29 mayo de 2025
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El Gobierno nacional publicó este jueves el Decreto 366/2025 en el Boletín Oficial, oficializando una reforma migratoria que introduce cambios significativos en la Ley de Migraciones N° 25.871 de 2003.
Anunciada hace quince días por el vocero presidencial Manuel Adorni, la medida busca ajustar el marco legal a las necesidades actuales, priorizando la seguridad pública y los derechos de los ciudadanos argentinos y de los inmigrantes legales.
- Entre los puntos clave se encuentran el endurecimiento de los requisitos para obtener la ciudadanía, la expulsión de inmigrantes irregulares o con condenas, y restricciones en el acceso de extranjeros a servicios de salud y educación.
El Ejecutivo argumenta que la legislación vigente fomenta la inmigración irregular al otorgar derechos similares a residentes legales e ilegales, especialmente en salud y educación. Según el decreto, esta situación expone al país a "peligros y consecuencias negativas". Para contrarrestarlo, se propone desalentar prácticas como el "turismo de natalidad", donde extranjeros buscan que sus hijos nazcan en Argentina para obtener residencia permanente o ciudadanía. El texto asegura que las reformas no afectarán el principio de reunificación familiar, protegiendo los derechos de menores ante cancelaciones de residencia o impedimentos de ingreso.
En el ámbito de la salud, el decreto modifica el artículo 8° de la Ley de Migraciones, estableciendo que los extranjeros solo accederán a atención sanitaria pública en casos de emergencia o mediante un seguro de salud o pago previo, salvo para residentes permanentes, quienes mantendrán igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos. Además, se redefinen las categorías migratorias en residentes permanentes, temporarios y transitorios, y se regula la "residencia precaria" de 90 días, que podrá ser revocada si los motivos de otorgamiento no se sostienen.
El decreto también introduce requisitos más estrictos para el ingreso y permanencia en el país. Los extranjeros deberán presentar una declaración jurada detallando el propósito de su estadía y un seguro de salud, además de demostrar la veracidad de su documentación y la ausencia de antecedentes penales. Causas como presentar documentos falsos, omitir condenas judiciales o simular actos para obtener beneficios migratorios serán motivos de exclusión. Estas medidas buscan garantizar un control migratorio más riguroso y transparente.
En el ámbito educativo, se modifican la Ley de Educación Superior N° 24.521 y la Ley de Educación Nacional N° 26.206, permitiendo a las instituciones estatales establecer aranceles para extranjeros no residentes, aunque estos podrán acceder a becas. El objetivo es equilibrar el acceso a la educación pública, priorizando a los residentes legales y ciudadanos argentinos, mientras se mantiene la posibilidad de apoyo para estudiantes extranjeros en situación vulnerable.
Finalmente, el decreto crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, dependiente del Ministerio de Economía, para gestionar programas que incentiven la radicación de capitales extranjeros mediante la ciudadanía. Esta iniciativa apunta a fomentar la inversión directa extranjera, alineándose con la visión económica del gobierno. La reforma, que combina medidas de control migratorio con incentivos económicos, refleja el intento de la administración Milei de reconfigurar las políticas migratorias en un contexto de creciente debate sobre seguridad y recursos públicos.
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