"La investigación avanzó muy poco. El celular de Sabag Montiel, que podría haber sido la prueba clave, se perdió de manera insólita. La jueza Capuchetti siempre sostuvo la hipótesis de 'loquitos sueltos' y nunca investigó nada más", dice Marcos Aldazabal, abogado de Cristina Kirchner en la causa que investiga el intento de asesinato contra la expresidenta. ¿Se va a esclarecer el atentado o va a quedar inconcluso?
Abogado por la Universidad de Buenos Aires y Master of Laws de la London School of Economics and Political Science, profesor de Derecho Penal en la Universidad Torcuato Di Tella, Aldazabal denuncia desde el borrado del celular de Sabag Montiel hasta el financiamiento de Revolución Federal, e insiste en que la causa acumula episodios que demuestran una falta de voluntad real para profundizar la investigación. "Cuando empezaron a surgir pruebas vinculadas a Gerardo Milman o a Revolución Federal, la jueza sistemáticamente frenaba su avance", asevera.
Asimismo, Aldazabal analiza el fallo que habilita al Tribunal Superior de Justicia porteño a revisar decisiones de las Cámaras Nacionales, un cambio que desató una fuerte resistencia en la Justicia Nacional. ¿Cómo se resolverá esta disputa que redefine el equilibrio de poder en el sistema judicial argentino?
Además, el debate sobre corrupción y transparencia avanza en el Congreso con proyectos como Ficha Limpia, que busca impedir que candidatos con condenas puedan presentarse a elecciones. Aunque algunos advierten que este tipo de medidas pueden derivar en la parálisis del Ejecutivo. ¿Puede la lucha contra la corrupción terminar frenando la gestión del gobierno? Con el miedo a la judicialización de cada decisión, ¿los funcionarios van a evitar firmar medidas clave por temor a futuras acusaciones?
Mientras tanto, la radicalización del discurso político y la desconfianza en las instituciones siguen creciendo. ¿Corre Argentina el riesgo de un episodio como el asalto al Capitolio en EE.UU.?
"La investigación avanzó muy poco": qué se sabe hasta ahora sobre la causa por el atentado a Cristina Kirchner y qué puede pasar en el futuro
—En junio habías dicho que "la investigación es totalmente deficiente". ¿Qué elementos de la causa te llevan a sostener esto? ¿Hubo algún avance en estos meses o la investigación sigue estancada?
—Sí, hubo algunos avances. Pero respecto de la investigación en general, desde el primer momento hubo irregularidades o errores groseros que, en causas de este tipo, después son difíciles de subsanar. Ya de entrada, la investigación comenzó con el borrado del celular de Sabag Montiel. Es decir, el primer día se secuestra el celular, se lo llevan al juzgado y se hace un intento de peritaje que falla. Lo que debía hacerse en ese momento era desbloquear el celular y peritarlo, pero el intento falla. El dispositivo pasa todo el día en el juzgado, en una caja fuerte—es decir, bajo cadena de custodia, que está justamente diseñada para preservar la integridad de los objetos—, pero a la noche, después de fallar en el peritaje del juzgado, lo llevan a la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), que contaba con dispositivos más modernos para intentar desbloquearlo. Cuando llega a la PSA, el personal observa que el sobre estaba abierto, lo que implica que se había roto la cadena de custodia. Además, el celular mostraba un mensaje de error en la pantalla.
Según lo que pudo reconstruirse en una causa específica sobre este punto, el momento en que el sobre se abrió y el celular mostró ese error en pantalla coincide con el tiempo en que el dispositivo estuvo en el juzgado. En ese lapso, en principio, solo estaban presentes los empleados del juzgado y la jueza. Eso, como mínimo, ya constituye una irregularidad gravísima. El celular, que podría haber sido la prueba clave, se pierde de manera insólita.
A partir de ahí, las irregularidades siguieron. En los primeros días se ve que Brenda Uliarte, la pareja de Sabag Montiel, tenía una participación clara. Sin embargo, no la detienen de inmediato, aunque ya estaba identificada y ubicada en una casa en la provincia de Buenos Aires. Horas después, ella ya no estaba más en la casa, sino en Retiro tomándose un tren, con lo cual una de las principales sospechosas logra fugarse.
