La Corte Suprema de Justicia rechazó esta semana un recurso de queja presentado por la defensa de Gastón Guillemet (37 años), lo que deja firme la obligación de someterlo a un nuevo juicio por trata de personas. El empresario, considerado uno de los prófugos más buscados de Argentina, permanece fugado desde octubre de 2023, con captura nacional e internacional y una recompensa de cinco millones de pesos ofrecida por el Ministerio de Seguridad.
Los hechos datan de diciembre de 2010, cuando Guillemet, entonces de 22 años, viajó a Villa Berthet (Chaco) y captó a tres jóvenes vulnerables —de 14, 17 y 19 años— con falsas promesas de empleo como niñeras o en comercios en Buenos Aires.
- Las trasladó en su auto particular y, una vez en la Capital Federal, las alojó en un departamento de Viamonte al 1600, les sacó fotos profesionales y las obligó a prostituirse en un local que él regenteaba cerca de Tribunales.
Para quebrar su resistencia, las llevó a restaurantes de Puerto Madero, les compró ropa y hasta contrató hombres para que mantuvieran relaciones sexuales con ellas en un hotel alojamiento. Cuando una de las víctimas se negó, la abandonó en la calle y amenazó a las restantes con el mismo destino. Una logró escapar frente al Palacio de Tribunales, denunció el caso y desencadenó un allanamiento que derivó en la detención inicial de Guillemet, quien entonces era visto como un vecino ejemplar y padre de familia en Adrogué.

El fiscal Diego Luciani (el mismo de la causa Vialidad) pidió 11 años de prisión, pero en 2017 el Tribunal Oral Federal 7 lo condenó a solo tres años en suspenso, al entender que desconocía la minoría de edad de una víctima y aplicando la figura de trata de personas mayores. La Fiscalía apeló y la Cámara de Casación revocó el fallo, ordenando un nuevo juicio con pena mínima de cinco años efectivos.
Guillemet nunca se presentó al segundo debate en Comodoro Py, se declaró en rebeldía y se fugó. Desde entonces, su defensa presentó recursos para evitar el juicio, pero Casación los suspendió en 2024 hasta que el acusado se entregue, decisión que la Corte Suprema ratificó días atrás. Sobre él pesa la recompensa de $5.000.000 por datos que permitan su captura (línea anónima 134).