El bono demográfico que Argentina está dejando escapar: más mujeres trabajan, pero en la informalidad

Hay fenómenos sociales cuyas consecuencias tardan años en hacerse visibles, pero que cuando emergen reconfiguran la economía de un país durante generaciones. La caída de la natalidad es uno de ellos, y la Argentina lo está experimentando con una intensidad que todavía no terminó de dimensionarse. Lo interesante es que este proceso, lejos de ser unívocamente negativo, abre una ventana de oportunidad que el país, por ahora, está desaprovechando.

El descenso de los nacimientos no es una particularidad argentina, sino una tendencia que abarca a todas las naciones de ingresos medios y altos. La respuesta de buena parte de Europa, junto con Japón, Corea y China, fue desplegar un arsenal de incentivos para que las familias tengan más hijos. Subsidios por nacimiento, ayudas para el cuidado de la primera infancia, licencias parentales extensas e incluso financiamiento de tratamientos de fertilidad forman parte de ese repertorio. El resultado, hasta ahora, ha sido un fracaso persistente. Revertir la decisión de las familias de tener menos hijos demostró ser mucho más difícil de lo que los gobiernos esperaban.

En la Argentina la caída fue abrupta. Entre 2003 y 2015 nacían en promedio unos 737.000 niños por año, mientras que en 2024, último dato disponible, esa cifra se redujo a apenas 413.000. La magnitud del derrumbe es tal que ni siquiera la existencia de prestaciones sociales relativamente generosas logró frenarlo. La Asignación Universal por Hijo, que paga un monto que duplica al de las asignaciones familiares comunes y que se complementa con la tarjeta alimentaria y un refuerzo adicional para madres con niños de hasta tres años, no impidió que la cantidad de beneficios pagados por la ANSES disminuyera año tras año. Ese dato es revelador, porque demuestra que la baja de la maternidad atraviesa todos los niveles socioeconómicos y no se concentra en un sector en particular.

Aquí aparece la cara luminosa del fenómeno. Al tener menos hijos, las mujeres incrementaron su disposición a sumarse al mercado de trabajo. Si se toma el segmento de mujeres de entre 20 y 29 años, entre 2015 y 2025 unas 220.000 se incorporaron a la fuerza laboral, un caudal de talento y energía productiva que en condiciones adecuadas podría impulsar el crecimiento. El problema es qué tipo de empleos encontraron al llegar.

La respuesta, según los datos de la encuesta de hogares del Indec, es desalentadora. De esas mujeres jóvenes que ingresaron al mercado, alrededor de 140.000 se ocuparon como asalariadas privadas no registradas, es decir, en empleos en negro. Otras 130.000 se volcaron al trabajo por cuenta propia, una categoría que en este segmento suele esconder changas y ocupaciones de subsistencia. Y lo más elocuente de todo es que, en el mismo período, la cantidad de mujeres jóvenes empleadas como asalariadas formales no solo no creció, sino que se redujo en 50.000. Dicho de otro modo, toda la incorporación de mujeres jóvenes a la fuerza laboral se canalizó hacia la informalidad, mientras el empleo formal para ese grupo retrocedía.

Esa combinación diluye la buena noticia. Que más mujeres quieran trabajar es un avance social y económico de primer orden, pero ese impulso choca contra una demanda de empleo por parte de las empresas que se encuentra muy debilitada. Cuando la economía no genera puestos de calidad en cantidad suficiente, la mayor oferta laboral termina absorbida por el sector informal, donde los salarios son más bajos, no hay protección social y las posibilidades de desarrollo profesional son escasas. El entusiasmo por la creciente participación femenina se topa, así, con la dura realidad de un mercado laboral que no está a la altura de la oportunidad.

Y la oportunidad es genuinamente grande, porque la caída de la natalidad genera lo que los demógrafos llaman el bono demográfico. Se trata de una ventana temporal en la que aumenta la proporción de personas en edad activa, de los 20 a los 60 años, en relación con quienes están en edades inactivas, niños y adultos mayores. Con una mayor porción de la población en condiciones de producir, se dan las circunstancias ideales para elevar el nivel de bienestar general y, sobre todo, para acumular la riqueza que financiará la etapa siguiente, la del envejecimiento poblacional. El detalle decisivo es que ese bono tiene fecha de vencimiento. Dura un tiempo acotado y, una vez que se cierra, no vuelve a abrirse.

De ahí la urgencia. Si el país no crea las condiciones para que esa mayor oferta de mano de obra se inserte en empleos de calidad, el bono demográfico se desperdicia. La mejora del bienestar presente será mucho menor que la posible, y peor aún, se acumulará un pasivo para el momento en que la población envejezca y haya menos trabajadores activos sosteniendo a más pasivos. Desaprovechar esta ventana no es un costo que se paga hoy, sino una hipoteca que se transfiere al futuro.

¿Qué hacer para no malgastar la oportunidad? 

El camino pasa por consolidar el ordenamiento macroeconómico y mejorar la calidad de las instituciones, sin lo cual ninguna mejora laboral resulta sostenible. En el plano específico del trabajo, resulta clave avanzar en una reforma laboral que descentralice los convenios colectivos y que resuelva temas largamente pendientes. 

Entre ellos sobresalen dos. Por un lado, reducir la litigiosidad asociada a los accidentes y enfermedades profesionales, que opera como un desincentivo a la contratación formal. Por otro, establecer un mínimo no imponible para las contribuciones patronales, una medida que abarataría el costo de registrar empleo. Ambas apuntan al mismo objetivo, que es motorizar un proceso masivo de formalización en las micropymes, que es justamente donde se concentra el grueso del empleo informal. A ello se suma una tarea de fondo ineludible, que es mejorar de manera sustancial la calidad educativa en los niveles básicos.

La conclusión es a la vez esperanzadora y exigente. La caída de la natalidad plantea desafíos serios, pero también ofrece una oportunidad concreta en la forma de más mujeres dispuestas a trabajar y de una estructura poblacional momentáneamente favorable. Esa oportunidad, sin embargo, se está dejando escapar por la incapacidad de generar empleos de calidad en la escala necesaria. Mantener el mercado laboral en sus condiciones actuales, por inercia o por temor a las reformas, equivale a hipotecar de manera irreversible el futuro de una sociedad que envejece a paso firme. La ventana está abierta, pero no lo estará para siempre. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar