Miguel Ángel Pesce, expresidente del Banco Central: "Levantar completamente el cepo es ir a una hiperinflación en dos minutos"
—Está nublado. ¿Qué va a ser? Peor es cuando hay sequía —ironiza Miguel Ángel Pesce, parado en la puerta del despacho 56A del Congreso mientras espera a El Economista.
Durante su presidencia en el Banco Central (BCRA), entre 2019 y 2023, la Argentina atravesó una de las peores sequías de su historia. También una pandemia, inflación global, una guerra, y un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda de US$44.500 millones contraída en 2018. Aun así, Pesce completó el mandato: fue el primer presidente del BCRA en hacerlo desde que se creó la institución en 1935. "A veces hay una sobreactuación del rol —dice Pesce—. Se adquiere un perfil político o social que no corresponde para la presidencia. Y una renuncia o meter presión dentro del equipo económico puede tener efectos negativos para el país".
Él se quedó. Con Guzmán, con Batakis, con Massa. Trabajó con los tres. "Massa es una persona con carácter fuerte —admite—, aunque hubo estrategias que él modificó con el objetivo de que estuviéramos en sintonía, y el resultado fue positivo. Evitamos un trastorno como puede ser un cambio de presidente del Banco Central." También reconoce a Alberto Fernández por haberlo sostenido durante los cuatro años: "Seguramente recibió presiones de algún lado para removerme, pero siempre tuve su respaldo".
En esta entrevista con El Economista también responde por los resultados de su gestión. Durante su conducción al frente del Banco Central, la inflación fue de 36,1% en 2020; 50,9% en 2021; 94,8% en 2022; y 211,4% en 2023. ¿Observa diferencias en el enfoque económico de Martín Guzmán y de Sergio Massa y en cómo esas características impactaron en la política monetaria y en la dinámica de precios? ¿En 2023, hay algo que se podría haber hecho distinto para que la inflación fuera menor?
En la actualidad, Pesce colabora con el equipo del senador José Mayans. "Mayans es abogado, y a la vez tiene en la cabeza los datos del presupuesto, la pobreza, el empleo, la deuda. Le gusta estudiar economía", cuenta Pesce.
Aclara de entrada un dato biográfico que suele prestarse a confusión: no es mendocino. "Nací en la Ciudad de Buenos Aires y viví en Haedo casi toda mi vida. Pero gran parte de mi familia es de Mendoza y pasé las vacaciones de mi infancia y adolescencia allá." Para Wikipedia, nuestra biblia epocal, figura como mendocino. "Supongo que también porque trabajé con el dirigente Raúl Baglini, que era mendocino y radical, como mi abuelo, que fue senador provincial allí. Había una tradición política en la familia."
De esa tradición, salieron sus primeras inquietudes. "A mí me gustaba la política, y también me gustaba la economía. Por eso decidí estudiar Economía." Hizo el secundario en el Colegio Nacional Buenos Aires, se formó en la UBA y fue vicepresidente del Banco Central entre 2004 y 2015, bajo cuatro presidencias del BCRA. Contesta, ante la consulta de El Economista, que con Mercedes Marcó del Pont y con Alejandro Vanoli hubo más afinidad que con Martín Redrado y Carlos Fábrega, aunque aclara que no le gusta polemizar: "No funciono en ese campo." También presidió el Banco de Tierra del Fuego durante la gestión de Rosana Bertone, entre 2015 y 2019, y fue secretario de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires entre 2000 y 2003.
En plena crisis de 2001, con un presupuesto de apenas US$3000 millones —detalla Pesce—, logró mantener activas cuatro obras de subte. También recuerda que nunca se frenó la obra de la línea H, ni siquiera durante el peor momento de la recesión. En el presente, dice, el Gobierno porteño cuenta con US$10.000 millones de presupuesto y tres veces más empleados, pero no hay una sola línea en construcción. "La Ciudad está aplicando la motosierra de Milei", afirma. En los últimos tres ejercicios acumuló US$2000 millones de superávit financiero y tiene US$2500 millones depositados en el Banco Ciudad. "Con ese excedente se podrían haber terminado las tres líneas que habíamos planeado durante mi gestión: la F, la G y la I. Están previstas por ley. No es un invento", apunta.
"Soy de origen radical", aclara, aunque se define como la contracara de Leandro Santoro: "Él es simpático, polemiza, se mueve bien en los medios. A mí no me gusta aparecer tanto".
La crisis del 2001 —dice Pesce— alteró completamente las tradiciones políticas. Los dos partidos populares fueron con tres candidatos a presidente distintos. "Cuando estaba dejando la Secretaría de Hacienda de la Ciudad, Roberto Lavagna me invitó a integrarme a su equipo. En ese momento importantes dirigentes de la oposición decían que Kirchner estaba abriendo muchos frentes al mismo tiempo. Eso me pareció un acierto y consideré que valía incorporarme a esa gestión. Me parecía además que el equipo de Lavagna estaba haciendo un gran trabajo. Y ninguno de los dirigentes radicales de ese momento recriminaron mi incorporación al nuevo gobierno, más bien diría lo contrario".
Pesce asegura que el tipo de cambio está "evidentemente atrasado", y que el Gobierno no puede "dejarlo flotar". Y agrega que la eliminación del cepo puede llevar a una "situación hiperinflacionaria", y que no se puede pensar en "levantar las regulaciones cambiarias hasta que la Argentina no aumente sustancialmente sus exportaciones". También sostiene que el gobierno "comete un error al utilizar el sector externo —el aumento de las importaciones— para mantener controlada la inflación interna".
Sobre las reservas, repite: "El Gobierno decidió que era más valioso mantener controlada la brecha cambiaria que acumular reservas". Y con respecto a la deuda: "Comprar las letras intransferibles del Banco Central con deuda del FMI es una locura". Asimismo, asevera que la canasta del INDEC "no refleja actualmente el consumo real de las familias".
¿Qué tipo de señal considera que el Gobierno debe dar para recuperar credibilidad frente a la población y los mercados? ¿Por qué Pesce hubiera mantenido el impuesto PAIS? ¿Cómo impacta la nueva guerra comercial global en los planes del Gobierno? ¿Cuál será el resultado de Axel Kicillof en este escenario de alta incertidumbre? Pesce pensaba cada respuesta, respondía enérgico, sopesaba cada pregunta. Sus palabras eran tan contundentes como el calor que emanaba en el despacho en el que trabaja. Incluso ante aspectos difíciles de su gestión su respuesta también era sonreír.
—¿Está atrasado el tipo de cambio? ¿Qué señales concretas debería dar hoy el gobierno para evitar que se acumulen expectativas de devaluación?
—Sí, es evidente que el tipo de cambio está atrasado. La medida convencional para evaluar eso es el tipo de cambio real multilateral (TCRM) que calcula el Banco Central. Es un índice que compara nuestro tipo de cambio con el de nuestros principales socios comerciales, ajustado por inflación. Durante la devaluación de diciembre de 2023 llegó a 135. Ahora está cerca de 80. Es decir: volvió a atrasarse.
—¿Eso significa que hay que devaluar?
—No necesariamente. No se trata sólo de mirar el tipo de cambio: hay otros factores que inciden en el valor al que efectivamente funciona la economía. Una de las señales, por ejemplo, es si la gente viaja al exterior o cruza la frontera para hacer compras, aprovechando precios más bajos. Estuve en Neuquén durante los días de carnaval y había seis horas de cola en los dos pasos fronterizos hacia Chile. Esa es una señal concreta.
—¿Qué margen tiene el gobierno para resistir la presión del agro por un tipo de cambio más alto?
—Las empresas aceiteras se han convertido en un actor clave de la economía argentina. Por volumen exportador y por la capacidad de retener granos tienen una herramienta de presión fuerte. Hasta ahora no la han usado del todo con este gobierno. Pero eso no significa que no puedan hacerlo. Hay malestar en el sector por los niveles de rentabilidad y la pregunta es si ese malestar se canaliza en presión o no. Está por verse.
—¿Es posible pensar en una convergencia cambiaria real —como la que algunos ubican cerca de los $1300?
