Nuevas bases con viejos cimientos
La distribución de los recursos tributarios ha sido un tema de discusión desde el nacimiento de la primera idea del actual Estado argentino. En paralelo con la distribución, los debates abarcan la magnitud y procedencia de los recursos, quien los gasta y, no en menor medida, las reglas de decisión que regulan a estos factores.
Desde la vuelta de la democracia han habido dos hitos fundamentales que alteraron la relación de peso fiscal entre nación y provincias. En 1988 se pactó la actual Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, que como régimen transitorio rige hasta el día de hoy, y donde se cristalizó un modelo de financiamiento excesivo a provincias con menos capacidades tributarias en detrimento de las más productivas.
En la década de los 90' sucedió el otro hito que tomó la forma de un proceso de descentralización en materia de política social desde la administración central hacía las provinciales. El aumento de la necesidad de erogación presupuestaria en el ámbito subnacional no se correspondió con la transferencia de recursos, lo que causó el deterioro de las cuentas fiscales provinciales y de la calidad de los servicios prestados.
Hacía finales del milenio se produjo una sesión a una demanda social por el financiamiento educativo que fue la constitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. En cuanto a la evolución general del esquema federal argentino, los 2000 comienzan con un Estado centralista y deficitario en todos sus niveles de administración, pero con la recomposición de la recaudación consolidada en el 2003, se abre un quinquenio se superávit y reducción de las tensiones territoriales.
El rebote y luego el crecimiento económico iniciado en el 2002 tuvo su impacto fiscal primario en el aumento de lo recaudado por medio de las retenciones a las exportaciones (aumentadas con el apoyo del FMI) que luego repercutiría en los tributos coparticipables de la mano del aumento de la producción y el consumo. En la dimensión política, se mantuvo un federalismo centralizado en lo fiscal, con una relación de poder significativamente desbalanceada en favor de un Poder Ejecutivo Nacional que, a fuerza de inversiones y aportes del tesoro, logró ganar influencia en todo el territorio argentino.
Con el estancamiento y el comienzo de la aceleración de la inflación las relaciones entre niveles de gobierno se tornaron más conflictivas, pero se mantuvo la relación de fuerzas construída en la primera década del milenio que rige hasta hoy.
Javier Milei llega a la presidencia con un discurso que prevé detonar el modelo federal actual, con una fuerte descentralización producto de la reducción de las injerencia del Estado nacional y una reforma del federalismo fiscal que otorgue libertad a las administraciones provinciales para manejar su política fiscal. Sin embargo, aún no se ha visto ninguna intención de avanzar en este sentido.
El nuevo proyecto de "Bases" presentado por el oficialismo contempla una reforma impositiva preliminar, donde se manifiesta la intención de retrotraer la modificación de Sergio Massa a Ganancias (que se llamaría impuesto a los Ingresos Personales) para recomponer los recursos provinciales. A su vez, se aprovecha para mejorar la situación fiscal nacional con la actualización del Monotributo y un blanqueo en conjunto con una reducción paulatina de Bienes Personales.
Las nuevas Bases distan de ser la reforma revolucionaria que se podía esperar del presidente liberatario. La estructura fiscal que resultaría en caso de que se aprobase sin modificaciones no representaría una ruptura con las tendencias de la historia reciente. La clave para la nueva generación de reformas sigue estando en las posibilidades de éxito del plan de ajuste, que no son más que mantener un apoyo social significativo sin mayor desplome de la actividad.
Sin embargo, parece que el Gobierno podría enfrentar un problema de "timing". En la convocatoria al Pacto de Mayo, que ya queda a la vuelta de la esquina, se contempla el acuerdo sobre un nuevo sistema impositivo y de federalismo fiscal, pero al mezclarse con el debate de las Bases se complica la posibilidad de que se pueda consensuar una verdadera reforma del sistema.
Los dirigentes de las provincias más dependientes de las transferencias nacionales están muy interesados en la recomposición de la masa coparticipable, como también de la obra pública. Hoy la única propuesta que está sobre la mesa es la del impuesto a los Ingresos Personales. Con las cuentas fiscales como están y las perspectivas inciertas sobre la evolución económica, son pocos los mandatarios provinciales que se pueden plantear apoyar un sistema impositivo descentralizado.
Desde el Gobierno se justifica esta situación alegando que estas reformas son provisorias, y que responden al grado de distorsión que acarrea la economía argentina, que debe ser desentrañada en etapas. En este caso se puede ver cómo el oficialismo decide aplazar una iniciativa vital, que es a su vez un mandato constitucional, de acordar un nuevo régimen de federalismo fiscal que promueva la inversión y la eficiencia del gasto en todos sus niveles.
La razón para esto, aparte del condicionamiento autogenerado por el reparto indiscriminado de insultos a prácticamente todos los posibles aliados, es la de mantener vivos a sus enemigos para cubrirse en caso de que se demoren sus planes de estabilización, al menos hasta la próxima elección.