Además, se demoraron muchas medidas de prueba. Y cuando nosotros nos presentamos como querellantes y empezamos a participar en la investigación, notamos una reticencia absoluta a investigar cualquier línea que fuera más allá de los autores materiales más cercanos —Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Nicolás Gabriel Carrizo—. Cuando empezaron a surgir pruebas vinculadas, por ejemplo, con Milman o con Revolución Federal—una agrupación violenta que recibía transferencias de dinero del Grupo Caputo—, la jueza sistemáticamente detenía la investigación. Se tomaba muchísimo más tiempo del necesario o directamente rechazaba nuestros pedidos. Solo podíamos avanzar cuando la Cámara de Apelaciones nos daba la razón, algo que ocurrió de manera sistemática.
Esas demoras permitieron que las personas que deberían haber sido investigadas tuvieran tiempo para borrar sus teléfonos o prepararse de otra manera. En definitiva, la investigación avanzó muy poco. La jueza Capuchetti siempre sostuvo la hipótesis de que se trató de "loquitos sueltos"—que solo estuvieron involucradas esas tres personas [Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo]—y nunca investigó nada más, pese a que había elementos suficientes para hacerlo. Todo esto hace que sea difícil confiar en la investigación y que el proceso tenga legitimidad, especialmente en un caso de esta magnitud.
—Detallaste que el celular del principal acusado apareció con el sobre abierto, prendido y, finalmente, fue reseteado de fábrica. ¿Existen pruebas concretas que permitan responsabilizar a alguien por esta irregularidad?
—Sí, claramente. La investigación sobre lo que pasó con el celular es una causa que está cargada de sordina y encubrimiento. Lo que está probado es que, en la primera pericia, se llama a una persona de la Policía Federal, quien intenta desbloquear el celular. Hay testigos. Esa persona dice: "Bueno, no se está pudiendo hacer, mejor guardémoslo y probemos después con otra máquina". Entonces, prueba con otra máquina, pero el intento falla. El celular se cierra, se coloca en un sobre sellado y se guarda en la caja fuerte del juzgado.
Al día siguiente, por la noche, el celular se envía a la PSA. Cuando llega, el sobre está abierto y el dispositivo muestra una leyenda de error en la pantalla.
El sobre fue abierto de manera totalmente ilegal mientras el celular estaba bajo custodia en el juzgado. Nadie reportó ningún error cuando se guardó el celular el día anterior, por lo que la alteración—tanto del error en el dispositivo como del sobre abierto—se produjo en el juzgado.
Eso demuestra que la responsabilidad recae sobre el juzgado. En algún punto, el celular fue abierto, se rompió la cadena de custodia y, con ello, se incumplieron los deberes tanto de la jueza como del juzgado.
—¿Cómo surge la sospecha sobre Gerardo Milman en la causa?
—En un momento apareció una persona que dijo haber escuchado a Gerardo Milman en un bar afirmar, dos días antes del atentado: "Cuando la maten, voy camino a la costa". Luego se comprobó que efectivamente el día del atentado él estaba viajando a la costa. A su vez, Milman había presentado pedidos de informe sobre la custodia de Cristina Kirchner en la Cámara de Diputados, alertando sobre un posible atentado. Incluso, el mismo día en que ocurrió el ataque, había solicitado información sobre la seguridad de la expresidenta y luego retirado el pedido. Es decir, había una serie de conductas extrañas que ameritaban una investigación más profunda: ¿por qué dijo eso? ¿Por qué presentó esos proyectos?
Cuando se verifica que efectivamente había estado en ese bar junto con dos asesoras, la situación se vuelve más llamativa. Primero, ellas niegan haber estado allí. Cuando las convocan a declarar, ambas dicen que nunca estuvieron en el café Casablanca, y que no recordaban haber hablado sobre un viaje a la costa. Pero cuando se les muestran los videos del bar, de repente, recuerdan que sí estuvieron.
