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Debate

Déficit informativo generalizado

¿Se suponía que la tendencia global de “estiramiento” de la cocaína no iba a afectar al mercado de drogas ilegales en Argentina? ¿Acaso se conocía?

Déficit informativo generalizado
Déficit informativo generalizado
Eduardo R. Ablin Eduardo R. Ablin 16-02-2022
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El conocimiento sin reflexión es inútil. La reflexión sin conocimiento es peligrosa.

Proverbio chino

Pareciera que hacía falta más de una veintena de muertes y una potencial crisis sanitaria de magnitud para que el país tomara conciencia del enorme consumo de drogas peligrosas en nuestro medio, que cruza todas las clases sociales.

Careciendo de audacia para conjeturar sobre disciplinas decididamente ajenas a mi conocimiento, y aún ante el pudor que genera apelar a citas autoreferenciales, me permito señalar que en la propuesta que he lanzado recientemente al debate público introduje entre los cinco problemas más graves que enfrenta nuestro país el “avance del crimen organizado en torno del narcotráfico”, como resultado de los crecientes niveles de drogadicción y sus implicancias vinculadas con la seguridad pública (ver “Un Programa para la República Argentina”, El Economista, publicada el 6 de enero 2022).

Prueba de la carencia de información fidedigna al respecto es que el último informe oficial que intentó estimar el volumen de tráfico y consumo local de cocaína y marihuana, producido por la luego disuelta Subsecretaría de Lucha Contra el Narcotráfico, data de 2017.

La ilegalidad de la actividad convierte inevitablemente a los cálculos alcanzados en imprecisas aproximaciones, presumiéndose que el consumo doméstico de drogas ilícitas en dicho año rondaba los US$ 1.100 millones, de los cuales US$ 500 millones correspondían a la marihuana, que duplicaba aproximadamente las ventas de cocaína (US$ 250 millones).  

Habiéndose evaluado que un usuario promedio recurría en aquel entonces a 8,4 gramos mensuales de cocaína (100 gramos al año), se computaron 132.000 consumidores consuetudinarios de cocaína y más de un millón de marihuana.

Asimismo, dicho informe estimó que entre 2016 y 2018 el valor de la cocaína comercializada al por menor había registrado un aumento del 300%, aunque manteniendo un nivel de pureza relativamente estable con posterioridad a su dilución (“estiramiento”), sin recurrirse localmente a sustancias inusuales a tal efecto, aunque a nivel internacional se comenzaba a registrar un desplazamiento de su consumo -esencialmente por el incremento de su precio- por las denominadas “nuevas sustancias psicoactivas” o “drogas sintéticas” (NSP por sus siglas en inglés), en su mayoría de naturaleza opioide, entre las cuales se destacaba el “fentanilo” y sus precursores, que pasaron de representar 2% del total de NSP identificadas en 2014 a 9% en 2018.

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) calculó que en 2018 los consumidores de drogas entre 15-65 años de edad concentraron a nivel mundial 270 millones de personas -5,3% de la población en dicho segmento etario- conllevando transacciones entre US$ 400.000 y US$ 600.000 millones anuales, con amplias variaciones según los mercados.

En efecto, se estimó que en EE.UU. el gasto en drogas ilícitas ascendería al 0,7% del PIB, mientras que en la Unión Europea (UE) alcanzaría sólo al 0,2%, y el estudio local antes citado consignaba para nuestro medio 0,1% del PIB, porcentaje que ciertamente se ha ampliado por el sustantivo incremento del consumo desde el inicio de la pandemia (estimado hasta en 5 veces) en un contexto de estancamiento económico, presumiéndose que podría haberse aproximado al nivel de EE.UU.

Si así fuera, Argentina se ubicaría en el noveno lugar entre los países de mayor consumo de cocaína per cápita a nivel mundial, con niveles de prevalencia mensual del 1% (que ya se habían incrementado 130% entre 2010 y 2017) para el rango de 12-65 años (19 millones habitantes), sólo superado en el continente americano por EE.UU. y Uruguay.  

