Préstamos chinos para Argentina: ¿vienen más problemas a futuro?
Los textos de los acuerdos con China todavía no se conocen, lo que ha motivado el pedido de informes a la Cancillería de varios diputados nacionales. Y tampoco se conocen términos de la adhesión a la Iniciativa de la Franja y Ruta de la Seda, conocida como “Una Franja, Una Ruta”.
Esa iniciativa fue anunciada en 2013 por el mandatario chino Xi Jinping como una red de infraestructura para facilitar el comercio con China de unos 65 países. La “Franja de la Seda” es una red ferroviaria y de autopistas presentada como la versión moderna de “Ruta de la Seda” que conectaba China con Asia Central, Medio Oriente y Europa ya en el Siglo II A.C.
La “Ruta Marítima de la Seda” es una red de rutas marítimas inicialmente sobre el sur de Asia y Africa y extendidas a Oceanía en 2015 y hacia América Latina en 2017. Una versión moderna de las rutas por el Océano Indico de la dinastía Tang (años 618 a 907).
La inversión total proyectada en 2015 por el Gobierno chino estaba en torno de U$S 1,4 billón, 12 veces el Plan Marshall para la reconstrucción europea. Una prioridad básica para Pekín es la de contribuir a la pobreza y la desigualdad en las regiones alejadas de la costa oriental, difíciles de controlar, como la provincia de Xingjiang, al noroeste de China. Pero el programa tiene como prioridad garantizar en el exterior el control total de las rutas comerciales hacia China y su protección en caso de conflictos armados.
En los últimos años la iniciativa ha estado sujeta a varios cambios y se ha extendido al área de las telecomunicaciones. El énfasis en tratar de instalar en varios países la tecnología 5G de la empresa Huawei exacerbó las sospechas de ser instrumento de espionaje informático y de transferencia de datos a las fuerzas militares chinas. Ya en abril del año pasado el Gobierno de Australia revocó los acuerdos del estado de Victoria con el Gobierno chino en el marco de la citada iniciativa, y en 2018 dejó de lado a la empresa china Huawei para instalar su red 5G por razones de seguridad nacional.
El recelo de EE.UU. y otros países ya tenía otro motivo: la instalación de una base militar en Doraleh, Djibouti, en 2017, a lo que siguieron indicios sobre sondeos de Pekín para instalar bases militares en otros países.
Desde el año pasado se leen informes y artículos (no desmentidos) que prevén una nueva base en Guinea Ecuatorial, pero también otras en Sri Lanka, Pakistán, Tailandia, Indonesia, Emiratos Arabes Unidos, Seychelles, Tanzania, Angola, Burma, Camboya y Tayikistán.
Para el avance de la “iniciativa”, el Gobierno chino ha tratado de atraer a gobiernos de países no desarrollados a los mecanismos de financiamiento de infraestructura para promover el comercio y los flujos de inversiones. Se presenta, así, como una vía de acceso a divisas, capital físico y tecnologías más que necesarias.
Pero es más deuda externa y bajo cláusulas habitualmente confidenciales, que ante el incumplimiento de un gobierno deudor permite a los acreedores chinos interrumpir desembolsos, embargar cuentas bancarias, tomar posesión de los proyectos a financiar y explotarlos por décadas, y hasta romper las relaciones diplomáticas con el país deudor. Un caso emblemático es el del gobierno de Sri Lanka.
Al no poder cancelar sus deudas con acreedores chinos, debió ceder el 70% de la explotación del puerto de Hambantota a un consorcio chino por 99 años. Pero no hubo perdón de la deuda: la misma debe pagarse y esa es la regla general. Allá por 2011 el coronel retirado Zhou Bo, de la universidad Tsinghua de Pekín, había advertido claramente en un breve artículo que “la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China no es caridad”.
