En los pasillos de la academia y en los búnkeres del diseño económico, citar a Dani Rodrik se volvió casi obligatorio. Su defensa de una política industrial moderna basada en el diálogo estratégico entre Estado y sector privado, el aprendizaje productivo y el "autodescubrimiento" de capacidades competitivas se ofrece un marco atractivo para países que buscan escapar del estancamiento o de la trampa de los ingresos medios.
Sin embargo, entre esa sofisticación teórica y la práctica cotidiana de la gestión pública suele abrirse un abismo. La transformación estructural termina degradándose en una combinación de subsidios permanentes, protección indefinida y galpones dedicados al ensamblaje de bienes finales con escasa integración local.
El problema no es la política industrial. Todos los países desarrollados hicieron política industrial. Desde Corea del Sur hasta Australia, pasando por Alemania o Estados Unidos, el Estado desempeñó un rol central en coordinar inversiones, impulsar innovación y construir capacidades tecnológicas. La diferencia es que esas estrategias estuvieron orientadas a aumentar productividad, exportaciones y complejidad económica, no simplemente a sostener actividades inviables detrás de barreras aduaneras.
En buena parte de América Latina, en cambio, la política industrial suele reducirse a esquemas de baja densidad tecnológica: ensamblaje de electrónicos, bienes de consumo o sustitución de importaciones con altísimo contenido importado. Industrias que sobreviven únicamente bajo protección estatal y cuya competitividad desaparece apenas cruzan la frontera.
Esa deformación responde a incentivos bastante concretos.
El primero es el calendario electoral. Desarrollar proveedores sofisticados, escalar innovación o formar capacidades tecnológicas requiere años. El ensamblaje, en cambio, ofrece resultados inmediatos: empleo rápido, inauguraciones y fotos de campaña. La cinta se corta antes que la productividad aparezca.
El segundo problema es la degradación de capacidades estatales. Rodrik insiste en que una política industrial seria requiere burocracias capaces de evaluar resultados y retirar apoyo cuando los proyectos fracasan. En nuestra región suele ocurrir lo contrario: el subsidio nace con vocación de permanencia. Sin metas claras de productividad ni mecanismos de salida, los incentivos terminan transformándose en rentas privadas financiadas por consumidores y contribuyentes.
El tercer factor es la restricción externa, aunque en el caso argentino gran parte de ella sea autoinfligida. Décadas de déficit fiscal crónico, inflación elevada, atraso cambiario, controles discrecionales y desconfianza sobre la moneda terminaron construyendo una economía estructuralmente escasa de divisas. En ese contexto, la política industrial deja de orientarse al desarrollo y pasa a convertirse en una herramienta defensiva para administrar la falta de dólares.
Se impulsa el "hecho en casa" no necesariamente porque exista una ventaja competitiva genuina, sino porque no hay capacidad de financiar importaciones de manera sostenible. El resultado suele ser paradójico, industrias protegidas que consumen más divisas de las que generan.
En ese marco aparece el RIGI. Y conviene evitar caricaturas. En una economía marcada por defaults, cepos, cambios regulatorios permanentes y baja credibilidad institucional, resulta difícil imaginar inversiones de miles de millones de dólares sin algún tipo de garantía extraordinaria. El RIGI intenta justamente crear una "burbuja de previsibilidad" dentro de una macroeconomía impredecible y reglas de juego volátiles.
El problema es que atraer inversiones no equivale automáticamente a generar desarrollo. El RIGI ofrece estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera, pero presenta pocas condicionalidades vinculadas al desarrollo de proveedores locales, transferencia tecnológica, inversión en I+D o articulación con universidades y centros tecnológicos. Existe el riesgo de consolidar enclaves exportadores modernos pero débilmente integrados al entramado productivo nacional.
La experiencia internacional muestra que los derrames productivos no ocurren solos. Australia no desarrolló su ecosistema de proveedores mineros sofisticados únicamente porque llegaron inversiones extractivas. Hubo políticas públicas, gobiernos subnacionales, universidades y agencias tecnológicas empujando activamente la formación de capacidades locales.
La gran paradoja argentina es que la inestabilidad macroeconómica no solo limita el desarrollo, también moldea un tipo de industrialización defensiva, basada en protección, ensamblaje y regímenes de excepción. En ese contexto, subsidios permanentes y esquemas como el RIGI no son anomalías aisladas, sino síntomas de una economía que todavía no logra construir las condiciones mínimas de previsibilidad para competir de manera genuina.
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