La Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI) impulsa un proyecto de ley para que las prendas de las grandes marcas deultra fast fashionenfrenten los mismos controles que la producción local. "Estas importaciones ingresan sin pagar los impuestos, aranceles ni cumplir los controles que sí enfrenta la producción nacional. El resultado es la pérdida de empleo argentino, el debilitamiento del entramado productivo y una sistemática fuga de divisas", sostuvieron en un informe.
La iniciativa se inspira en una ley aprobada en Francia en junio de este año, la cual establece un conjunto de medidas para regular el fast fashion. La normativa impone un impuesto ecológico progresivo que comienza en 5 euros por prenda y podría duplicarse a 10 euros en 2030 con un límite del 50% del valor del artículo. Esta medida se da en un contexto de crecimiento exponencial de plataformas como Shein y Temu. Solo en Latinoamérica, ambas plataformas ya acumulan 105 millones de usuarios, mientras que a nivel mundial la cifra asciende a 400 millones. Se estima que su facturación conjunta superará los US$ 25.000 millones para fines de 2025, lo que demuestra la magnitud del desafío que enfrenta la producción textil tradicional.
Además incluye la prohibición de la publicidad de estas prendas y obliga a que las etiquetas informen detalladamente sobre el impacto ambiental de cada artículo. Según datos de la Agencia Francesa para la Transición Ecológica, estas plataformas duplicaron su volumen entre 2000 y 2014, superando hoy las 100 mil millones de prendas anuales a nivel global. Esto tiene un alto costo ecológico y social: en el último año aumentaron un 23% las emisiones de dióxido de carbono, una cifra comparable a la de cuatro centrales a carbón, además de las emisiones generadas por el transporte aéreo y las devoluciones de productos. A esto se le suma que el 76% de estas prendas se confeccionan con poliéster —una fibra derivada del petróleo que libera microplásticos— y el uso de químicos en sus procesos es responsable de, al menos, el 20% de la contaminación industrial del agua.
Algunos números para tomar dimensión de la situación que atraviesa la industria textil argentina:
- Aunque históricamente la ropa importada representaba el 50% de las ventas, en la actualidad ese valor se disparó al 70%. Es decir que siete de cada diez prendas que se venden en el país son de origen extranjero.
- Sólo en julio los argentinos gastaron más de USD 94.000.000 en compras online en el extranjero.
- La industria registra una pérdida de aproximadamente 1.500 puestos de trabajo por mes.
- En el último año entraron al país 73.000 toneladas de prendas.
- En el primer trimestre hubo récord histórico de importación de prendas textiles.
Durante el segundo trimestre de 2025, 5 de cada 10 empresas del sector registraron una caída en sus ventas respecto al año anterior, con una merma promedio del 7%. Mientras que en los últimos dos años, 8 de cada 10 empresas reportaron una reducción de ventas, con una caída promedio que alcanza el 28%, según datos de la Fundación Pro Tejer. En paralelo, el gasto de los argentinos en indumentaria del exterior registró un récord. Según estimaciones del sector, entre enero y mayo de 2025 los argentinos gastaron US$ 1.572 millones en ropa en el exterior, lo que representa un incremento interanual del 136%, y supera el registro máximo alcanzado en 2017. Este fenómeno de consumo se ve reflejado en el aumento de envíos internacionales puerta a puerta, que crecieron un 211% en los primeros cinco meses del año, alcanzando un pico del 253% solo en mayo.
Importaciones vs. industria local, ¿es posible encontrar un equilibrio?
A nivel local, el Gobierno ha desmantelado herramientas clave para la administración del comercio exterior. Entre las principales medidas se destaca la derogación de los valores criterio de importación -precios de referencia mínimos utilizados para detectar subfacturación- y la flexibilización de los controles aduaneros como la eliminación del canal rojo de fiscalización, la supresión del control aduanero del etiquetado de productos textiles, y la eliminación de la Declaración Jurada de Composición del Producto. A eso se le suma que en marzo de este año hubo una reducción de aranceles: la indumentaria y el calzado pasaron del 35% al 20%, las telas del 26% al 18% y los hilados del 18% al 16%. El objetivo de la medida era generar mayor competencia para impulsar una baja de precios que, a su vez, consolidara la desaceleración inflacionaria. Sin embargo, esto, sumado a la apreciación del peso argentino —que se valorizó un 38% desde diciembre de 2023—, abarató los productos importados.
Los empresarios argentinos sostienen que se da una "competencia desleal" potenciada por la política económica y la coyuntura global debido a que empresas como Shein y Temu aplican precios de dumping, una práctica que consiste en vender productos a precios bajos —incluso por debajo del costo de producción— con el fin de ganar terreno y desplazar a la competencia nacional. Es por esto queel proyecto de ley busca que las prendas extranjeras queden sujetas a aranceles e impuestos internos como el IVA e Ingresos Brutos.
Desde la Fundación Pro Tejer sostienen que el problema no está en la producción, sino en la comercialización y la excesiva carga fiscal. La organización sostiene que el precio final que paga el consumidor se compone principalmente de factores no industriales, que representan los verdaderos cuellos de botella de la competitividad en Argentina. "En una prenda de marca premium vendida en un shopping, los costos de alquiler y financieros representan un 30% del precio final. A esto se suman los impuestos: por cada prenda que se le vende al consumidor, se le exige que le pague otra al Estado, ya que el 50% del valor de venta corresponde a tributos. Del restante 20% del precio, sólo el 8% corresponde al costo industrial de fabricación de la remera que acumula en todas sus etapas de producción. El 12% final son costos de logística, marketing y rentabilidad de la marca", afirman en un informe.
Esto se debe a que estas plataformas digitales comercializan productos a precios que resultan insostenibles para la industria nacional: la producción se sostiene con jornadas de hasta 75 horas semanales -en contravención de la ley china que limitan la semana a 44 horas- y con sueldos que oscilan entre 4.000 y 10.000 yuanes al mes, por debajo de los estándares de salario digno estipulados por ONG internacionales.
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