“Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas” (Res. 1514 XV de la ONU, 14/12/1960 inc. 6).
No parece entenderlo así el Reino Unido de Gran Bretaña, que ha hecho oídos sordos a todas las resoluciones mientras que los reclamos diplomáticos argentinos apoyados internacionalmente, como el recibido el pasado 21 de octubre en la ONU, resultan necesarios, pero insuficientes.
Sabemos que en 1965 la ONU dictó la Res. 2065 (XX) reconociendo la disputa entre Argentina y el Reino Unido respecto a Malvinas y los instó al diálogo, pero ya pasaron 56 años de monólogo y cooperación unilateral argentina y 45 años de avance territorial y de explotación británica.
Unos pocos argentinos que desconocen resoluciones, la Constitución y las cuestiones geopolíticas, económicas, jurídicas e históricas opinan que el Gobierno de Argentina debe tener en cuenta la opinión de los isleños, a pesar de solo tratarse de habitantes británicos implantados en Malvinas.
En los últimos tiempos, Sabrina Ajmechet de Juntos puso en duda que las Malvinas sean argentinas; Patricia Bullrich sugirió que podrían haberse cambiado Malvinas por vacunas y Marcelo Kohan prometió a los isleños “un plebiscito sobre la soberanía” (Infobae, CARI, 2018), con la particularidad que este último hoy pertenece al Consejo Nacional de Malvinas.
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Con las opiniones de personajes que tienen una gran exposición pública y la instrumentación de políticas erróneas, erráticas o ausentes, se ha provocado la más grande pérdida territorial de la Historia Argentina, desde la independencia nacional.
El 23 de septiembre de 1973, el Frejuli ganó las elecciones con la fórmula Perón-Perón obteniendo el 61,85% de los votos y, como producto de las gestiones diplomáticas de ese Gobierno, el 1° de diciembre de 1976 las Naciones Unidas aprobaron la Res. 31/49, en base a las Res. 1514 (XV); 2065 (XX); la 3160 (XXVIII) y, teniendo en cuenta, la Declaración Política de la Conferencia de los Países no Alineados (Lima, 1975) donde, en especial, se instó a los gobiernos a “?abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales?”, cuestión que el Reino Unido violó sistemáticamente.
Los resultados de la acción argentina y británica están a la vista: en 1976, al dictarse la Res. 31/49 de la ONU, la disputa se limitaba a Malvinas (11.410 kilómetros cuadrados y tres millas marinas alrededor).
En 1989/90, por los Acuerdos de Madrid, se incorporaron las Georgias y Sándwich del Sur y el Reino Unido consideró, con ese acuerdo, haber dado fin a la disputa. Hoy ocupan 1.639.900 kilómetros cuadrados del territorio marítimo, nos disputan 1.430.367 kilómetros cuadrados de la plataforma continental y 965.597 kilómetros cuadrados de la Antártida Argentina.
Especialmente desde los Acuerdos de Madrid, el Reino Unido otorga licencias pesqueras a empresas que capturan 250.000 toneladas por año, por un valor de unos US$ 1.000 millones. Se forman sociedades mixtas española-británicas que, desde 2021, 51% de sus acciones deben estar a favor de los isleños. En un par de años las empresas que operen en Malvinas tendrán “apariencia británica”. En 45 años las empresas extrajeron 11 millones de toneladas de productos pesqueros por un valor de US$ 45.000 millones. Desde 1976 más de 350 buques extranjeros capturan un millón de toneladas de recursos pesqueros migratorios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
El paso de las décadas
Durante la década de 1980, la Cancillería rechaza en 1981 la propuesta británica de “congelar por un determinado plazo la cuestión de la soberanía?”; oferta que hizo suya “sin vencimiento” Dante Caputo en 1987 y Domingo Cavallo cerraría los Acuerdos de Madrid en 1989/90, bajo la “fórmula del paraguas”.
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Desde 1983 se inicia un proceso de desmalvinización, desculturalización que facilita a los británicos el inicio de una serie de procesos ruinosos para el país. En 1985 el Reino Unido inaugura un nuevo Aeropuerto en Malvinas para facilitar las operaciones militares y en 1986 Caputo concreta los “Acuerdos Marco” con la URSS y Bulgaria con la intensión fallida de que sus buques pesquen en el área de Malvinas.
