La emergencia alimentaria se impuso ayer en la agenda política. El reclamo de una ley que la establezca se viabilizó por distintos frentes, que incluyeron un acampe piquetero frente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, una cumbre de dirigentes de movimientos sociales con diputados opositores y un pedido de ocho gobernadores peronistas. La CGT también se plegó.
Los movimientos sociales se movilizaron desde temprano por la Avenida 9 de Julio y en la zona del Congreso, donde prometían instalar una carpa. Durante la tarde, la manifestación complicaba el tránsito sobre la 9 de Julio, entre Belgrano y Bartolomé Mitre. En un principio, los carriles del Metrobus estuvieron liberados, pero con el avance del día el corte fue total y derivó en un acampe que durará al menos hasta esta mañana frente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley. Las agrupaciones presentes en ese acampe eran, entre otras, Barrios de Pie, el Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Voceros de Desarrollo Social citados por la Agencia Télam señalaron que “no hace falta declarar la emergencia alimentaria ni una ley específica, ya que ello está incluido en la ley de emergencia social, promulgada en 2016, además de que se han reforzado los planes de asistencia”.
En el Congreso, referentes de los principales movimientos sociales se reunieron con diputados opositores que quieren realizar una sesión extraordinaria para solicitar la declaración de la emergencia alimentaria. “Si el Gobierno no toma medidas, la semana que viene vamos a realizar una sesión especial”, advirtió el diputado peronista Leonardo Grosso (Movimiento Evita).
“Ellos (por Cambiemos) no tienen mayoría; la vamos a sacar por mayoría popular”, advirtió Donda sobre la emergencia.
Victoria Donda se expresó en el mismo sentido que Grosso, cuando habló en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados, donde se desarrolló el encuentro de diputados y referentes sociales. “Si no se declara por decreto la emergencia alimentaria, la semana que viene lo vamos a estar haciendo desde el Congreso Nacional. Ellos (por Cambiemos) no tienen mayría; la vamos a sacar por mayoría popular”, advirtió.
En la reunión estuvieron presentes diputados de los bloques FPVPJ, Justicialista, Frente Renovador, Red por Argentina, Movimiento Evita, Consenso Federal, Frente de la Concordia Misionero, Unidad Justicialista y Somos. Entre los representantes de movimientos sociales, se anotaron Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Esteban “Gringo” Castro y Juan Grabois (CTEP) y Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán). En el oficialismo legislativo no hay, por ahora, intenciones de tratar este reclamo. El diputado Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara Baja, destacó la asistencia social que actualmente brinda el Gobierno, aunque no negó por completo la posibilidad de discutir el tema. “Hoy, hay una asistencia social suficiente a lo largo y a lo ancho del país para pensar en emergencia alimentaria, pero quiero dar la tranquilidad de que este es un gobierno que no está atado a ningún dogma, y si fuese necesario hará lo que tenga que hacer”, dijo Negri tras el encuentro que mantuvieron diputados oficialistas con el presidente Mauricio Macri.
Los gobernadores del PJ volvieron a formar un frente contra el Gobierno ayer, esta vez enrolados detrás del reclamo de la emergencia alimentaria. Un grupo de ocho mandatarios presentó su reclamo al Gobierno. El pedido por la declaración de una “Ley de Emergencia Alimentaria Nacional” se hizo en un encuentro en la Casa de la Provincia de San Juan, del que participaron el gobernador de esa provincia, Sergio Uñac, y los ministros de Desarrollo Social de Tucumán, Chaco, La Rioja, La Pampa, Formosa, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Este grupo de gobiernos provinciales también solicitó a la ministra Stanley “un espacio federal de trabajo conjunto”.
Otro frente que se sumó al reclamo es el gremial. La CGT lo hizo con una carta que envió al Presidente, en la que sus líderes, Héctor Daer y Carlos Acuña, pidieron “la urgente declaración de la emergencia alimentaria y nutricional ante la alarmante realidad”. La central obrera consideró que “los balances sociales de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social de la Iglesia, de prestigiosas universidades y de organismos e instituciones de reconocida trayectoria, son conocidos por todos y hacen impostergable la adopción de medidas urgentes y extraordinarias”.
