El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la promulgación de la Ley 27.793 que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Sin embargo, en el mismo acto dispuso que la norma queda suspendida en su ejecución hasta que el Congreso especifique de dónde saldrán los fondos para financiarla.
Reclamo de financiamiento al Congreso
En el decreto 681/2025, firmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se advierte que el Poder Legislativo "omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley suponen para el Estado Nacional".
La Casa Rosada citó el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera (24.156), que exige que toda norma que incremente gastos debe indicar la fuente de recursos que permita cubrirlos. Por eso, el Gobierno pidió que la forma de financiamiento se incluya en el Presupuesto 2026 antes de poner en marcha la norma.
"El presupuesto actual de la Administración Nacional no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación. Resulta imprescindible que toda ampliación de prestaciones se diseñe con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo", indica el texto oficial.
Francos: "Que el Congreso diga a quién le sacamos"
Francos ya había adelantado esta postura en una entrevista con Clarín. "No me pueden endilgar que vea yo las partidas y cómo las reacomodo. Eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?", planteó.
La promulgación llega tras semanas de tensión entre el Ejecutivo y la oposición. El presidente Javier Milei había vetado inicialmente la ley, pero el Congreso rechazó el veto en ambas cámaras y la convirtió en ley. Con la promulgación condicionada, el Gobierno deja en claro que no ejecutará la norma hasta que el Parlamento indique cómo financiarla, lo que mantiene abierto el conflicto político.