Industriales le marcan la cancha al Gobierno por el GNL: advierten riesgos de costos y piden frenar la privatización
A semanas del inicio del invierno, el plan del Gobierno para retirar al Estado de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y delegar esa función al sector privado sumó fuertes cuestionamientos de la industria.
La Asociación de Consumidores Industriales de Gas de la República Argentina (ACIGRA) advirtió sobre riesgos en precios, abastecimiento y competitividad, y pidió revisar el esquema para evitar impactos negativos en la producción.
En una nota enviada a la Secretaría de Energía, la entidad expresó su "preocupación" por lo que considera un diseño con señales "distorsivas" en un contexto internacional volátil. "Podrían implementarse medidas sobre la asignación del GNL importado que afecten la competitividad de la industria nacional", sostuvo la organización que representa a grandes consumidores de gas.
ACIGRA nuclea a compañías que explican cerca de la mitad del consumo industrial del país, entre ellas firmas de peso como Aluar, Arcor, Cargill y Profertil. Desde ese universo, el principal cuestionamiento apunta a la falta de certezas operativas en el nuevo esquema, especialmente en relación con la determinación de la demanda.
Según plantearon, resulta inviable que cada empresa estime con precisión su consumo de gas para los meses más fríos, dado que depende de variables difíciles de prever como la temperatura, las restricciones del sistema de transporte y la disponibilidad efectiva del fluido. Esto, advierten, podría derivar en sobrecostos por sobrecontratación o en faltantes críticos para la producción.
Otro de los puntos sensibles es la eventual participación de nuevos actores privados en la importación, lo que, según la entidad, podría generar "posiciones abusivas" o rentas extraordinarias en un mercado con alta concentración y escasa transparencia. A eso se suma que muchas industrias no cuentan con la estructura técnica ni comercial para operar bajo un esquema más complejo de contratación internacional.
Frente a este escenario, los industriales propusieron un "camino intermedio" al menos para el invierno 2026: que el Estado mantenga el rol de centralizar la compra, definir volúmenes y garantizar un precio uniforme de GNL y regasificación, financiado por la propia demanda. El planteo busca evitar disrupciones en un período crítico para el consumo energético.
Mientras tanto, la empresa estatal Energía Argentina S.A. avanza con el proceso para seleccionar un operador privado que actúe como importador. En la reciente apertura de sobres técnicos se presentaron dos ofertas, de la trader global Trafigura y la energética Naturgy, aunque los detalles se mantienen bajo confidencialidad.
El cronograma oficial se aceleró ante la urgencia: el primer buque de GNL debería arribar a fines de abril. Sin embargo, el propio Gobierno reconoce que, si el proceso no llega a tiempo, podría recurrir nuevamente al esquema tradicional con ENARSA como compradora de emergencia, e incluso postergar la privatización plena para 2027.
El debate se da en un contexto internacional adverso. La escalada geopolítica en Medio Oriente elevó el precio del GNL hasta los US$ 20 por millón de BTU, casi el doble del promedio registrado el año pasado. Este salto introduce una incógnita central: quién absorberá el mayor costo.
Actualmente, el gas destinado a generación eléctrica se canaliza a través de Cammesa, mientras que los precios finales para hogares y comercios no reflejan completamente estos valores. En ese escenario, crece la preocupación por un eventual traslado a tarifas o un aumento en la morosidad.
Con limitaciones estructurales en la infraestructura local, especialmente en el transporte de gas, la dependencia del GNL importado sigue siendo el principal cuello de botella del sistema energético argentino. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar