La motosierra llega al campo

La motosierra avanza...y seguirá avanzando. 

El presidente Javier Milei despejó cualquier duda sobre el futuro del ajuste en el discurso que pronunció en el AmCham Summit 2026, el evento organizado la semana pasada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. "La teoría económica y la evidencia empírica dicen que lo que tenemos que hacer es mantener el equilibrio fiscal..., seguir con la motosierra. La motosierra no se detiene. En la última reunión de gabinete di la orden espesa de que la motosierra no para", afirmó. 

Ante una recaudación impositiva que ya encadenó ocho meses consecutivos de caída, el gobierno libertario enfrenta cada vez mayores dificultades para mantener el equilibrio fiscal, la piedra basal de su esquema económico. El incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la decisión de no actualizar los subsidios a las empresas de colectivos pese al brusco aumento del precio del gasoil y las demoras en el flujo de fondos hacia las prestadoras del PAMI son algunas muestras de la inflexibilidad -y de las prioridades- del gobierno a la hora de recortar gastos en un contexto de ingresos tributarios a la baja.  

Con la motosierra afilada, los efectos de los recortes ya no se limitan a las áreas que dependen directamente del presupuesto estatal, sino que se van extendiendo a otros sectores. Uno de ellos es el agropecuario. Las salidas de personal especializado, el cierre de agencias y la drástica reducción presupuestaria en organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amenazan con quitarle al sector agrícola herramientas muy relevantes para su desarrollo.

En el INTA, organismo clave por la transferencia a los productores de innovaciones que van desde nuevas variedades de cultivos y métodos de control de plagas hasta tecnologías de precisión que mejoran los rendimientos, los recortes se vienen profundizando. 

La suspensión dispuesta por el gobierno a la reposición de vacantes ante renuncias, jubilaciones o fallecimientos viene contrayendo el personal, tanto el administrativo como el técnico. Ese achicamiento se acelerará con el retiro voluntario en marcha -el segundo en dos años-, una puerta abierta hasta el 31 de mayo por la que técnicos e investigadores con salarios devaluados podrían partir al sector privado. 

En el caso de INTA Pergamino, por ejemplo, el ajuste implicó que la dotación pasara de 225 personas a 200 en dos años. Con menos personal, INTA Pergamino se viene ocupando además de cumplir las tareas de dos agencias de extensión colindantes que cerraron en los últimos dos años. 

"Si sigue la tendencia de no reponer vacantes, hay un límite a la capacidad de poder solapar actividades o de hacernos cargo de agencias de extensión que se van cerrando", dijo a El Economista Horacio Acciaresi, director de INTA Pergamino.

Al cierre de más de 20 agencias de extensión rural en todo el país se agrega el de la Estación Experimental del INTA AMBA, que dejó de funcionar a fines de febrero pasado luego de más de 15 años de trabajo científico y de asistencia técnica a las granjas familiares del conurbano bonaerense. 

"El INTA tiene matices en las diferentes unidades y en el caso de Pergamino, la agencia aporta un fuerte apoyo a los procesos de innovación tecnológica, desde la mejora de variedades, híbridos o material genético de mejor performance hasta la protección de cultivos con una menor carga de herbicidas", dijo Acciaresi. "Sin embargo, de mantenerse un escenario de dos años más en estas condiciones, vamos a tener que replantearnos qué territorios o líneas de trabajos ya no vamos a poder abordar", agregó. 

En el SENASA, un organismo que cumple un rol fundamental en el control sanitario de alimentos y en la certificación de exportaciones, se registran despidos y, sobre todo, retiros voluntarios y renuncias de profesionales ante la drástica caída de los ingresos frente a la inflación. 

• Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el personal pasó de 6.000 trabajadores a fines de 2023 a 4.848 en la actualidad. Eso viene afectando la capacidad del control sanitario, lo que representa una desventaja para las exportaciones argentinas en un mundo en el que crece el uso de barreras sanitarias como estrategia de protección de mercados. 