De esta forma, el consumo de US$ 1.100 millones estimado en 2017 (de los cuales la mitad derivaría de la cocaína) se habría expandido sustantivamente (tal vez duplicado).

Tales cifras permiten dimensionar el poder de las bandas criminales -integradas mayormente en nuestro país por clanes familiares- y sus continuos enfrentamientos violentos entre grupos que se disputan el dominio del territorio en las grandes urbes donde ejercen su actividad de distribución y venta, que las fuerzas policiales y la Justicia federal no han logrado desarticular, como evidenciaran una vez más los hechos recientes en nuestro medio.

Al respecto, transcurrida una semana de investigaciones en el ámbito judicial sorprendía que los toxicólogos oficiales no hubieran logrado determinar la sustancia contaminante de un importante lote de cocaína causante de 24 muertes y más de 80 intoxicados.

Sin embargo, algunas hipótesis médicas apuntaron a la posibilidad de una vinculación con el “fentanilo”. Al respecto, los toxicólogos de la Procuración bonaerense señalaron que el fentanilo resulta una sustancia nueva y poco habitual en el país, hasta el presente más difícil y cara de obtener localmente que la propia cocaína, por lo que no integra el radar de las fuerzas de seguridad, no acostumbrándose su “búsqueda”, aun cuando existirían reactivos que permiten detectar su presencia en otras drogas.

Así, a diferencia de EE.UU. -donde se receta a pacientes con dolores intensos- en Argentina prácticamente no se comercializa en farmacias siendo sólo administrada en el ámbito hospitalario. Sin embargo, su aparición se registró por primera vez en la provincia de Buenos Aires en abril de 2014, secuestrándose 45.000 dosis de “citrato de fentanilo”, cuyo origen no pudo determinarse, siendo recién incluido en 2019 -con sus variantes- entre las sustancias controladas por la Sedronar y las fuerzas de seguridad.

El “fentanilo” es un poderosísimo opiáceo sintético, entre 25 y 50 veces más potente que la heroína así como 50 a 100 veces más fuerte que la morfina, que opera sobre receptores en áreas del cerebro pudiendo incluso provocar la muerte.

Su uso medicinal comenzó en los años '60 como un anestésico intravenoso, convirtiéndose a partir de 2015/16 en un dramático problema para las autoridades de EE.UU., al quedar asociado a una creciente ola de víctimas vinculadas a la drogadicción con cocaína, atribuyéndosele, según el Centro para la Prevención y Control de las Enfermedades (CDC) de dicho país, más de 100.000 muertes por sobredosis entre mayo de 2020 y abril de 2021, dato difundido en un informe de la comisión sobre el Combate al Tráfico de los Opioides Sintéticos del Congreso en Washington.

Complementando dicho reporte una investigación de The New York Times de septiembre de 2020 recordó que desde 2016 varias ciudades de EE.UU. han informado brotes de muertes por sobredosis de cocaína mezclada con fentanilo, paralelismo que podría contribuir a explicar el episodio reciente registrado en el conurbano bonaerense.

En efecto, la preocupación de EE.UU. respecto del fentanilo surgió hace ya años, quedando reflejada al inicio de la “guerra comercial” iniciada por la Administración Trump en 2018 al intentar limitar el ingreso de diversos productos provenientes de la República Popular China (RPC).

Así, a lo largo de las gestiones negociadoras destinadas a detener el conflicto comercial, EE.UU. insistió en obtener un compromiso por parte de la RPC -durante varios años, principal proveedor de fentanilo a nivel mundial, y en particular al mercado de EE.UU.- para controlar e impedir el envío del mismo a su territorio.  

