Durante el ciclo Ni Una Menos iniciado en 2015, se potenció la llegada de feministas al Estado -al frente de secretarías y ministerios- en casi todos los países del Cono Sur. Las mujeres empezaron a tener un cuarto propio entre las oficinas del poder para instalar sus agendas. Sin embargo, algo cambió: de 2021 a 2023, con el descrédito de los progresismos y el auge de las derechas radicales, se empezó a oír que el feminismo fue demasiado lejos, que se pasó tres pueblos, que se volvió vigilante y punitivo.
La pregunta es, ¿hubo demasiado feminismo? ¿En serio hubo un sobregiro que explica la crisis de los partidos del centro hacia la izquierda?

¿Qué es hacer política feminista? ¿Basta con ocuparse de cosas de mujeres, como leyes de cuotas o aborto legal, y hacer malabares con presupuestos exiguos? ¿Por qué cuesta tanto que las políticas mujeres se hagan oír ahí donde se discuten la distribución económica y el modelo de país?
Estas son algunas de las preguntas que intenta responder Agustina Paz Frontera en su nuevo libro ¿Demasiado feminismo? publicado por Siglo XXI.
En él revela también la histórica división, dentro del feminismo, entre puras e integradas, autónomas e institucionales, y la riqueza de sostener los puentes críticos entre ambas.
A continuación un fragmento del capítulo "Demasiado: problemas conceptuales, políticos y de comunicación"
El feminismo es una usina de ideas, articulaciones y métodos, pero al llegar al Estado las feministas pasan por un embudo que las obliga a hablar solo de cuestiones urgentes y legitimadas por la opinión pública (que también incluye el parecer del movimiento) como "temas feministas": violencia, aborto, paridad, diversidad sexual, maternidad. Todos los que entran en "el cuarto propio". Sin embargo, el feminismo político no se agota allí: hay feministas expertas en políticas energéticas, en flujos financieros ilegales, en industrias culturales, en política criminal, en medicina reproductiva, en seguridad alimentaria y un largo etc., solo que rara vez serán convocadas para aportar su mirada a esos ámbitos específicos que se imaginan neutrales.
Alba Rueda, por caso, piensa que "mucho de lo que no hicimos, o de lo que no se ve en términos mediáticos, es todo el corte que se hizo para que no crecieran nuestras líneas políticas". Para ella, referente de la lucha por el cupo laboral travesti trans, a las feministas y activistas por la diversidad se les impone una lógica binaria: "cupo sí, economía no", por ejemplo. "Vos viniste e hiciste cupo. Bueno, no pidas cupo y reparación", agrega. Las posibles traducciones de lo que las, los, les activistas gritan "desde el estómago" son obturadas por una lógica de construcción de agenda institucional.

En 2023, el frente feminista de un partido político convocó a activistas cercanas para que compartiéramos ideas que renovaran la agenda feminista partidaria en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque se trataba de una fuerza de izquierda, la propuesta estaba ceñida a los compartimentos de la cubetera del género: vida libre de violencias, derechos sexuales y reproductivos, reparación económica para mujeres cis y personas trans. Al hacer clic en el área de género parecía que las feministas no tenían nada para decir sobre la reforma laboral, la reforma agraria, que no opinaban sobre el modelo productivo o el sistema tributario o las políticas culturales de la nación. Este mecanismo, que quizá sea una forma de supervivencia, produce un efecto de homogeneización de las feministas y de reducción del feminismo a esos pocos temas de agenda que rondan la centralidad de la victimización o el reconocimiento de las mujeres y el colectivo LGBTIQ+.
Esta no es una investigación cuantitativa, pero no deja de ser significativo que todas las entrevistadas hayan señalado como un asunto conflictivo que la agenda feminista contemporánea que se traslada a las políticas públicas otorgue centralidad indiscutida al tratamiento de la violencia, en particular a la violencia física. El posicionamiento crítico de las entrevistadas respecto de la jerarquía de las violencias en la agenda feminista se manifiesta en la desaprobación de la cultura de la cancelación, el señalamiento de la demagogia punitiva o el rechazo al facilismo con que el Estado cree que solucionará el problema "gastándose el presupuesto de género en ladrillos [para refugios]" o "haciendo lobby para aumentar las penas".
La crítica a la agenda feminista institucional sobre las violencias proviene especialmente de sectores feministas y progresistas (y no de sus detractores de la derecha) e incluso se presenta como una autocrítica. El campo académico feminista muestra una gran producción en torno al feminismo antipunitivista, incluso planteos críticos de la intervención del Estado (Daich y Varela, 2020). Este nudo problemático convive con otra crítica reiterada a la agenda feminista contemporánea: el excesivo peso otorgado a las llamadas políticas de identidad y de reconocimiento.