Ante esa situación, le pedí a la jueza que ordenara el secuestro de los celulares de esas asesoras, porque estaban mintiendo y porque era la forma de comprobar si esa conversación con Milman había existido y si podía haber algún vínculo entre él y el atentado. Pero la jueza se negó sin dar ningún argumento. Parte de nuestro planteo era que, si la jueza le permitía a las asesoras irse sin secuestrar los teléfonos, era probable que los borraran.
Finalmente, en la Cámara de Apelaciones logramos revertir esa decisión y se ordenó el secuestro de los dispositivos, pero pasaron más de dos meses hasta que se efectivizó la medida. Cuando se revisaron los teléfonos, se comprobó que no había nada: los dispositivos habían sido borrados desde aquella fecha.
Una de esas dos asesoras había sido directora de un departamento de inteligencia criminal en el Ministerio de Seguridad cuando Milman era secretario. Ella dijo que tenía un celular nuevo y que el cambio no tenía relación con el caso, mientras que la otra contó que había borrado cierto contenido del celular.
Con el tiempo, una de ellas, la que tenía un rango menor dentro del esquema de Milman, se presentó espontáneamente ante la Fiscalía y declaró que, después de haber sido citadas a declarar en el juzgado, Milman las llevó a una oficina donde les dijo que tenían que borrar los celulares. Contó que en ese lugar había un perito, un abogado que se comunicaba por teléfono y que se metieron en los dispositivos para asegurarse de que no quedara contenido comprometedor. También dijo que creía que el propio celular de Milman había sido borrado.
Además, relató que su compañera—la más cercana a Milman—la citó en un café y le dijo que tenían que ir a una oficina. Cuando llegó, estaban Milman y el perito. Eran oficinas de Bullrich y Milman. Ahí les indicaron que debían borrar los teléfonos. Lo que ella relató sobre cómo manipularon los celulares coincide exactamente con lo que después se verificó en los dispositivos incautados.
—En la primera audiencia mencionaste que Sabag Montiel no parecía un "loquito suelto", sino alguien articulado y consciente de sus actos. ¿Qué implica esto en términos jurídicos y políticos? ¿Creés que su testimonio está construido para encubrir a alguien más?
—Desde hace mucho tiempo se instaló la idea de que quienes planearon el atentado eran unos "loquitos sueltos". Puede haber sido así, pero también puede que no, y lo cierto es que nunca se investigó seriamente la posibilidad de que no haya sido así, algo que es plausible. Si Sabag Montiel hubiera sido solo un "loquito", tendría que demostrarse que es inimputable, que actuó impulsivamente, ya sea para impresionar a su novia o sin comprender lo que estaba haciendo.
Durante el juicio oral, todos lo escuchamos hablar y quedó claro que sabía perfectamente lo que había hecho y por qué. Era una persona que tenía una idea concreta: pensaba que había que matar a Cristina porque había escuchado ese tipo de mensajes, y porque había consumido otros discursos mediáticos que él repetía casi al pie de la letra. Su razonamiento era: "Alguien tiene que hacer esto, lo hago yo".
Lo que está claro es que el atentado no ocurrió en el vacío, sino en un contexto de determinadas prácticas discursivas en la política, los medios y las redes sociales. Sin ese marco, este hecho no habría sucedido. Lo que Sabag Montiel reproduce en las audiencias es lo mismo que se puede escuchar cualquier día en la televisión.
—Mencionaste el caso de Gerardo Milman y la frase "cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa". ¿Por qué creés que la justicia no avanzó en investigar más esta línea? ¿Cuánto margen queda hoy para profundizar en estas conexiones?
—La jueza, María Eugenia Capuchetti tiene vinculaciones directas con el macrismo. Es una persona que cobraba un contrato por "asesoramiento político" en el Instituto de Seguridad de la Ciudad, algo que, además de ser totalmente incompatible con su rol, deja en evidencia sus contactos y su procedencia.
A su vez, hay un problema estructural en la justicia federal: la forma de llegar a ser juez federal muchas veces está vinculada a ciertos padrinazgos políticos, y cuando en una causa aparecen elementos que pueden comprometer a quienes los impulsaron, los jueces suelen ser reticentes a investigar.