—No se puede pensar en eliminar las regulaciones cambiarias hasta que la Argentina no aumente sustancialmente sus exportaciones. Todos los procesos hiperinflacionarios se dieron en contextos de liberalización cambiaria sin dólares. Una buena noticia fueron las proyecciones que hizo el Banco Central en 2023 —que todavía están publicadas— y muestran que en el año 2030 la Argentina va a exportar US$ 130.000 millones. Con esos dólares, sin ninguna duda, el país puede pensar en unificaciones cambiarias y aperturas.
En el presente, con exportaciones en torno a los US$ 80.000 millones, no alcanza. No se cubren las importaciones, ni los pagos de servicios, ni los compromisos financieros. Y eso ya se está viendo: la cuenta corriente del balance cambiario viene negativa desde el año pasado, y el resultado comercial de febrero fue malo.
—¿Qué tan atrasado interpreta que está el tipo de cambio oficial? El FMI estima un atraso cercano al 25%. ¿Comparte ese diagnóstico?
—Insisto: el indicador con el cual se mide el tipo de cambio real lo marca como atrasado. Sin embargo, el nivel óptimo no se puede saber. De lo que sí estoy seguro es que no se puede dejar que el mercado defina ese valor, porque opera por ensayo y error.
Y cuando se deja que el mercado defina el tipo de cambio ocurre lo que los economistas llaman un overshooting, que fue lo que le pasó a Macri en 2016. Se dejó flotar y después no hubo forma de parar la sobrevaluación del tipo de cambio. Y todas estas sobreactuaciones sobre el tipo de cambio tienen consecuencias negativas, como lo estamos viendo en el presente.
Los precios acompañan esa devaluación. Y cuando el mercado juega por tanteo, después es muy difícil que se desinfle. Eso genera un desorden extraordinario. El error que se cometió en 2001 o 2002 fue hacerle caso al FMI y dejar que la moneda flotara. Después de la primera devaluación a $1,40 de Remes Lenicov habría que haberse parado y aguantar. Nadie pensaba que se necesitaba más de una devaluación del 40%. Y lo que terminó pasando es que el tipo de cambio se fue hasta 3 pesos. Luego no hubo forma de parar la revaluación. El Banco Central tuvo que empezar a comprar divisas para evitar que siguiera revaluándose.
De lo que estoy convencido es que el Gobierno no puede dejar flotar el tipo de cambio. Eliminar el cepo puede llevar a una situación hiperinflacionaria. Y eso es lo peor que nos puede pasar.
—Dado que ya venció el Impuesto PAIS, que fue una fuente clave de ingresos en el 2024, ¿con qué se está financiando el Tesoro?
—El gobierno terminó utilizando la política fiscal para hacer política monetaria. Esto fue lo que se hizo con las LECAP, cuando el gobierno salió a colocar LECAP y dejó los pesos depositados en el Banco Central. O cuando el Tesoro sale a comprar dólares con los pesos que tiene. La cifra que tiene en el Banco Central, actualmente, debe ser de varios billones de pesos, igual que en el Banco Nación. La cosa vino fundamentalmente por ahí, por el ajuste fiscal, no por una mejora en la recaudación. Más allá de algunas condiciones que ayudaron.
—¿Cómo interpreta la eliminación del Impuesto PAIS?
—Lo hubiera mantenido, porque era una fuente importante de ingresos. El problema es que este es un gobierno que comete el error de no querer negociar.
Y hay que llegar a acuerdos porque la democracia implica acordar. Acordar no significa abandonar principios, sino reconocer que hay otros que tienen intereses distintos y hay que respetarlos porque tienen representatividad política.
Una cosa fue ganar las elecciones con el latiguillo de la casta, pero después ejercer el gobierno bajo ese mandato es un error. Lo vimos la semana pasada con el rechazo de los dos pliegos de Lijo y García-Mansilla para la Corte Suprema.
—En estos días, las reservas bajan, el riesgo país sube y el dólar paralelo también. ¿Qué tipo de señal considera imprescindible para recuperar credibilidad frente a la población y los mercados?