Así, como señal de la disposición de la RPC a formular concesiones, el acuerdo bilateral de enero de 2020 denominado “Fase I” incluyó un anuncio de la prohibición de exportación de fentanilo, plasmado en el artículo I.19 del mencionado convenio, relativo a las “exportaciones de bienes falsificados con riesgos para la salud y seguridad”.

Para dimensionar la relevancia atribuida por EE.UU. a la obtención de tal compromiso cabe recordar que la Subsecretaria para Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado, Kirsten Madison, manifestó en septiembre de 2018 que “China constituía la fuente principal de drogas sintéticas ilícitas" dirigidas al mercado de EE.UU., destacando que según datos del Departamento de Justicia existían en ese entonces al menos 5.000 sitios en la RPC donde se producía ilegalmente fentanilo, sustancias alternativas a la droga o los componentes para elaborarla -conocidos como “precursores”- dada la alta rentabilidad de la actividad.

Así, según dicha fuente elaborar un kilo del opioide promediaba un costo de USS 32.000, permitiendo obtener un millón de dosis, que en EE.UU. alcanzaban un valor de US$ 20 millones.

Por su parte la Comisión Nacional de Control de Narcóticos de la RPC (NNCC, por sus siglas en inglés), ofrecía difusas informaciones relativas a la lucha contra los fabricantes y exportadores locales -teóricamente sometidos a un régimen de licencias- sin evidenciar éxitos destacables.

En efecto, no se requiere ser economista para deducir que cualquier producto sintético que alcanza una escala productiva determinada se abarata sustantivamente, comprobándose en EE.UU que las píldoras expedidas con receta médica resultaron progresivamente más difíciles de obtener -al punto de surgir un mercado de falsificación de las mismas- comenzando, por ende, los traficantes a mezclar cada vez más el fentanilo en el suministro de cocaína.

En cualquier caso, la presunción local sobre la eventual presencia de fentanilo en la cocaína comercializada surgió a partir de la reacción favorable de pacientes internados a la naloxona, antídoto contra intoxicaciones con opioides que médicos lúcidos se arriesgaron a suministrarles.

Finalmente, una investigación privada auspiciada por un programa televisivo -aparentemente recurriendo a tecnología más avanzada que la disponible en el ámbito judicial- determinó que la sustancia causante de lo acontecido habría sido la “piperidina”, precursor de la fórmula del fentanilo.

Por su parte, 48 horas más tarde de la información señalada la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado indicando que dos estudios periciales independientes -con la colaboración del Laboratorio de la Cátedra de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA- concluyeron que la sustancia utilizada para estirar el clorhidrato de cocaína comercializado en el Gran Buenos Aires fue “carfentanilo”, opioide extremadamente potente y más costoso que el fentanilo, utilizado en medicina veterinaria para sedar animales de gran porte.

Al respecto, en EE.UU. se presume que el avance de estas mezclas deriva de que los traficantes habrían comenzado a sufrir problemas de abastecimiento originados en los controles introducidos por el “Acuerdo de Fase I”, así como con motivo de la disrupción en el transporte generado por la pandemia, que ha afectado a innumerables rubros de importación con el subsecuente aumento de precios.

Por ello, en 2021 se comprobó en EE.UU. un mayor recurso al fentanilo -más barato y de fácil obtención- para el “corte” de la cocaína a efectos de su comercialización, conllevando una alteración peligrosa causante de una serie de sobredosis de dicho origen entre personas acostumbradas a consumir cocaína en su forma tradicional.

Asimismo, el creciente consumo constatado a nivel global a partir de la pandemia, al que nuestro país no ha resultado ajeno, habría redundado en un deterioro a nivel global de la calidad de la cocaína de base utilizada para ser “rebajada”, incentivando estas transformaciones.

