10 julio de 2025
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El Gobierno nacional, a través del Decreto 464/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, extendió la intervención de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada del mantenimiento y operación de rutas nacionales, mientras se avanza con la licitación y posterior privatización de las rutas nacionales.
Esta decisión del Poder Ejecutivo se da en el marco de una serie de cambios en la estructura vinculada al transporte, tras la reciente creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que asumirá tareas clave en materia de fiscalización.
En ese sentido, el decreto establece la continuidad en su cargo de la interventora Anastasia María de los Ángeles Adem, y le otorga al Ministerio de Economía la potestad de dictar normas complementarias para llevar adelante la decisión.
La intervención, que se inició en abril último mediante el Decreto 244/2025, se justifica en la necesidad de completar un complejo proceso de reorganización y traspaso hacia el sector privado.
Tal como lo señala el Decreto 97/2025, la privatización de Corredores Viales S.A. se realizará mediante concesiones de obra pública bajo la modalidad de peaje.
El citado decreto, que lleva las firmas del Presidente Javier Milei y el Ministro de Economía Luis Caputo, fundamenta la prórroga en la detección de graves deficiencias estructurales y administrativas dentro de la compañía, que incluyeron problemas en las áreas de compras, contrataciones, gestión legal y de capital humano.
Entre las acciones ya implementadas se destacan un nuevo organigrama, la creación de un Comité de Inversiones y la normalización del área legal.
Según el Gobierno, estas mejoras requieren ser consolidadas en el tiempo para garantizar una transición ordenada hacia el nuevo esquema de gestión vial. La intervención, por lo tanto, se mantendrá hasta completar el proceso establecido por la normativa vigente.
Estos cambios forman parte de una reestructuración del sistema nacional de transporte que incluye la disolución o reestructuración de organismos como la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Tras el cierre de Vialidad, la nueva Agencia de Control asumirá la fiscalización de concesiones viales, contratos, acuerdos de operación y permisos tanto en el transporte automotor (urbano y suburbano) como ferroviario, abarcando cargas y pasajeros. Por su parte, el Ministerio de Economía absorberá competencias clave como el diseño, ejecución y mantenimiento del sistema troncal de rutas nacionales y obras complementarias.
La recientemente creada Agencia gestionará el planeamiento y control de concesiones viales federales, reemplazando el rol que cumplía la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones de Vialidad. También se anunció la conformación de un Consejo Vial Federal que trabajará en conjunto con las provincias en materia de obras de infraestructura.
Finalmente, las tareas de la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial fueron reasignadas a la Subsecretaría de Transporte Automotor, que ahora tendrá un rol central en la coordinación del tránsito vinculado al transporte interjurisdiccional de pasajeros y cargas, además de asesorar al Ejecutivo en materia normativa.
"La inversión en caminos y rutas no representa un gasto"
La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) manifestó su "profunda preocupación" ante la decisión del Ejecutivo de disolver la Dirección Nacional de Vialidad.
"La eliminación de este organismo técnico con casi un siglo de trayectoria en la obra pública afecta la capacidad del Estado para planificar, licitar y controlar proyectos viales de forma eficiente y transparente. Vialidad Nacional garantizó durante décadas una mirada federal sobre la infraestructura del país, con equipos profesionales formados para llevar adelante obras en todas las regiones", advirtió la entidad, que engloba a las principales compañías del sector en el país.
La central empresarial alertó que "el traspaso de las funciones de Vialidad al Ministerio de Economía y a la Gendarmería Nacional genera una fuerte incertidumbre. Hay preocupación por la continuidad de obras estratégicas, el impacto en el empleo y la afectación de la articulación público-privada que durante décadas sostuvo el desarrollo de la infraestructura vial".
"El mantenimiento de la red federal, particularmente de los más de 30 mil kilómetros que no se concesionarán al sector privado, constituye una seria preocupación por el importante impacto en la producción y logística y, sobre todo, en la vida cotidiana de miles de argentinos", dijo CAMARCO.
Sostuvo que "la inversión en caminos y rutas no representa un gasto, sino una herramienta para crecer, generar trabajo y fortalecer el entramado productivo nacional. Por eso, pedimos a las autoridades abrir instancias de diálogo con una mirada estratégica".
Asimismo reafirmó su "disposición a trabajar junto al Estado en el diseño de políticas que garanticen obras sostenidas en el tiempo, con reglas claras y una visión federal del desarrollo", a la vez que advirtió que "el país necesita previsibilidad para seguir generando empleo, inversión y crecimiento en todo el territorio".
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