La jueza elevó a juicio oral a los acusados—Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo—y un tribunal los está juzgando desde el año pasado, todos los miércoles, con alrededor de doscientos testigos. Sin embargo, dividió la investigación en dos y se quedó con la parte política, lo que hace que todo el proceso esté completamente obstruido.
—¿Cómo sería la línea de investigación entre Revolución Federal y el intento de asesinato a la expresidenta?
—La relación es bastante directa. Revolución Federal surge en mayo de 2022, pocos meses antes del atentado del 1 de septiembre de ese año, y desde el inicio sus consignas giraban en torno a la idea de matar a Cristina, matar a kirchneristas, "presos, muertos, exiliados". Llevaban guillotinas a las marchas.
—¿Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo eran parte de Revolución Federal?
—Revolución Federal tenía tres dirigentes principales, uno de ellos era Jonathan Morel. Lo que se ve en la causa es que la creación de Revolución Federal coincide exactamente con el momento en que Morel empieza a recibir transferencias millonarias de Rosana Caputo, integrante del Grupo Caputo. Esas transferencias comienzan justo cuando la agrupación se arma y empieza a organizar manifestaciones, y se cortan abruptamente el día del atentado, en septiembre de 2022.
La pregunta que siempre se hizo fue: ¿por qué el Grupo Caputo le hacía esas transferencias a Morel, que pertenecía a un ámbito socioeconómico y cultural distinto al de la familia Caputo?
—¿A qué se dedica el Grupo Caputo?
—Es un grupo dedicado a operaciones inmobiliarias en countries. Lo que se cuestiona es: ¿por qué Jonathan Morel, creador de Revolución Federal, recibía esas transferencias? Se sabe, por ejemplo, que Brenda Uliarte asistía a las manifestaciones de Revolución Federal e incluso tenía algunos mensajes intercambiados con miembros de la agrupación. Además, el discurso que Revolución Federal instalaba fue el que, finalmente, estos terminaron ejecutando. Es decir, más allá de que haya existido o no un vínculo directo, lo cierto es que Sabag Montiel y Uliarte seguían a Revolución Federal, leían sus consignas y asistían a sus manifestaciones.
—¿Qué explicaciones dio el Grupo Caputo?
—Nunca dieron una explicación detallada sobre las transferencias. Su versión oficial es que Rosana Caputo entró en una carpintería en Boulogne —que ni siquiera tenía un cartel—, conoció a Jonathan Morel, le encargó muebles y, a partir de ahí, lo contrataron para fabricar cientos de muebles más para un proyecto en Neuquén. Según ellos, a eso se debían las transferencias.
Es una historia inverosímil. ¿Por qué contratar a alguien que acababa de aprender carpintería por YouTube para hacer muebles en Neuquén? ¿Por qué las transferencias coinciden temporalmente de manera tan exacta con la actividad de Revolución Federal?
Morel tenía una carpintería precaria y, si bien él dice que tercerizaba la producción, no se entiende por qué el Grupo Caputo habría contratado a un intermediario sin experiencia, que además sacaba una ganancia con la tercerización, cuando el grupo tiene acceso directo a fabricantes de muebles.
Lo que sí es un hecho es que el Grupo Caputo financió a una agrupación política que promovía un discurso de violencia, instalando un clima de convulsión, y que las transferencias coinciden exactamente con el período en que Revolución Federal existió. Luego, la agrupación desapareció.
Tiempo después, uno de los miembros de Revolución Federal fue invitado a la Cámara de Diputados por un legislador de La Libertad Avanza, pese a que ya estaba imputado penalmente.
—¿Qué relación tiene Revolución Federal con La Libertad Avanza?
—En principio, ninguna. De hecho, Revolución Federal se disuelve tras el atentado. Sin embargo, algunos de sus miembros sí tienen vínculos con el partido de Milei.
Los tres creadores de Revolución Federal —Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa— fueron procesados en otra causa por instigación a cometer delitos y por asociación ilícita vinculada a la promoción de la violencia. No solo tenían discursos violentos, sino también acciones violentas: rompieron autos, amenazaron personas en la vía pública y arrojaron antorchas a la Casa Rosada.
