El expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Lascurain enfrenta un juicio oral y público por presunto peculado en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en el que ayer la fiscalía pidió que se lo condene a cuatro años y medio de prisión. Está acusado de haber recibido $ 50 millones para su empresa, Fainser, en concepto de anticipo por una ruta que no se construyó. El veredicto en el juicio que se sigue a Lascurain, que también está involucrado en el caso de los cuadernos de las coimas, se conocerá el mes que viene.
La fiscal Fabiana León extendió el pedido de cuatro y medio de prisión al exintendente de Río Turbio y exinterventor de YCRT, Atanasio Pérez Osuna, otro de los investigados en este juicio oral y público, que está a cargo del Tribunal Oral Federal Nº7. La fiscal acusa de peculado a Lascurain, Osuna, y también al excoordinador de YCRT Miguel Angel Larregina, al diputado provincial santacruceño Horacio Mazú y al exasesor Juan Vargas.
La investigación se centra en el cobro por parte de Fainser, empresa de Lascurain, de un anticipo de $ 50 millones para construir un tramo de 7 kilómetros de ruta, conocida como “Camino de los Mineros”, que facilitaba el tránsito en la zona del Yacimiento. “El cúmulo de pruebas me permite afirmar que esa entrega de dinero fue una sustracción de caudales, y está prevista en el Código Penal como peculado”, dijo en la audiencia de ayer la fiscal, según consignó la Agencia Télam.
Lascurain está acusado de cobrar $ 50 millones para su firma, Fainser, como anticipo por una ruta que no se construyó.
León subrayó que “la contribución de Lascurain fue imprescindible para sustraer los $ 50 millones” entregados como anticipo en tres pagos, el último de ellos en diciembre de 2015, cuando se sabía que la intervención de YCRT iba a cambiar de autoridades. El total presupuestado para los trabajos era de $ 494 millones.
El contrato cuestionado es de junio de 2015, e incluyó una adenda que permitió el pago del 15% del total como anticipo. La fiscal del caso sostuvo que el diputado Mazú tuvo un “rol esencial” porque “sabía que el anticipo no debía pagarse si el proyecto no estaba aprobado”. Para la representante del Ministerio Público Fiscal, se montó “un andamiaje para dar justificación a la sustracción de caudales del patrimonio estatal mediante un convenio marco y una adenda que lo posibilitarían”.
El extitular de la UIA fue detenido por este caso el 6 de marzo del año pasado, por orden del juez Luis Rodríguez, pero recuperó su libertad dos días después. También está involucrado en el caso de los cuadernos de las coimas, con su empresa Fainser. En esa causa se lo investiga por cohecho. La fiscal León pidió que se embarguen todos sus bienes, porque consideró que los $ 50 millones fueron a parar a sus bolsillos.
El exintendente Pérez Osuna está detenido desde marzo del año pasado, cuando fue apresado en un hotel porteño. En febrero de 2019, presentó su renuncia a la intendencia de Río Turbio y lo reemplazó en el cargo Nicolás Brizuela, a quien a su vez sustituyó la actual intendenta, Claudia Pavez.