En tanto, en el INASE, el organismo encargado de garantizar que los productores accedan a semillas de calidad y de proteger los derechos de los fitomejoradores, el escenario es similar aunque a menor escala. El personal pasó de 259 empleados a fines de 2023 a 211 en la actualidad. 

"Estamos con una dotación del 60% de lo que necesita el INASE para cumplir su misión, y lo más grave es que la mayoría del personal que se fue por los bajos sueldos en los últimos dos años son profesionales: ingenieros agrónomos, técnicos de laboratorio y abogados", dijo a El Economista Silvana Babbitt, quien trabajó más de 20 años en el INASE como ingeniera agrónoma y fue presidente del instituto desde septiembre de 2022 a diciembre de 2023. "Se ha ido gente sumamente valiosa y experimentada, y eso no será fácil de reemplazar: formar un inspector, por ejemplo, lleva como mínimo un año", añadió. 

Ese contexto se vuelve aún más acuciante frente a la decisión del gobierno de adherir al convenio UPOV 91, una normativa más estricta que la que rige en la actualidad en materia de defensa de la propiedad intelectual en semillas. Más allá de los debates en torno a ese marco -buena parte de las entidades agrícolas se manifestaron en contra-, el ajuste en el INASE parece avanzar en contra de las intenciones del propio gobierno. 

"Mientras dice que vamos a entrar en el UPOV 91, el gobierno recorta profesionales y recursos en el organismo que controla las semillas; es un contrasentido", dijo Babbitt.

Mal pronóstico

La motosierra también alcanza, y con toda su potencia, al Servicio Meteorológico Nacional. En diciembre de 2023, ese organismo contaba con una planta de 1.162 empleados que fue reducida a 980 en la actualidad. La poda podría continuar incluso con más fuerza este año. "El reciente anuncio de 140 despidos, con proyección a incrementar ese número hasta fin de año en torno a los 250, dejaría al Servicio Meteorológico al borde del colapso operativo, afectando principalmente el registro de observaciones meteorológicas que son insumos fundamentales para los modelos de pronósticos y alertas a corto plazo", dijo a El Economista Juan Rivera, vicepresidente del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM). 

El recorte de personal estuvo acompañado en los últimos dos años por una reducción del presupuesto superior al 40%. Ese tijeretazo viene impidiendo, por ejemplo, el reemplazo de instrumentos meteorológicos y de componentes del centro de cómputos. 

Esos déficits afectan la calidad tanto de las perspectivas climáticas estacionales como de los pronósticos de corto plazo, además del monitoreo de índices agrometeorológicos y de estados de suelos, todas herramientas claves para la planificación de fechas de siembra y cosecha. 

"De acuerdo a estimaciones de diversos estudios internacionales, mejores pronósticos podrían reducir pérdidas por U$S 560 millones anuales asociadas a la variabilidad climática, generando incluso beneficios de hasta U$S 300 millones si se contaran con más estaciones meteorológicas", dijo Rivera. 

"Los grandes centros de pronóstico internacionales proyectan el desarrollo de un evento 'súper El Niño'.  ¿Cómo va a impactar eso en el sector productivo de Argentina? Es una pregunta que un Servicio Meteorológico Nacional diezmado no va a poder responder y eso se traduciría en potenciales impactos negativos para un sector relevante para el PBI del país", agregó. 

La motosierra esgrimida por el Presidente -una imagen rendidora en la campaña electoral- viene generando en la vida real impactos que se van propagando a distintos sectores, entre ellos el agrícola. 

Además del acelerado deterioro de las rutas por la parálisis de la obra pública, lo que dificulta cada vez más el traslado de la producción, el campo sufre otro efecto menos visible pero igual de negativo: la pérdida de herramientas y de controles clave que históricamente aportó el Estado. 

En tiempos de estándares sanitarios, ambientales y de trazabilidad cada vez más exigentes en el mundo, Argentina parece marchar, otra vez, a contramano.  Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar