El plan de privatizaciones, todo listo para acelerar
Luego de un avance casi nulo en la primera mitad de la gestión, el gobierno de Javier Milei apuesta a acelerar en los próximos dos años su plan de privatizaciones. En la agenda para el año próximo figuran las ventas de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Transener, Intercargo, Belgrano Cargas, además de la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) y la licitación de dos corredores viales. Por último, como objetivo mayor, el gobierno apuesta a que, tras la fallida licitación de este año, en 2026 sí se pueda concretar la reprivatización de la Vía Navegable Troncal, la llamada Hidrovía.
Tras la venta de apenas una compañía estatal -Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) pasó a manos de la estadounidense Arc Energy por apenas U$S 27 millones-, la adjudicación de una primera etapa de concesiones de la llamada Ruta del Mercosur y la reciente reprivatización de centrales hidroeléctricas, el gobierno busca imprimirle mayor velocidad a las ventas de activos estatales, un objetivo que, más allá de la retórica libertaria enfocada en reducir al mínimo la participación del estado, responde una cuestión pragmática. "Estos procesos redundan en ingresos frescos de divisas para el Tesoro en algunos casos de magnitudes relevantes, lo que rememora mucho a los años 90, cuando las urgencias de caja por la crisis del Tequila o por la devaluación en Brasil llevaron a que se vendiera, por ejemplo, la participación del estado en YPF", dijo a El Economista Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú. "Sin embargo, a diferencia de la década del 90, los activos para vender hoy no parecen atractivos: salvo YPF, las grandes joyas de la abuela ya no existen".
Aún así, la recaudación por las privatizaciones, por menor que sea, representa un soplo de aire para un gobierno urgido para cumplir con sus compromisos de deuda. De hecho, el Tesoro espera con ansiedad recibir en los próximos días US$ 684 millones por la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, en las provincias de Neuquén y Río Negro. Tres años después de que se vencieran las concesiones, a comienzos de diciembre se concretaron las ventas de esas centrales. De llegar a tiempo, esos fondos se utilizarán para cubrir parte del vencimiento de deuda por U$S 4.216 millones del próximo 9 de enero.
Otro ritmo en 2026
El gobierno buscará darle el año próximo mayor velocidad a los procesos de venta. Eso le permitiría alcanzar dos objetivos en simultáneo: por un lado, cumplir con una de sus promesas de campaña y, por el otro, captar recursos para aliviar la necesidad de adquirir esos dólares en el mercado cambiario ante la imposibilidad de acceder todavía a los mercados de deuda.
Con esa meta, ya en el primer trimestre el gobierno espera concretar la privatización total de Transener -la principal transportadora de energía eléctrica del país- y de Intercargo, la firma que brinda los servicios y logísticos en los aeropuertos. A esas ventas que podrían dejarle al Tesoro algo más de U$S 200 millones se sumarán otras de mayor porte. En esa línea, sobresale en la agenda la privatización de Aysa, la compañía que presta servicios de agua potable y cloacas a más de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del Gran Buenos Aires. La intención es que el traspaso del 90% de las acciones en manos del estado -el 10% restante seguirá perteneciendo a los empleados a través del Programa de Propiedad Participada- se concrete antes de que termine el primer cuatrimestre del próximo año.
Otras ventas apuntan al sector transporte. Luego de haber adjudicado las dos primeras concesiones de la autovía del Mercosur y el puente Rosario-Victoria, el gobierno salió a licitar dos corredores viales: Sur-Atlántico-Acceso Sur, de 1.325 kilómetros, que abarca la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226; y Pampa, de 546 kilómetros, sobre la RN 5 entre Luján y Santa Rosa. También se esperan avances en el segmento ferroviario. La privatización del Belgrano Cargas prevé concretarse en tres etapas: venta por remate del material rodante, concesión de vías e inmuebles y la concesión de los talleres.
Además de esos activos que ya estaban en agenda, el gobierno, con más espalda luego del resultado electoral de octubre pasado, buscará avanzar el año próximo en la venta de otros bienes del estado que parecían blindados hasta hace un par de meses. El ejemplo más evidente es el de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la operadora de las centrales Atucha I, II y Embalse. Antes de las elecciones, buena parte de la oposición estaba trabajando en la elaboración de un proyecto para declarar al sistema nuclear argentino como "bien público estratégico no enajenable", una vía para frenar los planes de privatización del 49% del paquete accionario de NA-SA.
El rechazo de sectores opositores estaba basado en la necesidad de que el estado no se desprenda, entre otros activos, de la información acumulada en el Proyecto CAREM-25, una iniciativa que incluye el diseño y construcción de un reactor nuclear de baja potencia -uno de los primeros de ese tipo en el mundo- por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica. No obstante, esas defensas parecen vencidas ante el momento de mayor fortaleza relativa del gobierno. De hecho, el Ministerio de Economía ya dio inicio formal al proceso de privatización mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. En medio de esa avanzada, es posible que Metrogas, una de las mayores distribuidoras de gas del país en manos de YPF, también se sume a los activos a vender en 2026.
La decisión del gobierno de apurar las ventas es clara. La incógnita ahora es qué tanto interés generarán los activos en carpeta. "Otra diferencia con los años 90 es que no se ve un interés marcado de empresas internacionales", dijo Carbajales. "Lo que se está verificando, por lo menos en energía, es un proceso a la inversa en el que están saliendo jugadores internacionales y esas posiciones las toman empresas locales".
Esa tendencia quedó reflejada en la reciente privatización de las represas del Comahue. En ese proceso mientras avanzaron grupos nacionales como BML Inversora -de MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea-, y Edison Inversiones -una sociedad que lideran los hermanos Neuss-, en cambio se replegaron multinacionales como la estadounidense AES y la italiana Enel. "Con el avance de empresas locales lo que entra en tensión es la capacidad de financiamiento del mercado local, hasta dónde la plaza local podrá apalancar esas compras", dijo Carbajales.
En cualquier caso, el sendero de ventas delineado por el gobierno promete avanzar el año próximo con la reprivatización de la Hidrovía como hito clave. Si bien no se trata estrictamente de una privatización dado que esa vía navegable por donde transita el 75% de las exportaciones agropecuarias y el 90% del tráfico de contenedores del país está concesionada a privados desde mediados de la década del 90, el fracaso del proceso licitatorio del año pasado para seleccionar un nuevo concesionario impidió al gobierno de Milei exhibir ese caso como un modelo para atraer a nuevos interesados en el proceso de venta de activos estatales. Tras la publicación del nuevo pliego de licitación que volvió a excluir implícitamente a compañías chinas al prohibir la participación de firmas controladas, directa o indirectamente, por Estados soberanos, el gobierno apuesta a que la apertura de sobres se concrete en marzo y la firma del contrato sea en mayo.
Todo lo que se pueda privatizar, se privatizará, afirmó Milei dos semanas antes de asumir la presidencia. Luego de una primera mitad de gobierno en que esos objetivos estuvieron lejos de ser alcanzados, la puerta ahora está abierta. "El proceso de privatizaciones va a acelerar por dos razones: hay un gobierno fortalecido después de las elecciones y según cómo salga la agenda de sesiones extraordinarias en el verano, tendrá todo dado para avanzar, como mínimo, en las privatizaciones de las empresas que ya tienen el aval de la Ley de Bases", dijo Carbajales. "Ya no hay escollos para que en 2026 el gobierno acelere el proceso de privatizaciones". Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar