4 junio de 2026
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El Senado sesionará este jueves desde las 11 para debatir un paquete de proyectos impulsados por el Gobierno nacional, entre los que se destacan la eliminación de restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, la implementación de desalojos exprés en casos de usurpación y la autorización para cancelar acuerdos con fondos buitres por US$ 171 millones.
La iniciativa sobre propiedad privada, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sufrió modificaciones durante su tratamiento legislativo. Entre los cambios más relevantes se eliminaron las reformas a la ley de barrios populares y se introdujeron ajustes en los capítulos vinculados a extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Claves del proyecto de propiedad privada
Entre los principales puntos de la iniciativa se destacan:
- Eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
- Prohibición para que Estados extranjeros o empresas controladas por gobiernos extranjeros adquieran inmuebles rurales.
- Implementación de desalojos exprés para inmuebles usurpados.
- Modificaciones en el régimen de expropiaciones.
- Cambios en la Ley de Manejo del Fuego.
Compra de tierras por extranjeros: qué cambia
El proyecto elimina las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de inversores extranjeros. Sin embargo, establece que las provincias deberán autorizar esas operaciones cuando no intervengan Estados extranjeros.
A su vez, se mantiene la prohibición para que compren tierras:
- Estados extranjeros.
- Empresas donde un Estado extranjero tenga participación accionaria o capacidad de decisión.
- Fondos fiduciarios integrados mayoritariamente por recursos de gobiernos extranjeros.
La iniciativa también ratifica que cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre su territorio, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional.
Desalojos exprés: cómo funcionarán
El proyecto establece un procedimiento abreviado exclusivamente para inmuebles usurpados. En los demás casos continuarán vigentes los plazos actuales previstos por la legislación.
En materia de alquileres, se fija un plazo de 10 días para intimar el pago adeudado mediante una notificación fehaciente al domicilio real o electrónico declarado por el inquilino.
Si el locatario incumple con el pago, el propietario podrá iniciar una acción judicial de desalojo que deberá tramitarse mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación, con un plazo estimado de 10 días hábiles.
Expropiaciones y cambios en la Ley de Manejo del Fuego
El proyecto dispone que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y que el Estado tendrá que fundamentar de forma expresa los motivos que justifiquen una expropiación.
Además, se incorporó un límite del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante, mientras que la actualización de los montos se calculará mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación a 30 días.
En cuanto al manejo del fuego, la iniciativa elimina la prohibición de modificar durante 30 años el uso de tierras rurales afectadas por incendios en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.
Para los bosques nativos se mantiene la prohibición de cambio de uso y destino, aunque se elimina el plazo de 60 años que contemplaba la legislación vigente.
Fondos buitres: el Gobierno busca aprobar pagos por US$ 171 millones
Otro de los temas centrales de la sesión será el proyecto que autoriza al Gobierno a cancelar acuerdos por US$ 171 millones con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP.
La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca cerrar litigios vinculados a deuda en default y evitar nuevos embargos sobre activos argentinos, incluidas acciones de YPF.
Los acuerdos contemplan:
- Pago de US$ 67 millones a Bainbridge Ltd.
- Pago de US$ 104 millones a Attestor Value Master Fund LP.
- Entrega de los bonos por parte de los acreedores a cambio del cobro.
- Cancelación definitiva de los títulos y desistimiento de los litigios judiciales.
El Gobierno necesita que la ley sea aprobada antes del 30 de junio, fecha límite establecida para concretar los pagos y cerrar los acuerdos.
También se tratarán 50 pliegos judiciales
El temario acordado entre el oficialismo y los bloques dialoguistas incluye además el tratamiento de 50 pliegos para jueces, fiscales y defensores, sobre un total de 73 candidatos habilitados para ser debatidos en el recinto.
Asimismo, se discutirán proyectos para la creación de nuevas cámaras federales en Mar del Plata y Tucumán, impulsados por legisladores de la UCR y representantes tucumanos.
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