Por Santiago Joel Romero Manoukian Economista
Si bien el sistema financiero exhibe sólidos márgenes de solvencia, con niveles de liquidez manteniéndose en niveles relativamente holgados y determinados elementos específicos de resiliencia, el proceso de corrección de los desequilibrios macroeconómicos existentes en un contexto de recesión económica se encuentra afectando la calidad de las carteras a un ritmo marcado desde niveles históricamente bajos.
La suba y persistencia de tasas elevadas junto con el endurecimiento de las condiciones impuestas por las entidades bancarias desde el segundo trimestre de 2018; la acelerada y marcada contracción en el salario real de la masa salarial, profundizada por la destrucción neta de puestos de trabajo desde septiembre pasado; la significativa pérdida de poder adquisitivo de jubilaciones, pensiones y asignaciones y el achicamiento en el ingreso disponible de las familias derivado de la duplicación en la proporción de los presupuestos destinados a servicios regulados, en un contexto de caída del saldo nominal del crédito, se conjugan para generar un entorno nocivo para el cumplimiento de obligaciones financieras.
Los últimos guarismos dados a conocer por BCRA permiten vislumbrar que en abril el ratio de irregularidad [1] de las financiaciones a los hogares arribó 4,6%, elevándose 47% en el último año y alcanzando así el mayor registro desde febrero de 2010, periodo en el cual la mora venía en caída tras los efectos de la recesión 2008-09. Sumado a esto, al apreciar la trayectoria histórica, se advierte que el diferimiento en los cumplimientos revela oscilaciones en los años recientes, en virtud de la reducida duración de los ciclos económicos, estaría consolidando nuevos pisos, con una manifiesta y sostenida tendencia al alza desde el segundo semestre de 2016.
De esta forma, el registro se mantiene por encima del promedio de los últimos 10 años (3,3%). La desmejora en la calidad de la cartera de consumo (tarjetas y créditos personales) explica mayormente el desempeño negativo, mientras que la morosidad de las financiaciones con garantía real (hipotecarios y prendarios), que poseen una menor participación relativa, exponen una evolución menos adversa, siendo mínima la correspondiente a los hipotecarios UVA. Con respecto a las personas jurídicas, la irregularidad actual en el financiamiento a empresas dentro del sistema financiero más que triplica la vigente en 2018, acelerándose en el margen, afectadas por la contracción nominal en la cartera. El ratio de irregularidad de las empresas arribó en abril pasado al 4%, alcanzando el mayor valor desde junio de 2007 y superando ampliamente el vigente en abril de 2018 (1,1%). A las dificultades en honrar los compromisos crediticios se suma una contracción de la cartera. Cabe recordar que en abril el stock nominal de financiaciones totales en adelantos y documentos se contrajo 15% en relación al mismo mes de 2018. De esta forma, la irregularidad total del sistema sube al 4,2%, más que duplicándose en el último año a abril, situándose en niveles superiores a 2008/09 y por encima del promedio 2005/18.
En suma, la desmejora en las condiciones económicas y financieras continúa evidenciando ostensibles impactos en la calidad de las carteras crediticias del sistema financiero local, con los ratios de irregularidad de los hogares persistiendo en su deterioro y evidenciando una renovada pauta de progresión, al tiempo que con mayor rezago los incumplimientos evidenciados por las empresas presentan una vertiginosa trayectoria ascendente. Al respecto, es menester señalar determinados rasgos del escenario imperante que permiten distinguirlo de contextos previos.
Rasgos salientes
Desmejora en calidad de carteras es mayor que en otras recesiones. En términos relativos a la caída observada en el nivel de actividad económica, la variación porcentual del ratio de irregularidad del crédito al sector privado desde marzo de 2018 a la actualidad resultó mayor a la registrada en experiencias pasadas de recesión (especialmente 2008-2009).
