La creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, lejos de ser una simple fusión administrativa, arrastra tensiones estructurales entre dos sectores con modelos regulatorios, responsabilidades y actores muy distintos. El Decreto 450/2025 afecta no solo los entes, sino el corazón político y federal del sistema eléctrico.
La reciente decisión del Gobierno nacional de unificar los entes reguladores de gas y electricidad en un solo organismo fue presentada como parte del proceso de modernización del Estado y simplificación administrativa.
Sin embargo, algunios analistas consultados por este medio, advierten que esta medida esconde una complejidad técnica e institucional que no ha sido adecuadamente debatida.
Por un lado, el sector gasífero está completamente centralizado en manos del Estado nacional, a través del ENARGAS. Toda la cadena, transporte, distribución y tarifas, responde a normas y autoridades nacionales.
En cambio, el sector eléctrico tiene un componente marcadamente federal: los sistemas de distribución eléctrica son responsabilidad de las provincias, y el ENRE tenía una composición bipartita, donde el Consejo Federal de Energía Eléctrica designaba representantes.
"No es lo mismo unificar gas que electricidad. Son sistemas distintos, relaciones jurídicas distintas, y sobre todo, concesionarios totalmente distintos. Los gasíferos no quieren saber nada con Edenor y Edesur", señaló una fuente con experiencia en regulación energética.
El DNU 450/2025, además, avanza sobre aspectos sustantivos del sector eléctrico, como el manejo de los fondos federales, los procedimientos de inspección, y el marco de responsabilidades. No se trata solo de fusionar dos oficinas, sino de redefinir equilibrios políticos que sostenían un esquema complejo y frágil, especialmente en la parte eléctrica.
A esto se suma la falta de información sobre la estructura interna del nuevo ente: no hay definiciones claras sobre su presupuesto, cronograma de implementación, autoridades ni plan de acción. "El riesgo es que la prisa por mostrar eficiencia termine debilitando los sistemas de control y regulación técnica en sectores clave para el desarrollo nacional", afirman.
"Primero habría que establecer autoridades, cronograma interno, presupuesto y prioridades. No veo cómo se hará efectivo este nuevo ente si no hay claridad institucional", advirtió un especialista del sector.
La unificación del ENRE y el ENARGAS puede tener sentido en términos de simplificación burocrática, pero ejecutarla sin un diagnóstico serio de las diferencias estructurales entre ambos sectores, ni sin un marco político claro, puede derivar en más problemas que soluciones.
"Si la intención es solo reducir personal o achicar costos, sin definir una nueva lógica regulatoria, la reforma corre el riesgo de nacer sin capacidad operativa ni legitimidad sectorial", admiten.
Desde los sectores más críticos advierten que, hasta ahora, los entes reguladores han centrado su accionar casi exclusivamente en la distribución en el AMBA, mientras que los controles sobre la producción y el transporte han sido escasos o inexistentes.
Por ejemplo, el ENRE no fiscalizaba de manera efectiva el funcionamiento de las centrales eléctricas, ni siquiera de las hidroeléctricas concesionadas.
"En ese contexto, si la unificación de los entes apunta únicamente a reducir burocracia y concentrarse en la distribución, podría tener cierto sentido. Sin embargo, si se pretende que el nuevo organismo cumpla con las funciones completas de producción, transporte y distribución, la unificación resulta cuestionable: electricidad y gas son sistemas técnica y operativamente muy distintos, y tratarlos de forma homogénea puede generar más problemas que soluciones", dijo en off un experto destacado de la industria.
La medida también se alinea con la emergencia energética nacional, prorrogada en junio pasado, que habilita al Ejecutivo a tomar decisiones urgentes para garantizar el funcionamiento del sistema.
Desde el Gobierno, se sostiene que esta unificación permitirá reducir estructuras superpuestas, ganar eficiencia y generar un marco regulatorio "ágil y previsible" para atraer inversiones en generación, transporte y distribución de energía. La decisión también busca corregir un sistema que, según autoridades oficiales, ha quedado desfasado y con escasa capacidad de respuesta ante las demandas actuales.
No obstante, la medida genera debate entre expertos y actores del sector. Algunos especialistas advierten que la centralización podría debilitar los controles técnicos e independientes que hoy ejercen los entes separados, y alertan sobre la necesidad de garantizar que el nuevo organismo tenga los recursos y autonomía necesarios para ejercer su rol sin interferencias políticas.
Además, sectores sindicales y trabajadores de ambos entes expresaron preocupación por posibles recortes de personal o cambios en las condiciones laborales. Desde el Ejecutivo, en cambio, aseguran que se avanzará con una "transición ordenada" y que no está prevista una reducción masiva de empleos.
Con la creación del ENRGE, el Gobierno busca avanzar en su estrategia de modernización del Estado, eliminar duplicidades y fortalecer la inversión privada en el sistema energético. Resta ver si la centralización de funciones podrá mantener, o mejorar, la capacidad técnica e independencia necesarias para una regulación eficiente de servicios públicos tan críticos como el gas y la electricidad.
En declaraciones públicas, el Gobierno aseguró que "no se trata de eliminar funciones ni dejar de controlar a las empresas, sino de hacerlo con mayor racionalidad y menor gasto". Además, anticiparon que habrá una "transición ordenada" y que no implicará despidos masivos, aunque sí revisiones contractuales.
Desde la oposición, legisladores y referentes técnicos señalaron que "la unificación puede generar vacíos regulatorios y afectar la calidad de los controles". Algunos incluso plantearon que esta centralización podría favorecer la discrecionalidad política en sectores clave como la energía y el transporte.
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