Hoy, con las declaraciones que hace el presidente Milei, ese tipo de violencia se ha legitimado, pero Revolución Federal fue un actor clave en esa normalización. Ellos instalaron la idea de que había que matar a dirigentes kirchneristas.
El Tribunal Superior de Justicia porteño como nueva instancia de revisión: el conflicto con los jueces nacionales
—El fallo que fija al Tribunal Superior de Justicia porteño como tribunal revisor de las Cámaras Nacionales se dictó hace poco, a fines de diciembre de 2024, y fue el último que firmó Maqueda en la Corte Suprema. Escribiste sobre este tema en una columna para elDiarioAR. ¿Se han visto cambios concretos en la práctica judicial?
—Todavía se está viendo cómo reacciona la Justicia Nacional, que es la principal afectada por esta decisión. Lo que se observa es una voluntad de resistencia por parte de los jueces nacionales, que directamente se niegan a cumplir con lo que estableció la Corte: reconocer al TSJ como órgano revisor de sus sentencias.
La Justicia Nacional es la que existe desde siempre en la Ciudad de Buenos Aires, y esto se debe a que hasta 1994 la ciudad no tenía el estatus de autónoma. Como era un distrito federal, su justicia ordinaria dependía del Estado Nacional, a diferencia de las provincias, donde los delitos ordinarios —los no federales— son juzgados por las justicias provinciales.
La reforma constitucional de 1994 estableció que la Ciudad de Buenos Aires tendría autonomía jurisdiccional. El radicalismo interpretaba que la ciudad debía tener una justicia igual a la de las provincias, lo que implicaba que toda la Justicia Nacional debía pasar a la órbita porteña. El peronismo, en cambio, sostenía que la autonomía jurisdiccional solo le permitía a la Ciudad de Buenos Aires juzgar sobre sus propias leyes —las sancionadas por la Legislatura— pero no necesariamente sobre delitos ordinarios. Según esta visión, la Ciudad podía recibir competencias si la Nación se las transfería, pero no era un mandato constitucional.
Finalmente, con la sanción de la Ley Cafiero —que reguló la implementación de la reforma— se estableció explícitamente que la Justicia Nacional seguiría existiendo. Desde entonces, hubo debates constitucionales constantes sobre este tema, pero en los últimos años fue ganando fuerza la idea de que la CABA debía tener su propia justicia con plena autonomía. De hecho, ya se firmaron tres convenios de traspaso parcial entre el Estado Nacional y el porteño.
El problema es que los jueces nacionales no quieren ser trasladados a la órbita porteña. Por un lado, hay una cuestión de estatus: ser juez de la Nación implica pertenecer, por ejemplo, a las mismas asociaciones que los jueces federales. También hay reparos sobre cómo funciona la administración de justicia en la Ciudad. Además, si las Cámaras Nacionales —la Cámara Laboral, la Civil y Comercial— dejan de ser las instancias superiores en sus fueros, perderían poder. Hoy, la última palabra en el fuero nacional la tiene, por ejemplo, la Cámara de Casación Penal. Si se traspasara todo, o si simplemente se reconociera al TSJ como la máxima instancia, esas Cámaras dejarían de ser órganos superiores, y todas sus sentencias pasarían a ser revisadas por un tribunal ajeno a su estructura y que responde a otra administración.
En este contexto, hay varias cuestiones a considerar. Una es el traspaso total de la Justicia Nacional a la Ciudad, algo que podría darse mediante acuerdos entre el Estado Nacional y el porteño. Pero lo que hizo la Corte con este fallo es otra cosa: estableció que, como los poderes políticos nunca concretaron ese traspaso, hay cuestiones ineludibles, como reconocer al TSJ porteño como tribunal superior de las Cámaras Nacionales. Esto genera todavía más problemas porque la Justicia Nacional no estaba preparada para funcionar bajo esta nueva estructura: no existen mecanismos administrativos para recurrir sentencias nacionales ante la Justicia porteña, no hay integración en los sistemas informáticos y, además, el TSJ de la Ciudad no cuenta con jueces especializados en materias como Derecho Laboral, Civil o Comercial.
