Cuando la nueva gestión en el Ministerio de Seguridad de la Nación tomó la posta el 10 de diciembre de 2023, Rosario estaba en una situación crítica.
Los homicidios habían alcanzado un pico histórico en 2022, llegando a 22,1 por cada 100 habitantes, superando la dolorosa marca de 2013, que había sido 21,8, y, aunque habían bajado en 2023, había elementos para temer una nueva escalada.
La violencia del narcotráfico no solo afectaba a Rosario, sino que estaba en máximos históricos de expansión paraestatal y dominio territorial, con más de 20 bandas delictivas operando en todas las zonas de la ciudad, y vínculos financieros y logísticos en el corredor productivo de la región Centro del país: Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
La demanda resonó en todas las plataformas electorales de los principales candidatos presidenciales y el mandato en Nación y provincia de Santa Fe fue: terminar con la inflación y recuperar la seguridad en las calles.
A pocos días de asumir, la nueva gestión del Ministerio de Seguridad se dispuso a honrar su parte del contrato electoral: puso en marcha el "Plan Bandera", con la colaboración del Gobierno de Santa Fe.
Este plan, articulado entre la Nación y la provincia, tiene por finalidad reducir la conflictividad en el territorio, reasumir el control del sistema penitenciario cortando de raíz la corrupción que le era insumo funcional a los capos narcos que hacían home office desde las unidades carcelarias, y terminar con la operatividad de los carteles delictivos por vía de tareas de saturación y control en calles y vías navegables, con fuerte presencia de efectivos y un despliegue con un enfoque moderno de inteligencia.
Se decidió terminar con la deserción que impulsó el kirchnerismo y que le costó la vida a tantos ciudadanos de bien. Contrario a lo que declaraba Aníbal Fernández, se ordenó que el narcotráfico no ganó, ni iba a hacerlo.
Este doble torniquete sobre la calle y las cárceles provocó una violenta respuesta de las organizaciones criminales, quienes intentaron disuadir al Estado intentando infundir caos y miedo, y resentir el funcionamiento de la cosa pública para generar impacto y hacer titubear el avance del orden.
En los primeros días de marzo, los taxistas Héctor Raúl Figueroa (43) y Diego Alejandro Celentano (38), el colectivero Marcos Iván Daloia (39) y el playero Bruno Bussanich (25) fueron asesinados por sicarios. Así, el término "narcoterrorismo" empezó a ser descriptivo de la violencia con la que la criminalidad intentó resistir la llegada de la Ley.
El Plan Bandera siguió adelante, con un compromiso reafirmado, gracias a una resolución del Ministerio de Defensa que instruyó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a realizar "Operaciones de Apoyo al Sistema de Seguridad Interior". Llegaron nuevos móviles, vehículos blindados, helicópteros, y personal que asiste en materia de inteligencia.
Desde enero, desembarcaron en Rosario gendarmes, prefectos, agentes de la Policía Federal y miembros de la PSA, ampliando considerablemente la presencia de fuerzas del orden en las calles. Entre el 2 de enero y el 14 de marzo se desplegaron en Empalme Granero, Ludueña, Tablada y General Las Heras, zonas con altos índices de violencia en 2022 y 2023. Luego, se extendieron a otros barrios conflictivos.
Desde el 15 de marzo, las fuerzas federales se desplegaron también en los barrios de Triángulo y Moderno, Vía Honda y Barrio Banana. Hasta el 28 de abril, realizaron 13 allanamientos y detuvieron a 66 personas.
Los operativos de saturación se realizan de forma permanente, perentoria y sin descanso. De las 489.421 personas requisadas, 376 fueron detenidas, se retuvieron 232 vehículos y 1.344 motos de un total de 232.05 y 141.495 inspeccionados. Se registraron 1.303 vehículos robados (558 autos y 745 motos) y se inspeccionan precursores químicos, de los cuales se decomisaron 890 kilogramos.
Se hicieron 170.038 controles vehículares, 218.223 controles de personas aleatorios, y se despliegan efectivos en el marco de tareas de inteligencia territorial, penitenciaria y financiera, a lo que se suma la creación de un Grupo Especial Antinarcotráfico (GEANRO) que mapea la criminalidad en todos sus grados de responsabilidad para que no queden cabos sueltos en las investigaciones.
Además, se llevaron a cabo 367 procedimientos que resultaron en 304 detenciones y la incautación de 85,66 kilos de marihuana, 107,20 kilos de cocaína y 50.531 unidades de drogas sintéticas.
También se incautaron $44.817.982, US$ 17.949, 56 armas, 42 autos, 29 motos, 9 camionetas, 394 dispositivos electrónicos y 35 balanzas.
Actualmente, hay 508 investigaciones en curso: 236 de Gendarmería, 47 de Prefectura, 186 de PFA y 39 de la PSA. Fruto de este trabajo los homicidios se redujeron 57%, llegando a la cifra más baja desde 2008, según estadísticas del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.
Hasta el 12 de mayo de 2023, Rosario registró 100 asesinatos. Este año, en el mismo período, se contabilizaron 41. El criminal ya no tiene vía libre en la ciudad ni en la provincia.
La lucha contra el narcotráfico y la pacificación de Rosario es un desafío complejo, que requiere máximo compromiso, decisión e incorruptibilidad, a la par de absoluta transparencia. Es una guerra sin cuartel que no termina acá, que empezó para restituir la fe de los argentinos de bien en un Estado que sea capaz de hacer justicia y garantizar la paz.
Miles de efectivos ponen el cuerpo por ello cada día en nuestra provincia, con un profundo sentido del deber y un gran respaldo político a quienes responden al llamado de la patria, que hoy deriva en un dispositivo como el Operativo Bandera que va a seguir avanzando para destruir el negocio del narco, la violencia y la criminalidad en Santa Fe.
