Ayer, finalmente, se conoció al afortunado ganador del primer sueldo de Javier Milei como diputado. En esta oportunidad se sortearon $205.000 que ahora le pertenecen a Federico Nacarado, un hombre de 40 años que se había anotado en el sitio menos de 24 horas antes.
Sin embargo, a partir del anuncio de este sistema de rifas que, según Milei, implementará todos los meses, la Dirección Nacional de Protección de Datos inició un expediente de oficio el lunes pasado para determinar si se incumplió con la ley 25.326, que contempla la protección de datos personales.
Así lo confirmó la Agencia de Acceso a la Información Pública a La Nación.
El problema surge ya que el sitio web no informa la política de privacidad sobre la base de datos.
Asimismo, ni Milei ni la consultora Rom -quien provee el diseño de la página- se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales de la Agencia antes mencionada. Por otro lado, tampoco se hizo mención del destino de los datos recopilados por medio del sorteo y, por tanto, tampoco se indica cómo los ciudadanos pueden ejercer los derechos de control que la ley les prevé.
Los datos con los que se hizo La Libertad Avanza son nombre, apellido, DNI, correo electrónico, celular y fecha de nacimiento de más de un millón de concursantes. Desde el partido aseguraron que esa información no tendrá otros fines más que de contacto con el ganador.
“La base de datos de Javier Milei no tiene ningún fin comercial y los términos y condiciones fueron diseñados con el espíritu de atender la ley de protección de datos personales. Para ello diseñamos que la base se registre, que haya un contrato de confidencialidad entre Javier y el programador y que los datos estén encriptados. También que la base se destruya una vez consumados los sorteos y que no se utilice para otro fin para el cual la base fue concebida”, comentaron.
No obstante, deben cumplir con las exigencias de la ley para poder garantizar que cualquier ciudadano tenga acceso y pueda suprimir o rectificar los datos, si así lo desea. Por eso, resulta imprescindible que cualquier empresa o persona que manipule información personal de terceros, informe que tiene una base de datos y registre a un responsable.
“Algunos colegas opinaron que hay algún gris en que si la base no tiene un fin comercial no tiene que estar registrada. Nosotros, por prudencia, decidimos registrarla cada vez que se produce el cierre de la inscripción. Algo entendible desde el punto de vista de la factibilidad operativa de cumplir con la norma, por el volumen de gente que está ingresando”, agregaron.
En la medida en que se avance con la investigación y se determine si se cometieron infracciones, se aplicarán las correspondientes sanciones. Éstas pueden ser de apercibimiento, suspensión, clausura o cancelación y, también, multas que vayan desde los $1.000 hasta los $100.000, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Repercusión en las redes
Desde que se anunció que oficialmente se realizaría el sorteo, los usuarios en las redes sociales comenzaron a opinar y la polémica fue escalando cada vez más. Días más tarde, con el anuncio de la investigación, se creó -nuevamente- una grieta.
De un lado están quienes apuntan contra el diputado acusándolo de aprovechar esta situación para hacerse de datos personales de las personas y, del otro lado, están quienes apuntan contra el Gobierno que, una vez más, interviene en cuestiones que benefician a los ciudadanos mientras muchos de sus funcionarios se ven involucrados en polémicas causas.
Sin embargo, fiel a su estilo, el diputado no se vio afectado por los comentarios y, por el contrario, reposteó en su cuenta de Twitter muchas publicaciones en apoyo.
