Reelecciones en Buenos Aires: todo arrancó en 2019 y no en 2015
La posibilidad de que los intendentes de la provincia de Buenos Aires que están en su segundo mandato pueden presentarse para otro en 2023 tenía un final cantado.
Hasta hace un tiempo se suponía que eso nunca ocurriría porque Juntos por el Cambio defendería al que consideraba uno de los principales logros durante su paso por la gestión bonaerense. Los legisladores del Frente Renovador tampoco acompañarían la derogación de una ley que Sergio Massa había acordado con María Eugenia Vidal. Pero además, en el terreno oficialista se daba por sentado que ni el gobernador Kicillof ni ningún legislador de La Cámpora tendrían interés en permitir la continuidad de intendentes a muchos de los cuales pretendían desplazar. Pero pasaron cosas. Por el lado del oficialismo, está claro que los intendentes ganaron protagonismo luego de la derrota del Frente de Todos en las primarias que condujo a su desembarco en el gobierno provincial. Por otra parte, el refuerzo de su trabajo territorial fue decisivo para recortar la diferencia favor de Juntos por el Cambio en las elecciones generales. Quedó claro que el proyecto de reelección de Kicillof solo se puede sostener “con” y no “contra” los intendentes. Los intereses dentro del oficialismo terminaron convergiendo.
Pero también cambió el escenario en la oposición a partir de la decisión de Vidal de abandonar la provincia. Perdió peso político e influencia y por eso el costo interno de los legisladores de la oposición por contradecirla es muy bajo. ¿Porqué no se quedó haciendo política en la provincia para defender la ley? Se preguntan sus críticos.
Modificar la ley, más allá de los argumentos técnicos para hacerlo, fue posible porque cambiaron las condiciones políticas y la correlación de fuerzas en ambas coaliciones cuyas necesidades terminaron siendo coincidentes. Sin embargo, las consecuencias para una y otra no serán las mismas. El peronismo nunca hizo campaña por esa ley y su electorado es menos demandante de reformas institucionales de ese estilo por lo que no pagará costo alguno. Sin embargo, para buena parte de la base electoral de JxC se trata de un retroceso en un tema que considera relevante además de haber sido exhibido como un gran logro de la gestión anterior. Difícilmente la oposición pierda votos por este cambio de la ley, pero su credibilidad se verá afectada porque el espíritu de la norma era otro y estaba en línea con lo que querían sus votantes.