22 abril de 2026
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El Gobierno de Javier Milei volvió a chocar con la Justicia por la política social. Este miércoles, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, rechazó el fallo que ordena restituir el programa Volver al Trabajo para casi un millón de beneficiarios y advirtió que la medida compromete el presupuesto.
El impacto fiscal que advierte el Gobierno
Según la cartera oficial, la decisión del juez federal de Campana Adrián González Charvay tiene "graves consecuencias sobre la gestión ministerial". El fallo obliga a pagar una prestación de $78.000 en un plazo de tres días y a mantener el programa vigente hasta que haya una resolución de fondo.
- Desde el Ejecutivo sostuvieron que, de mantenerse esta obligación, no podrán avanzar con dos políticas clave: los vouchers de formación laboral y la extensión de la doble escolaridad en escuelas vulnerables.
El fin del programa y la apuesta por los vouchers
El Gobierno defendió la eliminación del plan al señalar que había cumplido su plazo de dos años. En su lugar, impulsó un esquema de voucherización, orientado a capacitación laboral con salida rápida al empleo formal.
El programa Volver al Trabajo había reemplazado al Potenciar Trabajo y formaba parte de una reconfiguración más amplia del sistema de asistencia, que incluyó la eliminación de intermediarios y la redistribución de recursos hacia herramientas como la AUH y la Tarjeta Alimentar.
La reacción de las organizaciones sociales
El conflicto se originó tras un amparo colectivo presentado por trabajadores luego del anuncio oficial de cierre del programa el 7 de abril. Denunciaron que la medida implicaba un recorte directo de ingresos.
Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) calificaron el fallo como "un límite contundente al plan de miseria planificada" y defendieron el Salario Social Complementario como parte del trabajo que realizan en la economía popular.
La disputa política y judicial sigue abierta
El dirigente social y diputado Juan Grabois también respaldó la decisión judicial y la definió como "un acto de justicia franciscana".
Mientras tanto, el Gobierno ya anticipó que apelará la medida, por lo que el conflicto continuará en los tribunales y mantendrá en suspenso tanto el futuro del programa como el rediseño de la política social.
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