Ambas críticas son economicistas, porque esgrimen que esos reclamos (contra las violencias o por el reconocimiento) no ponen el acento en la desigualdad económica ni generarán ningún cambio en ese terreno. Y uno de sus argumentos centrales postula que reparar la violencia o la falta de reconocimiento no resolverá el problema basal de nuestras sociedades: a saber, la desigualdad.
Si bien para las feministas la vinculación entre una vida libre de violencias y la autonomía económica es evidente, como lo es la relación entre una política de reconocimiento de la diferencia sexual y la justicia social, el asunto es que las feministas políticas no han sabido o no han podido construir conceptos que superen las dicotomías (ya discutidas por Fraser y Butler en su famoso debate publicado en 2000) y, al mismo tiempo, sean traducidos en políticas públicas.
Si hablamos de estrategias exitosas, es necesario hablar del aborto. Las estrategias legislativas, políticas y narrativas para garantizar el derecho al aborto requieren un libro aparte y ciertamente se ha escrito muchísimo al respecto. Las activistas y las políticas (parlamentarias, funcionarias, operadoras) lograron una sinergia única para crear, desde lo conceptual y lo narrativo (Vacarezza, 2025), un sentido del aborto desligado de la intimidad de un dormitorio e intersectado con la salud pública y el desarrollo personal. Desde 2018 el activismo proaborto ganó una centralidad virtuosa en la región. Empujó a millones de personas a la movilización callejera y la discusión pública fue masiva, pero tuvo un revés: su relevancia devino en un contrapoder antiderechos que, ligado a otros actores conservadores, cuestionó la voz feminista y en algunos casos, como en Chile, recurriendo a campañas de desinformación, las propuestas de corte progresista.
Transcribimos un fragmento de la conversación con Teresa Valdés porque profundiza sobre las derivas de las estrategias feministas en torno a la interrupción del embarazo y los efectos colaterales de los avances feministas en este campo:
El debate se dio en la revista New Left Review en 2000 y consta de un texto de Fraser, la respuesta de Butler y una nueva respuesta de Fraser que luego fueron compilados en un libro (ver Butler y Fraser, 2000).
—¿Cómo impactó en los feminismos el rechazo a la Constitución en septiembre de 2022?
—Fue gravísimo. Lo más doloroso fue la percepción de que con el texto, que tenía tanto para las mujeres, no habíamos podido llegar a las mujeres. [...] Fue muy manipulado en términos de ridiculizar todo lo que se hizo. Se acusó de que poner el aborto había sido una de las razones de rechazo. No es verdad. Hubo errores de nosotras, del mundo feminista, en cómo [lograr que aquello] que aparece como más importante o más de punta dentro de la agenda feminista no se despegue de las condiciones de vida mayoritarias. Estuvimos haciendo talleres en una comuna popular, presentando lo que estaba avanzando la Convención Constituyente y fue super doloroso. [...] Antes que los derechos sociales, se pusieron los que aparecían como derechos feministas. Eso fue gravísimo y fue manipulado por la derecha.
Una política chilena, consultada durante un encuentro feminista, consideró que el sorpresivo éxito de las campañas por el aborto se interpretó como un "ahora o nunca" que llevó a un exceso de confianza de las feministas. El ejemplo del rechazo a la temática del aborto en la opinión pública chilena durante la discusión de la Convención Constitucional durante 2022 es prístino. Se trataba de una oportunidad histórica, y el vértigo que esa posibilidad provoca puede hacer que no se mida estratégicamente la correlación de fuerzas. Para algunas entrevistadas las fallas en la traducción de la marea feminista a políticas concretas obedecen a errores políticos y de comunicación. Una de ellas dijo que había muchas consignas en las calles, muchas mujeres jóvenes con brillantina (glitter) y voluntad, pero que la necesidad de un mundo más feminista no se sostenía en las discusiones ni en las instituciones porque faltaba formación, estrategia y lectura política. Las mismas discusiones ocurrieron en la Argentina a fines de 2020, en plena pandemia por covid-19, cuando parecía inoportuno y hasta inmoral promover el aborto en el recinto parlamentario. Pero la ley se aprobó.

La Marea Verde en 2018 y la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2020 dejó exhaustas a las feministas argentinas y provocó efectos muy difíciles de controlar en el campo progresista. Fernanda Miño fue secretaria de Integración Sociourbana y referente de un Programa de Transferencia de Recursos llamado "Mi Pieza", cuyo objetivo era que mujeres de barrios populares pudieran ampliar sus casas durante la pandemia (aunque se extendió hasta 2023), dentro del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández. Al momento de entrevistarla, cuando aún era funcionaria, dijo:
Quiero ser clara en esto: parece que el feminismo fue bueno para conseguir la despenalización del aborto y que se acabaron los problemas femeninos. Me cuesta mucho entender a esas mujeres que no entienden la realidad de los que menos tienen, me causa rechazo. Ahí el tema de la sororidad se me va un poco. Cuestiono mucho el feminismo de la purpurina y el fuego artificial.
Este testimonio nos deja claro que es un problema pensar las agendas temáticas feministas como una lista de objetivos a cumplir: primero el aborto, luego los abusos, después los cuidados, luego la paridad, etc. La insistencia obsesiva en instalar un tema en la discusión pública, incluso su tratamiento comunicacional como un producto a colocar en el mercado de las conversaciones, si bien puede ser exitosa en términos de objetivos, también puede generar una balcanización de la agenda; es decir, una pérdida de integralidad de los conceptos y la política al punto de que grandes porciones de la población femenina, una vez legalizado el aborto, no conozcan la implicancia que tiene ese derecho en sus vidas.
Esta desconexión entre la agenda central del movimiento y de la política institucional, por un lado, y lo que perciben las mayorías populares, por otro, podría explicar la noción de que el feminismo se sobregiró en los últimos años. Esta percepción aparece, en especial, en las críticas "por izquierda". Desde las posiciones de derecha radical, en cambio, cuando se afirma que el "feminismo se pasó tres pueblos" se está haciendo referencia a las políticas sexuales e identitarias y las derivas punitivas en el ámbito privado de las políticas sobre violencias (las funas o escraches y la sensación de control y persecución manifestada por varones incomodados por el denuncismo feminista, posición que también se encuentra en los sectores progresistas y autonomistas) y, como veremos en el capítulo 4, a la excesiva intervención (y gasto) del Estado en la vida privada.