El recorte de impuestos impulsado por la reforma integral que quiere llevar adelante el presidente Javier Milei desató polémicas e instaló discusiones en torno a la necesidad de bajar costos que alimentan lo que el mandatario llama "la casta".
Uno de ellos tiene que ver con lo que sucede a la hora de patentar un vehículo 0km o bien transferir un usado, por lo que distintos legisladores posaron la lupa sobre la operatoria de los Registros Automotor, por lo que se propuso su eliminación en distintos proyectos.
Ahora, son los concesionarios de autos usados los que decidieron dejar en claro su postura y remarcar que el alto costo de las transferencias se debe no los aranceles sino a la carga impositiva que conllevan estos trámites de acuerdo al distrito donde se realizan, y que es potestad de los gobiernos provinciales y municipales hacer algo por revertir esta cuestión.
Las entidades que agrupan a las agencias señalan que el aumento total de los aranceles para concretar el trámite de la transferencia de un automotor durante "el período 2022-2023 fue del 96,38%, habiendo sido el IPC de ese período casi del 300%".
El comunicado dado a conocer este jueves, señala:
Ante versiones dadas a conocer sobre el costo de la transferencia de automotores en el país, se reunieron Alberto Príncipe presidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) y Alejandro Lupo, titular de la Federación Argentina de Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina (FACCARA).
Ambas instituciones que representan en Argentina a más de 3.000 empresas, consideraron importante informar a la opinión pública que, en la transferencia de los vehículos usados, el costo de los aranceles registrales no superan en ningún caso, el 2% del valor del auto en todo el país.
En el año 2022 los aranceles tuvieron un aumento del 40,62% y en 2023 un 55,76%. El aumento total en el período 2022-2023 fue del 96,38%, habiendo sido el IPC de ese período casi del 300%.
El resto de los conceptos que integran el costo de una transferencia corresponde a impuestos que son exclusiva responsabilidad, tanto de los gobiernos provinciales como municipales (impuestos de sellos, reclamo de infracciones de tránsito y de patentes).
El costo termina siendo de una magnitud inusitada, producto no por la transferencia del vehículo en sí, sino por los agregados diversos que se fueron sumando en el tiempo.
Los aranceles aumentaron por debajo de la inflación, señalan desde las cámaras de agencias.
En contra de la eliminación de los Registros Automotor
Alberto Príncipe dijo que desde la entidad que comanda rechazan la eliminación de los Registros Automotor porque "atentaría contra la seguridad jurídica", y sostuvo que existe una "confusión muy importante, porque están mal informados, inclusive en los proyectos de modificación de la ley".
"Los Registros son entidades autónomas, que corren con los costos de sus empleados", por lo que no le generan cargos extra alguno al Fisco, añadió.
En diálogo con NA, el directivo especificó que al momento de realizar una transferencia es de los impuestos "el más gravoso es el sellado, porque lo pone el gobierno. En la Ciudad de Buenos Aires es del 3 por ciento".
Incluso, señaló que existen muchas verificaciones que las realiza el registro nacional "pero en realidad tendría que hacerla Rentas de cada gobierno".
"Lo hace la Dirección Nacional sin tener ninguna contraprestación. Pensar en que se puedan transferir autos entre particulares sin ese contralor es una utopía, porque se terminaría con la seguridad jurídica", afirmó.
Príncipe explicó además que uno de los problemas es cómo efectuar en forma idónea el control prendario que es a nivel nacional: "Eliminar ese control indispensable para saber si un auto cumple con las leyes es indispensable para mantener la seguridad jurídica, sino sería tierra de nadie".
No obstante, aclaró que el sector está "a favor de la digitalización del sistema, pero no de la eliminación de los registros de propiedad, como impulsan algunos proyectos".