—La forma de ganar credibilidad es comprando dólares e incrementando las reservas. Todas las demás señales pueden sumar, aunque en buena medida son cosméticas. Lo que realmente observan los mercados y la sociedad es la dinámica del tipo de cambio y el nivel de reservas. Y en ese terreno, hace un mes que no llegan buenas noticias.
—El economista Miguel Kiguel escribió que el Banco Central necesita reservas y que, con la crisis financiera internacional, difícilmente vayan a venir del sector privado. También mencionó que el dólar blend es un obstáculo para que el Banco Central compre dólares. ¿Comparte esa apreciación?
—Sí, sin duda. Los niveles de intervención que se dieron en el mercado financiero de cambio superan cualquier magnitud de los años anteriores. Lo que mantuvo baja la brecha entre el dólar oficial y los financieros fueron los niveles de intervención que superaron los US$ 20.000 millones.
El gobierno decidió que era más valioso mantener controlada la brecha cambiaria que acumular reservas. Aunque ahora empieza a volverse más difícil porque crecieron los pagos por importaciones.
—¿Observa señales de que el gobierno está empezando a recoger frutos del aumento de las exportaciones de petróleo y gas?
—El gobierno comete un error conceptual al creer que el único desequilibrio macroeconómico que tiene la Argentina está en el sector fiscal. La brecha fiscal es un punto, pero también está la brecha externa. El gobierno cree que resolviendo la brecha fiscal resuelve toda la macroeconomía. Y no es así.
La brecha externa, aunque tiene puntos de contacto con el déficit fiscal, tiene autonomía en sus efectos sobre la macro. Y para controlar la inflación no sólo el gobierno puso plata para reducir la brecha cambiaria, sino que también empezó a abrir importaciones.
La lógica de descuidar la brecha externa le está impidiendo al gobierno aprovechar el ahorro de divisas que se produjo el año pasado con la caída en la importación de energía y el aumento de las exportaciones de petróleo.
—Proyecta exportaciones por US$130 mil millones hacia 2030, pero advierte que hasta ese momento flotar sin dólares es un riesgo enorme. ¿El gobierno está subestimando ese riesgo al avanzar hacia una liberalización cambiaria sin haber consolidado todavía el salto exportador?
—Sí, claro. El gobierno comete un error al utilizar el sector externo —y así aumentar las importaciones— para mantener controlada la inflación interna. Eso se puede hacer cuando se tienen muchos dólares.
Si se pudiera colocar deuda para financiar al Estado, o a las empresas, en grandes volúmenes, uno podría aceptar que se usen las importaciones para ordenar los precios internos. Pero ni siquiera hay condiciones objetivas para usar ese instrumento.
—¿Cómo impacta la nueva guerra comercial global en los planes del gobierno?
—El contexto global le cae al Gobierno como un balde de agua fría; la inestabilidad financiera va a cerrar más todavía los mercados de capitales, y la recesión global va a afectar a nuestro comercio.
—¿Considera que el FMI está condicionando su disposición a prestar US$20.000 millones a que el Gobierno avance con una devaluación o con la salida del cepo?
—No creo que el FMI le esté pidiendo al gobierno que levante el cepo. El Fondo conoce la economía argentina. Levantar el cepo completamente es ir a una hiperinflación en dos minutos. Se puede levantarlo parcialmente si se están acumulando muchas reservas.
Lo que probablemente le va a pedir el Fondo al gobierno es que arme un plan para ir reduciendo los controles cambiarios. El Fondo no necesita otra crisis social en el mundo, y mucho menos en un país bajo programa del Fondo.
—¿Qué efectos podría tener que el FMI demore el desembolso inicial del acuerdo?
—La decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos desordenó políticamente al mundo. Y Argentina no necesitaba un mundo políticamente desordenado.
La discusión, por lo que se ve, es cuánto dinero de libre disponibilidad le va a dar el FMI al gobierno. Después hay que analizar qué entiende el FMI por libre disponibilidad, cómo se desembolsa, pero claramente el contexto global no ayuda.
—Si el Fondo desembolsa el dinero, ¿el gobierno puede usar esos recursos para mantener la brecha cambiaria baja en lugar de acumular reservas?