En mayo de 2021 el Peterson Institute for International Economics publicó una investigación de varios autores (Ana Gelpern, Sebastian Horn, Scott Morris, Brad Parks y Christoph Trebesch) que analizaron 100 préstamos del Ex-Im Bank de China, del Banco de Desarrollo Chino, bancos comerciales del Gobierno chino (ICBC, Bank of China y otros) y otros agentes (empresas estatales chinas y el propio Gobierno chino).
En total, U$S 36.600 millones prestados a deudores de 24 países (incluyendo Argentina) entre 2000 y 2017. La mayor parte corresponde a créditos del Ex-Im Bank, otorgados en yuanes y en dólares. Los primeros a tasa fija (2% a 3% anual), a 20 años de plazo con 5 de gracia y los otorgados en dólares, a tasa variable (LIBOR más un spread fijo de 3% a 4%) a 10-15 años de plazo y 3 a 5 años de gracia. Los del banco de desarrollo chino, a 15 años de plazo con 3 de gracia y a tasa LIBOR más un spread de 2% a 3%. Un costo superior al de prestamistas de Japón, Alemania o Francia, que en los últimos años ofrecen créditos para proyectos a 25-28 años promedio y a una tasa de poco más de 1%.
Los préstamos analizados han incluido en su mayoría cláusulas “no Paris Club” que impiden negociar refinanciaciones en casos de mora o default según los criterios y flexibilidades del Club de París. También otras de aceleración de cobro, “estabilización” y cancelación para asegurar el cobro a los prestamistas chinos.
En más del 90% de los casos encontraron cláusulas por las cuales los cambios de política del Gobierno del país deudor se interpretan como evento de default, permitiendo al acreedor chino exigir el inmediato pago de todo lo adeudado, o dar por caído el contrato e interrumpir las obras en curso.
También se hallaron cláusulas de cross-default, por las cuales la mora o default en un contrato genera la exigencia del cobro de lo adeudado por otros proyectos y su cancelación. En el caso de nuestro país el eventual default por las deudas para la obra del ramal ferroviario Belgrano Cargas puede disparar el cese del financiamiento y la caída de las obras de las presas hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz, y viceversa.
Estos préstamos incluyen casi sin excepción cláusulas de confidencialidad que exigen los prestamistas chinos. A diferencia de otros países, el deber de confidencialidad tiende a ser una imposición de los chinos sobre los deudores. Tal secretismo tiene el propósito de impedir el conocimiento público (y eventual no concreción) de esos acuerdos, y resulta en no pocas ocasiones una fuente de problemas para el gobierno deudor.
Al bloquear a otros acreedores el acceso a la real información sobre la real exposición a deudas con China se pueden dificultar reestructuraciones de otros pasivos (por caso, con bonistas, como ya le ocurrió a Zambia), y complicar la política fiscal del país deudor.
La evidencia de varios países, sobre todo de Africa, sugiere que esta opacidad favorece todo tipo de corruptelas a ser aprovechadas por los acreedores chinos. Ya el expresidente del Ex-Im Bank, Li Ruogu, lo admitió en 2007 en un seminario en Washington, al afirmar: “En China tenemos un dicho: si el agua es demasiado clara, usted no va a atrapar ningún pez”.
Varios países han debido cancelar proyectos por problemas relacionados con sobreprecios, corrupción, o perspectivas de imposibilidad de cancelar los créditos. El año pasado el centro de estudios Aiddata informaba que entre 2013 y 2021 Bolivia debió dar de baja proyectos por U$S 1.000 millones y Malasia por U$S 11.500 millones.
En el caso de los créditos anunciados días atrás, recién se sabrá de qué se tratan cuando los legisladores tengan acceso a los acuerdos y pueda verificarse el real el alcance de los compromisos bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda y sus implicancias. Y fundamentalmente, comprender si hubo una completa evaluación de costos, beneficios y riesgos de estos acuerdos frente a otras alternativas, y dilucidar sus futuras consecuencias para nuestro país.