Como respuesta, el Gobierno ilegal de las islas crea la Zona Provisional de Conservación (FICZ), que prohíbe la pesca argentina 150 millas en torno a Malvinas, además de reivindicar la ZEE de 200 millas. El mismo año se crea la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (ZPCAS) con participación de todos los Estados con ZZE en el Atlántico Sur. Pese a ello el Reino Unido incrementa su armamento en las islas y la explotación de los recursos.
En la década del 1990, se firman en 1898/90 los Acuerdos de Madrid I y II que confirman la “fórmula del paraguas”, la entrega de la pesca y las restricciones militares. En 1990 Cavallo firma el “Acuerdo del Gallinero”, de conservación conjunta de la pesca, facilitando al Reino Unido el otorgamiento de licencias.
En 1991, delimita las Líneas de Base y allana al Reino Unido la limitación en Malvinas. En 1993 éste amplía su ocupación hasta 200 millas alrededor de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur y, en 1994 se apropia de 1.400 kilómetros cuadrados al noroeste de Malvinas, que denomina “GAP”, para proteger sus capturas de calamar.
Ambos gobiernos, en 1995, acuerdan una investigación pesquera y el Reino Unido obtiene una información vital para otorgar licencias pesqueras. En 1996, el secretario Andrés Cisneros muestra como exitoso el acuerdo que normaliza las relaciones con Inglaterra y donde Argentina no limita la ocupación territorial ni la explotación pesquera. En 1998 se firma un “Convenio de Cooperación Militar” que, en lugar de reducir la presencia militar británica, se instala la mayor base de la OTAN del Cono Sur y se mantiene la obligación de informar los movimientos militares argentinos.
En 1999, Cisneros acuerda combatir los “buques sin licencias británicas”, una de las mayores cooperaciones unilaterales argentinas en favor de la economía isleña.
Durante la década del 2000, la Ley 25.290 aprueba, en el año 2000, el llamado Acuerdo de Nueva York (1995), que -de ratificarse- pondría en manos de los Estados de Bandera a través de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) el control de las especies migratorias argentinas, habilitando al Reino Unido para intervenir en la administración del Atlántico Sur, violando la Constitución Nacional. En 2005 se incluye, a Malvinas, Georgias, Sándwich y la Antártida como Territorios Británicos de Ultramar en la UE y los británicos otorgan licencias de pesca por 25 años en Malvinas.
En la década del 2010, el Reino Unido inicia (en 2011) las exploraciones petroleras en Malvinas y, crea la reserva “Blue Belt”, la más grande del mundo con 1.070.000 kilómetros cuadrados (tres veces más grande que Gran Bretaña) alrededor de Georgias y Sándwich del Sur, incluidos 20.000 kilómetros de dentro del área de la Convención para la Conservación de los Recursos en la Antártida. En 2012 el director ilegal de Pesca de Malvinas declara: “Sin la pesca los malvinenses no podrían haber subsistido”. En 2016 el Pacto Foradori-Duncan declara “adoptar las medidas para remover los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas”, que facilitaría la pesca y los vuelos a San Pablo desde Malvinas.
En el 2016/17, la Comisión de Límites (CLPC) aprueba el informe argentino, que recomienda solo 351.633 kilómetros cuadrados y deja sin tratar 1.430.367 kilómetros por entender que son espacios disputados con el Reino Unido. En 2019 se otorga a empresas británicas la explotación petrolera offshore que consolidan la presencia británica en el área.
En 2020 se crea por ley 27.558 una Comisión integrada con legisladores, académicos y veteranos de guerra, entre cuyos miembros, hay quién tiene una posición alejada a la establecida en la Constitución. Sancionada la Ley 27.564 para aumentar las multas a la pesca ilegal, hasta la fecha no se han aplicado a los buques que operan en Malvinas o a la captura de las especies migratorias argentinas.
En 2021 se produce el Brexit y la salida de Malvinas de la UE. Sin embargo, a instancias de España, los productos de Malvinas siguen ingresando a Europa sin aranceles. Se construye el puerto en Georgias y se anuncia la construcción de otro en Malvinas que se constituirá en el epicentro de las operaciones del Atlántico Sur y la Antártida. Uruguay y Chile dan apoyo logístico y portuario a Malvinas.
La información precedente demuestra la grave violación del Reino Unido de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas y la necesidad de nuevas estrategias de Argentina.
