La petrolera YPF logró quedar exenta del juicio iniciado por la firma británica Burford contra la República Argentina por la estatización de 2012, pero el 51% de sus acciones, en manos del Estado, quedó comprometido. Obligada a transparentar la situación ante los inversores que poseen el 49% restante, la compañía notificó oficialmente a la Comisión Nacional de Valores y a la SEC de Estados Unidos los alcances del fallo del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que ordenó a la Argentina transferir sus acciones Clase D a una cuenta en el Bank of New York Mellon, en un plazo de 14 días a partir del 30 de junio.
La decisión judicial también instruyó al banco custodio a transferir la propiedad de esas acciones a los demandantes, o a quienes estos designen, en un plazo de un día hábil tras el depósito. La demanda fue impulsada por Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de las empresas del grupo Petersen, de la familia Eskenazi, ex accionistas minoritarios gracias a las gestiones del gobierno de Néstor Kirchner.
- También participan Eton Park y Bainbridge Fund, otros fondos que reclaman compensaciones por la expropiación.
YPF aclaró que no es parte directa del litigio, aunque sus acciones están en el centro del conflicto. El impacto bursátil fue inmediato: el lunes, tras conocerse el fallo, las acciones de la compañía cayeron 5,6% tanto en Nueva York como en Buenos Aires.
- La petrolera remarcó que las decisiones del tribunal son apelables, y el presidente Javier Milei anunció que el gobierno argentino recurrirá el fallo conforme a las normas procesales vigentes.
La situación abre un escenario de alta incertidumbre sobre el futuro de YPF y el control estatal de su capital accionario. La estrategia legal del gobierno será determinante para saber si logra retener la mayoría accionaria de la empresa, en un contexto donde los mercados y accionistas siguen con atención el desenlace de este conflicto de alto voltaje político y financiero.