Alteración en la estacionalidad del salario real juega rol clave en el cambio de patrón estacional de la mora. Si bien advertimos que los coeficientes de mora de las familias tienden a empeorar en el primer tramo de cada año, vinculado ello al rezago en la recomposición salarial ante la inflación acumulada, recuperándose en la segunda parte tras el cierre de paritarias, esta propensión no tuvo lugar en 2018 puesto que, a diferencia de los dos episodios previos, las abruptas correcciones cambiarias de 2018 y la posterior volatilidad ocurrieron tras el cierre del grueso de los acuerdos y con aisladas reaperturas posteriores. De esta forma, el ritmo de deterioro punta a punta en 2018 se situó en el 39%, bien por encima del 13% y 16% evidenciados en el mismo lapso de 2014 y 2016, años recesivos en los que a partir de septiembre ya se habían comenzado a advertir mejoras en las condiciones en este sentido. En 2018 el deterioro se sostuvo a lo largo de todo el periodo. Incremento en el nivel relativo de la deuda de los hogares en el contexto de expansión crediticia. Cabe recordar que desde finales de 2016 se observó un sostenido incremento en términos reales del crédito destinado al sector privado, favoreciendo un alza en el indicador el endeudamiento agregado de las familias como porcentaje de la masa salarial formal, que estimamos se elevó desde la zona del 20% a finales de 2015 a algo por encima del 25% en 2018. Asimismo, se destaca la participación creciente del crédito agregado en relación al PIB, alcanzando algo por encima del 16% en 2017 mientras que en 2015 se situaba en la zona del 14%.
Brecha entre mora de familias y empresas, que se había duplicado en el peor momento de la recesión, se reduce ante robusta aceleración en irregularidad en meses recientes. Históricamente se observa que en el corto plazo, ante un desmejoramiento en el escenario económico, el deterioro en las carteras vinculadas a los hogares es mayor que aquellas ligadas a las empresas. Entre 2016 y septiembre 2018 se advirtió una manifiesta tendencia hacia el mayor deterioro en la calidad de los créditos a las familias relativo a lo acontecido en las empresas, llegando en ese último mes al mayor valor desde finales de 2009 (diferencia de 2,3 puntos). La acentuada aceleración reciente en la irregularidad presente en el segmento de personas jurídicas ha devuelto este indicador a los 0,6 punto en abril pasado.
Argentina, un outlier en la región para la cual se prevén mejoras en esta materia. Mientras que las proyecciones para el país vienen indicando futuras desmejoras adicionales en la calidad del crédito, los pronósticos para los países de América Latina van en sentido contrario, con economías tendiendo al crecimiento y mejores y más estables condiciones financieras.
No obstante lo comentado, por el momento los niveles se mantienen bajos y el sistema financiero luce sólido. Los ratios de irregularidad en Argentina continúan siendo relativamente bajos a nivel histórico y en relación al promedio de las economías de la región. Asimismo, el riesgo sistémico se mantiene asimismo reducido, producto de elevados niveles de previsionamiento, liquidez y solvencia de las entidades bancarias, el reducido tamaño del sistema financiero aunado a su escasa complejidad y un nivel de apalancamiento del sector privado acotado y descendente, con una moderada exposición de los bancos al mismo y con una relativa prudencia en la generación de crédito del sector bancario en los últimos dos años. Lo expresado coadyuva a acotar la probabilidad de una amplificación sustantiva de una potencial concreción de riesgos sobre la economía en su conjunto.
Hacia adelante
Se espera que los indicadores de calidad de cartera sigan mostrando cierto deterioro en los próximos meses, aunque de menor magnitud. Las proyecciones indican que la irregularidad total del sistema (hoy en el 4,2%) podría situarse en el 4,5% para fines de 2019, hecho que podría mudar el posicionamiento del país en esta materia. De materializarse dicho escenario, se alcanzaría el mayor valor desde 2006. Esto se explicaría tanto porque la recomposición de los ingresos de las familias y empresas sería gradual, como por cierto rezago temporal con el que algunas entidades financieras ajustarían las clasificaciones de sus deudores. Sumado a esto, dado que el sesgo contractivo del esquema monetario se mantendrá en 2019, se prevé que la reducción de las tasas de interés sea paulatina y se verifique sólo en la medida en la que se sostenga la desaceleración inflacionaria. Por lo pronto, se aprecia una expansión en la probabilidad de default estimada. Esto es, un alza en los indicadores diseñados para captar la eventual transición de los deudores a nivel individual ?según riesgo de incobrabilidad?, y que por lo tanto proveen una estimación de la probabilidad de no pago de los sujetos de crédito. En este sentido, se registran niveles elevados en relación a los valores de los últimos 15 años.
[1] Carteras en situación 3 a 6, de acuerdo con el régimen “Clasificación de Deudores” (BCRA). Comprende a los clientes que muestran alguna incapacidad para cancelar sus obligaciones, con atrasos de más de 90 días.
