Moneda y democracia: cómo pensar hoy los bancos centrales

El inmenso poder adquirido por los bancos centrales en las últimas décadas no es solo un fenómeno económico, sino un síntoma de crisis democrática. Así lo explica el economista e historiador Éric Monnet en su libro Moneda y democracia, publicado por el Fondo de Cultura Económica (FCE). 

• ¿A qué intereses responden hoy los bancos centrales? 
• ¿Cómo se construye su legitimidad en una sociedad democrática? 
• ¿Cuál es su papel en el financiamiento del Estado de bienestar y en la transición ecológica? 

Al trazar los vínculos históricos entre moneda, crédito y políticas públicas, el autor argumenta que los bancos centrales deben ser una herramienta al servicio de la democracia, reforzando los mecanismos ciudadanos que regulan su acción. Su análisis recorre los desafíos contemporáneos, desde la creación de dinero hasta las monedas digitales, y propone formas concretas de recuperar el control social sobre decisiones que moldean el rumbo económico y social.

A continuación un fragmento del capítulo "¿El Banco Central puede financiar todo?"

Toda presentación sobre la creación monetaria suscita de manera inevitable la cuestión de sus límites. ¿Por qué los bancos centrales no financian el conjunto de inversiones o de los gastos públicos? No puedo, en este breve ensayo, explorar todo el abanico de respuestas a esta pregunta que divide a los economistas desde hace siglos. No obstante, me parece que se la puede contestar a partir de algunas simples intuiciones.

Los economistas liberales consideran que —para permitir que el mercado funcione libremente— el banco central únicamente debe manipular su tasa de interés y no reemplazar nunca a los bancos en el otorgamiento y la prestación de crédito. En cambio, hay dos argumentos que pueden justificar que el banco central sustituya a los mercados financieros y financie directamente (o por medio de préstamos subvencionados) la deuda pública o algunos sectores de actividades.

El primer caso se relaciona con una situación en la que es evidente que el Estado debe gastar más para sostener la actividad económica y el banco central es la única institución que puede prestarle recursos suficientes a una tasa de interés nula o moderada. La segunda situación está vinculada al hecho de que los mercados financieros y bancarios funcionan en silos —es decir, de manera cerrada o segmentada—, lejos del ideal de competencia perfecta y libre mercado. En ese caso, algunos sectores están subfinanciados, y en cambio otros experimentan las burbujas especulativas. El Estado puede tratar de organizar ese funcionamiento cerrado de las finanzas, en particular para orientar el crédito dentro de una óptica de política industrial (como era el caso en Europa antes de los años ochenta, o en China en la actualidad), o tratar de reformar el sistema bancario para hacer caer esas barreras, aunque algunas puedan quedar en pie debido a las disfunciones intrínsecas de los mercados. El banco central se adapta modulando sus volúmenes y condiciones de préstamos según los sectores o los tipos de crédito. Puede tratarse de política macroprudencial, préstamos a bancos determinados y bajo condiciones (véase el capítulo III), y hasta de préstamos directos a empresas. Todas estas soluciones han sido probadas a lo largo de la historia. Como para el financiamiento de la deuda pública, la pregunta es saber si el banco central es el más legítimo y eficaz para elegir prestaciones crediticias.

En el plano macroeconómico, el razonamiento tradicional aplicado a la tasa de interés puede ser traspuesto a los préstamos otorgados por el banco central —inclusive directamente al Estado o a las empresas— y por lo tanto a la creación monetaria. En esta perspectiva, el banco central se basa en aumentar sus préstamos mientras la inflación y la actividad económica sean consideradas muy bajas como para garantizar el bienestar de la población. El debate democrático y económico debe entonces girar en torno a lo que constituye una tasa de inflación y un nivel de desempleo compatibles con ese bienestar.

De este modo, la creación monetaria del banco central puede enfrentarse a dos tipos de límites. El primero es un límite macroeconómico, caracterizado principalmente por la inflación y la estabilidad financiera: la creación monetaria puede provocar una suba de precios y de la especulación si excede la demanda real necesaria para el financiamiento de la producción y el consumo. El segundo es un límite político, que debe depender de un análisis y una discusión honestos sobre la eficiencia económica y el marco democrático del banco central, similar a los que deberían acompañar cualquier otra intervención del Estado.

¿El banco central es el mejor posicionado para elegir a quién prestarle, según qué criterios y con qué montos? ¿Cómo hacerlo necesario para que esta creación monetaria se haga según principios transparentes de eficiencia económica, y no por motivos de nepotismo? ¿No es preferible el impuesto progresivo (es decir, una contribución en función de los ingresos o del capital) para financiar la deuda pública de manera estable y equitativa, más que someter el gasto público a los objetivos de la política monetaria (y en particular la lucha contra una inflación más elevada)? 

Si el banco central financia de manera directa el gobierno hasta que la inflación lo obligue a restringir ese financiamiento -como lo preconiza la corriente de pensamiento llamada "teoría monetaria moderna"—, no se hace sino desplazar la cuestión hacia la del poder y la de la legitimidad de los gastos del Estado.

La creación monetaria suele tratarse de manera mística o excesivamente teórica. A riesgo de decepcionar, un enfoque más realista de la política monetaria propone finalmente retomar el problema más clásico de la economía política: ¿hay que organizar la economía de manera centralizada alrededor del poder público, o de manera descentralizada a través de mecanismos de mercado? 

El rol asignado al banco central depende de la respuesta a esta pregunta.

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