Esto genera un desajuste y también complica a quienes tienen juicios en trámite, ya que se incorpora una instancia más en el proceso. Incluso, se dio una situación atípica: los tribunales inferiores nacionales están incumpliendo un fallo de la Corte, algo sin muchos precedentes. Hoy, las Cámaras Nacionales rechazan aplicar la decisión del máximo tribunal y directamente dicen: "Nosotros no vamos a cumplir esto".
Lo que los jueces nacionales rechazan no es solo el traspaso, sino el hecho de que el TSJ de la Ciudad pase a tener jerarquía sobre ellos. Lo ven como una suerte de traspaso encubierto, porque si bien formalmente siguen siendo tribunales nacionales, ahora pasan a depender jerárquicamente de un órgano de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta diciembre, las Cámaras Nacionales y el TSJ porteño tenían un estatus similar: ambos eran tribunales previos a la Corte Suprema. Ahora, en cambio, las Cámaras Nacionales dejan de ser la última instancia y deben someter sus fallos al TSJ porteño antes de llegar a la Corte.
¿Puede Argentina vivir un episodio como el asalto al Capitolio? La preocupación por la radicalización política y la violencia
—En otra columna, hablaste de "terrorismo estocástico". El concepto, decías, "refiere a comunicaciones masivas que, aunque individualmente no sean causales de un hecho violento, en conjunto hacen probable su comisión por parte de un 'lobo solitario'". Según tu análisis, Milei entra dentro de la categoría de "terrorismo estocástico". ¿Te preocupa que no haya repudio social? Al menos según lo que surge de las últimas encuestas, mantiene una imagen positiva alta.
—No sé si necesariamente el "terrorismo estocástico" debería ser una categoría jurídica, pero sí es un concepto sociológicamente interesante. Porque, si un día digo "hay que matar a Cristina", eso no tiene causalidad directa con que alguien lo intente. Pero si ese mensaje se instala en muchos medios durante ocho años, la probabilidad de que se genere el caldo de cultivo para que algo así ocurra es mucho mayor. Y eso es lo que pasó.
Estamos en un momento en el que no hay ningún tipo de consecuencia para ese tipo de discurso, ya sea desde La Libertad Avanza o desde otros sectores, y eso es grave. Es una problemática contemporánea que todavía no se sabe bien cómo regular, especialmente en redes sociales.
Por ejemplo, cuando Milei dijo "voy a poner el último clavo en el cajón de Cristina", es terrible. ¿Por qué insistir en el mismo tipo de lenguaje cuando ya sabemos cómo se recibieron expresiones similares durante tanto tiempo y lo que generaron?
Hace 20 años —o incluso mucho menos— una frase así habría sido totalmente repudiada. Hoy se puede decir cualquier cosa y no hay consecuencias. Las redes sociales también fomentan este tipo de discursos porque generan más interacciones, más atención.
Esta semana, en una entrevista, por ejemplo, Milei dijo "Karina tiene la guillotina, tal fue ejecutado". Esa retórica violenta se normalizó. Lo mismo cuando a un periodista le dicen "sos un ensobrado, hijo de puta, pedófilo". Antes, con acusaciones mucho menores o sugerencias más solapadas, era un escándalo. Hoy, no pasa nada. Y eso es preocupante. Si hace unos años un presidente le decía a alguien "ensobrado, hijo de puta, pedófilo", era causal de juicio político. Hoy, no solo no pasa nada, sino que otros sectores terminan copiando esa retórica porque ven que tiene éxito.
—¿Creés que el discurso de Milei y su entorno puede derivar en nuevos episodios de violencia política en Argentina?
—Sí, seguro, y me preocupa. No solo por el discurso violento del entorno de Milei, sino también porque parece haber, en otros sectores, cierta admiración por ese tipo de retórica. Hay un entendimiento de que ese discurso da resultados y, por lo tanto, que hay que adoptarlo. Esa forma de expresión aumenta la probabilidad de que ocurra otro acto de violencia política.
