Uruguay dominó la inflación –ronda el 4% anual- y, aunque tiene un alto y persistente desequilibrio fiscal, su buena reputación le da la chapa de investment grade. El dilema macro es que la economía crece poco, apenas por encima de un 1% anual en promedio en el último decenio, y por debajo de su tasa potencial.
El gobierno presidido por Yamandú Orsi presentó este jueves al Parlamento un proyecto de ley que busca remover algunos de los lastres al crecimiento económico, simplificando o quitando trámites, eliminando burocracia, promoviendo mayor competencia en los mercados, estimulando ciertas actividades y alentando la innovación.
Se trata de reformas microeconómicas que podrían llamar la atención viniendo de una administración de centroizquierda, como es esta del Frente Amplio; de hecho, ya recogió algún gesto de apoyo de la oposición política. Desde la Argentina, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, bien podría dedicarle unos aplausos libertarios a esta iniciativa uruguaya.
El ministro de Economía oriental, Gabriel Oddone, definió el proyecto de ley como una "modesta pero importante reforma del Estado", además de un "buque insignia" de lo que pretende el actual Ejecutivo en términos de "hacer de Uruguay un país más competitivo y menos costoso".
Oddone, de 62 años, es un economista retirado de la consultoría empresarial, autodefinido como socialdemócrata o liberal de izquierda; tiene claro que lo mucho que da Uruguay en materia de certezas lo quita en términos de tasa de rentabilidad de los negocios. También sabe que el costo de vida se siente para los orientales como si residieran en Europa.
Reforma microeconómica
En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo señala que el país alcanzó la estabilidad macroeconómica pero que eso solo no es suficiente para mejorar la productividad y el bienestar de la población. Ahora, alega, los "desafíos" del crecimiento están en la microeconomía.
Por eso, el "proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida" –tal su largo nombre- contiene "medidas orientadas a reducir costos regulatorios redundantes o injustificados, promover la competencia y eliminar costos que no sólo fortalecen la capacidad competitiva de las empresas uruguayas, sino que también contribuyen a que los consumidores accedan a una mayor variedad de bienes y servicios, en mejores condiciones de calidad y precio".
Son 240 artículos en cuatro capítulos. Uno apunta al desempapelamiento y la agilización de trámites ante el Estado. Por ejemplo, establece un marco para asegurar que los procedimientos de habilitación, autorización, permiso, registro, certificación o control a cargo del gobierno nacional y los entes estatales se rijan "por criterios de proporcionalidad, estandarización, gestión basada en riesgos, facilitación, interoperabilidad, previsibilidad, transparencia, agilidad y eficiencia administrativa".
También crea un "Programa de calidad regulatoria y agilización de trámites", para identificar y remover obstáculos burocráticos o cargas administrativas innecesarias.
Para evitar marañas a futuro, otro artículo exige que los proyectos de ley de iniciativa del Poder Ejecutivo, decretos o resoluciones que establezcan nuevas regulaciones o modificaciones a las existentes, deberán ser acompañados de una "evaluación del impacto" y una "justificación" del cambio.
Propone un "programa de revisión de tasas" para que, en todo el territorio uruguayo, queden limitadas "en su cuantía al costo aproximado de los servicios prestados".
Además, prohíbe las detracciones a las exportaciones, derogando una facultad vigente otorgada al Ejecutivo.
Como "plataforma para la agilización de trámites", la iniciativa crea un Registro Único de Apoderados y Representantes autorizados a hacer gestiones ante el Estado, y propicia el notariado electrónico.
Más competencia
Otro capítulo importante propicia la competencia interna.
Entre otras cosas, establece un "régimen de habilitación provisoria para todas las empresas elaboradoras e importadoras" de productos de salud, lo que abarca a los cosméticos, alimentos, domisanitarios y productos médicos.
También transforma la actual Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en un servicio descentralizado (hoy es un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía) y crea en su estructura una Dirección de Investigación.
Asimismo, el proyecto propone una simplificación tributaria para las micro y pequeñas empresas, y propende a una mayor competencia en las compras gubernamentales.
En materia de innovación, entre otras cosas, la iniciativa habilita al Banco Central (BCU) a autorizar "entornos controlados de prueba –sandboxes", con menores regulaciones y por plazos de hasta 12 meses prorrogables por igual lapso por única vez, a los efectos de probar y desarrollar nuevas soluciones financieras.
Además, crea un sistema de "finanzas abiertas", regulado por el BCU, que permite a los usuarios compartir de forma segura sus datos financieros con instituciones autorizadas mediante el consentimiento.
Precios
Por otro lado, pensando en el consumidor, el articulado exige que los comercios con dos o más cajas o que operen tres o más locales exhiban el precio de los alimentos o artículos de higiene personal o de uso doméstico por unidad de medida equivalente, ya sea en kilogramos, en metros o litros.
El precio de venta y el precio por unidad de medida deberá mostrarse en forma conjunta, inequívoca, fácilmente identificable y claramente legible, tanto en la etiqueta" en góndola como en el listado o folletería publicitaria.
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