—No hay forma de saberlo porque no se conoce el detalle de la negociación. Lo que insinúa el gobierno es que va a poder usar esas reservas para lo que quiera. También puede pasar que el Fondo diga: "Te presto esta plata para que hagas esto, pero no la uses para otra cosa".
Las metas que mira el Fondo son el resultado primario y la acumulación de reservas. Ellos tienen una metodología específica para determinar si se están acumulando o no reservas. Y también se preguntan sobre el programa económico para cada trimestre.
El gobierno, indudablemente, puede cumplir la meta fiscal, pero lo que va a ser difícil es el cumplimiento de una meta de acumulación de reservas.
—Se habló mucho de que Trump podría facilitar la relación de Milei con el FMI. Pero hasta ahora, como señalaron Levy Yeyati y Alejandro Radonjic, esa "carta" no se jugó. ¿Considera que el gobierno sobreestimó la importancia del alineamiento ideológico con Trump para lograr respaldo financiero concreto?
—El Gobierno llegó con un paradigma de los años ochenta o noventa. Habla de llegar a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Además, lo que iba a hacer Trump ya fue adelantado en noviembre del año pasado en el "Acuerdo de Mar-a-Lago", publicado por el jefe de asesores económicos del presidente Trump, Stephen Miran, que ya había trabajado en la gestión anterior entre 2017 y 2021. El documento se titula Guía práctica para reestructurar el sistema de comercio global.
Ese documento anticipó que Estados Unidos iba a subir los aranceles. También planteó que la moneda norteamericana tiene que dejar de ser moneda de reserva internacional porque eso revaloriza artificialmente al dólar y le quita competitividad a Estados Unidos.
—El gobierno propone usar los dólares del FMI para recapitalizar el Banco Central recomprando Letras Intransferibles del Tesoro. ¿Le parece una estrategia adecuada para fortalecer el balance del BCRA?
—El balance de los bancos centrales es muy importante porque es un mecanismo de control. Y es fundamental que el balance del Banco Central esté auditado.
En el caso del BCRA, está auditado por su auditor interno, por su propia sindicatura —creada por la Carta Orgánica del Banco—, por la Auditoría General de la Nación y por un auditor privado externo, una de las grandes empresas de auditoría globales.
El resultado anual del balance del Banco Central no tiene el mismo significado que en una empresa privada. Tampoco su patrimonio. El Banco Central de Chile tiene patrimonio neto negativo desde 1997. Y es uno de los ejemplos que da la ortodoxia de buen manejo macroeconómico. Asimismo, la Reserva Federal de Estados Unidos viene presentando resultados negativos en los últimos dos balances.
Los balances de los bancos centrales, desde la crisis del 2008-2009, multiplicaron por diez los activos que tenían. Porque ante la crisis salieron a comprar activos para frenar las corridas.
Y, por ejemplo, cuando el Banco Central Europeo no hizo eso con Grecia, se armó un desastre que casi se lleva puesto al euro. Eso ocurrió con Jean-Claude Trichet. Luego vino Mario Draghi y el Banco Central Europeo compró los bonos cuando el mercado salió violentamente a venderlos.
Por lo tanto, no se puede medir la eficacia del Banco Central por su balance.
Si algún día el Tesoro tuviera superávit fiscal y decidiera recomprar las letras porque le sobra plata, se podría llegar a entender. Pero es una decisión extraña en un país con 38% de pobres y falta de infraestructura.
Comprar las letras intransferibles del Banco Central con deuda del FMI —que es barata en términos relativos, pero no en términos absolutos— es una locura.
—Por primera vez en la historia moderna de la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses van a discutir una agenda local, lo cual rompe el tradicional enfoque nacional del kirchnerismo. ¿Cuáles pueden ser los resultados de Axel Kicillof en este escenario?
—No. La agenda de la provincia de Buenos Aires siempre fue y va a ser nacional, y por eso han tenido tantos candidatos exógenos. Es decir, políticos que no eran del territorio, que pelearon y ganaron la gobernación como Ruckauf, Fernández Meijide, Scioli, Vidal y Kicillof. Todos políticos nacionales, porque el bonaerense está ligado a la política nacional. No creo que el desdoblamiento cambie la agenda en la provincia de Buenos Aires.