—¿Temés que Argentina deje de resolver sus diferencias políticas a través de la democracia y las urnas y pase a resolverlas con violencia?
—Espero que no, la verdad. No quiero dar una imagen conspiranoica ni demasiado alarmista, pero hay cosas que me preocupan. No sé si llegaremos al punto de que las diferencias se resuelvan con sangre o de que abandonemos la democracia en un sentido formal, pero sí hay aspectos más sustanciales de la democracia que se están desdibujando.
Por ejemplo, en una democracia liberal, que el presidente sugiera que los homosexuales son pedófilos es un síntoma de una calidad democrática más baja. Eso no significa necesariamente que el país vaya a resolver sus conflictos con violencia, pero sí indica que estamos atravesando un momento democrático complicado.
—Marcás similitudes entre Milei, Trump y Bolsonaro por su uso de noticias falsas y su agresividad discursiva. ¿Creés que Milei podría llevar esta estrategia aún más lejos? ¿Ves posible un escenario como el asalto al Capitolio en Argentina?
—Podría pasar, pero estoy en contra de hacer comparaciones al boleo o de decir cosas como "Milei es fascista" o "Macri es la dictadura". Aún así, en este caso se están cruzando límites. Evidentemente, la verdad dejó de ser un concepto central en el discurso para pasar a ser cualquier cosa. El presidente puede decir un día que "los homosexuales son pedófilos", después afirmar que lo editaron, cuando el video es el mismo que subió la propia Casa Rosada, y al otro día repetir exactamente lo mismo. Si no hay ningún prurito en alejarse de la verdad ni en mentir abiertamente, lo que estamos viendo es algo bastante preocupante.
"Es innegable que se utilizó la Justicia Federal para criminalizar la política": la disputa sobre la independencia judicial en Argentina
—El abogado constitucionalista Roberto Gargarella menciona que la teoría del lawfare no puede explicar por qué figuras de derecha, como Uribe o Kuczynski, también fueron judicializadas. Desde tu perspectiva, ¿cómo se interpreta este punto?
—No uso personalmente el concepto de lawfare porque su definición no está del todo clara. No solo por el anglicismo, sino porque no termina de quedar definido qué es lo que abarca exactamente. No es que quiera evitar el tema, pero hay procesos como los de Perú o Colombia que no sigo detenidamente, así que no tengo una opinión formada sobre ellos.
Sí tengo más claridad sobre los procesos en Argentina y Brasil, y ahí veo bastante evidente que hubo una utilización de la justicia penal para dirimir cuestiones políticas. En algunas causas concretas se nota cómo temas propios del debate político terminan judicializados. Por ejemplo, alguien puede pensar que el memorándum con Irán fue un desastre político, pero nadie puede sostener seriamente que fue un delito, porque siguió todos los pasos constitucionales.
Por otro lado, es evidente que hay un trato procesal diferente según el sector político al que pertenezca el acusado. Uno podría decir: "Bueno, quizás hubo algún dirigente peronista corrupto", seguramente. Ahora, incluso si así fuera, lo que no se entiende es por qué el tratamiento judicial de esa persona es completamente distinto al de un dirigente macrista que también haya sido corrupto. ¿Por qué, en circunstancias similares, uno termina en prisión preventiva y el otro ni siquiera es llamado a indagatoria?
Entre 2015 y 2019 hubo un incremento sin precedentes en el uso de la persecución penal contra opositores, impulsado desde el Poder Ejecutivo con denuncias en la Justicia y con un contacto permanente entre ambos poderes. Es algo que nunca se había vivido ni antes ni después con esa intensidad. Durante el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, no hubo una ofensiva judicial contra exfuncionarios macristas, ni siquiera ahora con el gobierno de Milei.
Durante el macrismo es innegable que se utilizó la Justicia Federal para criminalizar la política, perseguir opositores y sacarlos de carrera electoral. De hecho, hoy en día, una de las consecuencias de ese proceso puede ser que Cristina Kirchner quede inhabilitada políticamente si la Corte confirma su condena. Y eso implicaría apartar de la competencia electoral a una de las figuras con más caudal de votos en Argentina.
