportes del Estado, con el objetivo de volver a producir uno de los insumos más críticos para la industria nuclear global.
El proyecto apunta a recuperar una instalación que fue considerada la mayor planta de producción de agua pesada del mundo y que permanece paralizada desde 2017. Según los impulsores, su inactividad implica hoy un costo de mantenimiento superior a los US$ 12 millones anuales, sin generar producción ni ingresos. La propuesta contempla un reacondicionamiento integral y una modernización tecnológica que permitiría retomar la actividad comercial en un plazo cercano a los 36 meses desde la aprobación.
El alcance del plan excede el mercado energético local. El agua pesada es un insumo clave para reactores nucleares de tecnología CANDU, pero también tiene aplicaciones en la industria farmacéutica, la biotecnología, la investigación científica avanzada y la fabricación de semiconductores. En ese contexto, los promotores del proyecto plantean una oportunidad para reposicionar a la Argentina dentro de una cadena global de alta especialización tecnológica.
“La PIAP es un activo único. Hoy representa un costo para el país, pero puede transformarse en una plataforma exportadora de alto valor agregado con alcance global”, sostuvo Juan Bosch, CEO de SAESA, al presentar la iniciativa. El plan prevé además acuerdos preliminares con proveedores de gas natural y potenciales compradores internacionales, un punto considerado clave para garantizar la viabilidad comercial.
Ubicada en un área estratégica de Neuquén, la planta fue diseñada para aprovechar el gas natural como insumo productivo. En ese sentido, los impulsores destacan la cercanía con Vaca Muerta como una ventaja competitiva determinante, al permitir transformar recursos energéticos abundantes en un producto industrial de alto valor agregado orientado a mercados internacionales.
La PIAP demandó una inversión cercana a los US$ 1.000 millones en su construcción y comenzó a operar en 1993, alcanzando su pico productivo en 1998. Desde entonces, el deterioro del sector nuclear y las dificultades macroeconómicas llevaron a una caída progresiva de la actividad hasta su cierre en 2017, pese a distintos intentos oficiales por reactivarla.
De concretarse el proyecto, la Argentina volvería a posicionarse entre los pocos países productores de agua pesada junto a Canadá, India, China y Rumania, en un contexto de creciente demanda global impulsada por el renacimiento de la energía nuclear como alternativa en la transición energética. Además del impacto exportador, la iniciativa podría generar empleo especializado, recuperar capacidades tecnológicas y fortalecer la inserción del país en cadenas de suministro de alta complejidad.
En paralelo, la propuesta reabre el debate sobre el rol de la industria nuclear en la estrategia de desarrollo energético argentino y su articulación con polos productivos como Vaca Muerta, en un escenario donde el desafío ya no es solo energético, sino también tecnológico y exportador.
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