Sobre lo demás no me meto en cuestiones políticas sobre las cuales no tengo toda la información que necesito. Lo que sí comparto es que los argumentos técnicos del gobernador para desdoblar son sólidos. No sé si políticamente le conviene o no, que es lo que plantea el otro sector. Pero en CABA, en las elecciones primarias del 2023, el sistema doble de emisión del voto que nadie entendía complicó a Rodríguez Larreta. Me acuerdo de la imagen de Patricia Bullrich diciendo "que no podía votar. Que no podía votar. Que no podía votar".
—¿Por qué considera que, aunque la inflación bajó, vuelve a aparecer como una de las principales preocupaciones en las encuestas?
—Un problema es que la medición de la inflación no capta el ingreso disponible de las familias. Y esto se agudiza cuanto más bajo se está en la escala social. La canasta del INDEC, actualmente, no refleja el consumo real de las familias.
Mucho menos cuando se produce una disparada de precios relativos, como la que hubo entre los servicios públicos y el resto de los componentes de la canasta durante el año pasado. Según la encuesta de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el aumento de la canasta de servicios públicos entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 fue de 429%. El IPC en el mismo período fue de 133%.
—Durante su presidencia en el Banco Central, la inflación fue de 36,1% en 2020; 50,9% en 2021; 94,8% en 2022; y 211,4% en 2023. ¿Advierte diferencias en el enfoque económico de Martín Guzmán y de Sergio Massa y en cómo esas características impactaron en la política monetaria y en la dinámica de precios?
—La mayor parte de la gestión de Massa se desarrolló durante el año 2023, que es el año de la sequía. Massa asumió en julio de 2022. Y si se mira lo que pasó en esa segunda mitad, Massa aplicó algunos ajustes de tarifas. Eso pudo haber generado algo de presión inflacionaria adicional, aunque eran ajustes necesarios.
El gran problema de Massa fue la sequía. El peronismo, durante la gestión de Alberto Fernández, hizo una apuesta a romper la tradición de un año de caída y un año de crecimiento del producto. Esa tradición que venía desde 2011, que mostraba un crecimiento un año y una caída al siguiente, que daba empate en el promedio, la rompe Macri, que cae en 2018 y 2019. Cae dos años seguidos.Y después caemos un tercer año, en 2020, con la pandemia. En 2021 recuperamos la pérdida del 2020. Y en 2022 volvemos a crecer. En consecuencia, Argentina crece dos años seguidos. Se rompe la regla.
Lo que nosotros esperábamos era crecer tres años seguidos. Una economía que logra crecer tres años seguidos empieza a superar los problemas de desbalance entre oferta y demanda que tenía la economía. La idea era volver a crecer en 2023. Y la sequía se llevó puesto ese plan. Perdimos US$ 20.000 millones en exportaciones y el sector agropecuario perdió un cuarto de su producto ese año. Y aun así, la caída del producto fue de 1,6%, porque todo lo demás logramos sostenerlo.
Ahí está la principal diferencia entre Martín Guzmán y Sergio Massa. Durante la pandemia, como el impacto fue global y los indicadores cayeron, nadie podía reprocharle demasiado a Guzmán: era un contexto que afectaba a todos por igual. En cambio, Massa asumió en un escenario complejo, con escasez de divisas y sin pandemia como explicación. Intentó sostener el crecimiento, evitar que se desplomaran la industria y el comercio en 2023. En consecuencia, compararlo con Guzmán y responsabilizarlo por ese contraste no es justo.
—En 2023, ¿hay algo que se podría haber hecho distinto para que la inflación fuera menor?
—Sí, haber provocado un ajuste. De ser así, me hubieras preguntado ¿por qué hubo más gente durmiendo en la calle en Buenos Aires en 2023? Aplicar un ajuste en Argentina, que tiene un 38 % de pobres, es un tema delicado. No es lo mismo que ajustar en Holanda o en el Reino Unido.