En cualquier caso, como corolario del compromiso introducido en el “Acuerdo de Fase I” los exportadores ilegales de fentanilo de la RPC se asociaron con los “carteles” mexicanos para facilitar el ingreso de la mercancía por vía de dicho circuito a EE.UU., trasladándoles luego parcialmente la producción de opioides sintéticos, que los traficantes mexicanos más experimentados no sólo introducen en EE.UU. sino cuya distribución extendieron a América Central, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, e inclusive Argentina al punto de haberse convertido en uno de los negocios más redituables de estos grupos organizados.  

De esta forma cabría intentar dilucidar si, por ignorancia o impericia, los traficantes locales del Gran Buenos Aires mezclaron ya fuera el carfentanilo o la piperidina para lograr el “estiramiento” de la cocaína, intentando reproducir las tendencias registradas en EE.UU. y México con un resultado letal.

A esta altura cabe preguntarse cómo se explica que la Justicia ni ningún organismo público se encontraran al corriente de este flujo informativo de naturaleza pública sobre desarrollos que se están verificando internacionalmente hace al menos un lustro, y que constituyen uno de los desafíos más urgentes que el país confronta desde el punto de vista legal, de la salud pública, y de la seguridad nacional.

  • ¿Suponían acaso que este proceso global no iba a afectar al mercado de drogas ilegales en Argentina?
  • ¿Pueden efectivamente los fiscales actuantes en casos de narcotráfico, la policía y demás fuerzas de seguridad, la Agencia Federal de Informaciones (AFI), la Cancillería, y la comunidad científica en materia toxicológica desconocer mínimamente estas transformaciones que se vienen corroborando hace ya años al menos en los EE.UU. y México?
  • ¿Es este un signo del aislamiento informativo global de Argentina?
  • ¿Cómo podrá combatirse el narcotráfico si ni siquiera se cuenta con un flujo informativo amplio y confiable?

O cabrá rememorar la tesis de un exministro de Salud ante el estallido del Covid-19 en Wuhan (RPC) señalando que "no había ninguna posibilidad de que existiera un caso en la Argentina salvo que fuera importado…y estamos muy lejos, por lo que la probabilidad de que la enfermedad llegara al país era muy baja”.

Principio algunas semanas más tarde complementado por "yo no creía que el coronavirus iba a llegar tan rápido, no creía que iba a llegar en verano, nos sorprendió, yo creí que iba a llegar un poco más tarde, esa es la verdad”.

¿Por qué sorprenderse por lo acontecido?  Si este es el nivel informativo, y por ende el aporte básico a las probabilidades predictivas, en un plano tan específico y significativo para la población como el narcotráfico, cabe asimismo preguntarse por analogía si el Señor Presidente conoce los detalles legales a que están sujetos los créditos otorgados por la RPC bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), habiendo suscripto al menos 13 proyectos en dicho marco durante su visita a Beijing la primera semana de febrero.

¿Conocerá el Embajador Sabino Vaca Narvaja, capaz de recitar en chino al Presidente Xi Jinping un lema maoísta de época, las condicionalidades de dichos créditos?  

Un artículo  previo (ver “Cabalgando la Carta China”, El Economista, de 2021) reseña algunas de las cláusulas más significativas que asumen los países tomadores de créditos chinos en el marco de la IFR y sus implicancias.

Todos los países deudores en el marco de la IFR presentan elevado riesgo crediticio, pudiendo preverse que muchos podrían enfrentar severas dificultades para el servicio de dicha deuda en el período 2021-2024, situación que la política exterior de la RPC aprovecha en su beneficio para extraer objetivos geopolíticos en los mismos.

En ese sentido cabría sugerir a las autoridades que revean las repercusiones -ante la imposibilidad de cumplir vencimientos de créditos chinos- que dieron lugar al  surgimiento en Yibuti de la primera base naval de la RPC fuera de su territorio, o lo acontecido con el Aeropuerto Internacional de Entebbe en Kenya, y más recientemente con el puerto de Hambantota en Sri Lanka.  

Las implicancias de desinformación en este campo resultan inconmensurables por sus potenciales consecuencias para el país.

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