En un giro sin retorno, el Gobierno puso en marcha la desregulación más profunda del sector energético en 30 años, con la Resolución 400/2025 como bandera de la liberalización total del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
A partir del 1° de noviembre, los precios ya no serán decididos en despachos oficiales, sino por la lógica cruda del mercado: oferta, demanda y costos marginales.
Es el final de una era de subsidios generalizados, precios políticos y contratos centralizados, heredada de la crisis de 2001 y mantenida por gobiernos de distinto color. Ahora, la energía volverá a valer lo que cuesta producirla. Y eso, en Argentina, no es un detalle menor.
El nuevo esquema redefine por completo el rol de Cammesa que dejará de ser compradora centralizada de combustibles y gestora de contratos para limitarse a funciones técnicas de despacho y liquidación. Se busca, según los considerandos oficiales, una "autosuficiencia económico-financiera del sistema" basada en reglas de mercado, transparencia de precios y libertad contractual.
Las generadoras térmicas deberán ahora adquirir su propio gas o combustibles, quedando a merced de los vaivenes del precio internacional y del tipo de cambio. Un riesgo que podría volverse ventaja para las compañías más eficientes, como Pampa Energía o Central Puerto, que —según Delphos Investment— están mejor posicionadas para aprovechar este nuevo tablero.
Precios crudos, inversiones en juego
El corazón técnico de la resolución es el restablecimiento de los precios marginales como base para la energía y la potencia, eliminando la ficción tarifaria que venía sosteniéndose con más de 60% del costo total subsidiado, según estimaciones privadas. Ese subsidio comenzará a desaparecer gradualmente y la factura final, inevitablemente, subirá.
Pero no todo es tarifazo. Se crea el Mercado a Término de Energía y Potencia, que permitirá contratos bilaterales entre generadoras, grandes usuarios y distribuidoras. Un entorno competitivo que incentiva inversión, planificación de largo plazo y eficiencia operativa. ¿El modelo? Algo más parecido al Plan Gas.Ar, pero sin red de contención estatal.
El sistema se reorganiza bajo dos grandes etiquetas:
- Generación Asignada: usinas bajo contratos vigentes o control estatal (nucleares, binacionales, hidroeléctricas concesionadas), seguirán vendiendo bajo precios pactados y abastecerán la llamada Demanda Estacionalizada.
- Generación al Spot: plantas que competirán en el nuevo mercado, con precios variables y mayor exposición al riesgo.
A la vez, se crean los Servicios de Reserva de Confiabilidad, una especie de seguro técnico pagado en dólares: U$S 1.000 por MW-mes para plantas actuales y hasta U$S 9.000 para nueva capacidad instalada. Un intento por garantizar disponibilidad y atraer capital en un contexto aún volátil.
Según la consultora Delphos Investment, el nuevo régimen elimina distorsiones que desincentivaban inversiones, promovía consumo excesivo y ponía en jaque la seguridad energética. Ahora, las compañías más eficientes serán las que se lleven el premio. ¿El riesgo? Que la volatilidad macro y la falta de dólares dejen la transición a medio camino.
Para muchos analistas, la resolución 400/2025 marca un quiebre estructural comparable a la privatización de los años '90, pero sin el colchón político ni financiero de entonces. El plan requiere estabilidad cambiaria, reglas creíbles y contención social.
Porque una cosa es sincerar precios y otra, muy distinta, es que la sociedad pueda pagarlos. Y la historia argentina muestra que cuando las tarifas explotan, la política tiembla. El éxito dependerá del tipo de cambio, la inflación, y la capacidad del Gobierno de sostener la transición sin un estallido social.
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