El problema es que la condena en sí es inexplicable: no hay pruebas que la vinculen directamente con el caso, nadie pudo explicar por qué se la condenó ni cuál sería su relación con funcionarios de menor rango en Vialidad. Además, los jueces que dictaron la sentencia jugaban al fútbol con el fiscal y la provocaban en el juicio.
Si todo esto termina con una expresidenta inhabilitada para competir, con todo lo que eso implica, negar que hubo una utilización de la justicia con fines electorales es incorrecto. Hay muchísimos indicios de que fue así. Después, cada uno elegirá cómo conceptualizarlo. Yo no uso el término lawfare ni digo que lo que pasó en Argentina sea exactamente igual a lo de Perú o Colombia, pero lo que ocurrió acá es evidente.
—Uno de los puntos de Gargarella es que el lawfare "se desespera por ocultar" el problema central: la histórica dependencia de la justicia del poder de turno. ¿Cómo responderías a esa crítica? ¿El lawfare no podría entenderse justamente como una forma específica de esa manipulación judicial?
—Sí, en eso estoy de acuerdo. El Poder Judicial Federal siempre ha dependido del poder de turno en Argentina, al menos desde la vuelta de la democracia. Durante mucho tiempo, esa dependencia estuvo dirigida a garantizar impunidad. Pero en un momento hubo un cambio, y en lugar de ser utilizada para proteger a determinados sectores, empezó a ser usada para perseguir adversarios políticos.
Hay una dependencia de la justicia del poder de turno, pero lo que se le pide en cada etapa es diferente. No es lo mismo proteger a alguien que perseguir al otro. Y durante el macrismo, los vínculos entre la Justicia Federal y el poder político fueron evidentes. Desde cuestiones documentadas, como partidos de pádel entre jueces y funcionarios, hasta maniobras más estructurales, como la remoción de jueces desde la Secretaría de Justicia, presiones políticas, mensajes presidenciales y el uso de organismos públicos como la UIF y la OA para presentar denuncias en masa.
—Gargarella menciona que líderes progresistas como Mujica o Tabaré Vázquez no fueron judicializados, lo que, según él, desacredita la idea de una persecución sistemática contra líderes de izquierda. ¿Creés que este argumento es válido?
—Cada país tiene sus particularidades. Antes de analizar las persecuciones a nivel regional, quiero entender bien lo que pasó en Argentina. Puede haber ocurrido una cosa en Argentina y algo distinto en Uruguay. Gargarella apunta a que, si en Uruguay no persiguieron a líderes progresistas, eso significa que no hay algo sistemático a nivel continental. Quizás no lo haya, quizás sí. No he investigado el tema a nivel comparado y no quisiera referirme al trabajo de Gargarella, posiblemente el constitucionalista más importante de la Argentina y a quien respeto mucho, sin los elementos suficientes.
Ficha Limpia, el miedo a firmar y sus efectos en la gestión
—El Congreso debate el proyecto de Ficha Limpia. Por un lado, están quienes proponen una versión muy restrictiva, según la cual un ciudadano con una condena simple no podría ser candidato. Por el otro, quienes sostienen que "cualquiera pueda competir", incluso los condenados, y que sea la gente la que decida. ¿Cuál es tu postura?
—Es una pregunta que puede abordarse desde dos aspectos. Uno más filosófico, ligado al debate democrático, la presunción de inocencia y qué implica una condena en primera instancia, cuando aún es posible ser declarado inocente. También surge la cuestión de si cualquiera puede ser candidato o si deben existir límites.
El debate tiene también una dimensión práctica, especialmente en Argentina, donde la administración de justicia es deficiente, los estudios muestran cifras catastróficas y la percepción de que está politizada es enorme. Algunos creen que la maneja el kirchnerismo, otros La Libertad Avanza o el macrismo.
"Ficha Limpia es inviable con la Justicia actual", dice
En este escenario, un proyecto como Ficha Limpia es inviable. Si en un proceso judicial intervino Bonadío y luego un Tribunal Oral Federal con jueces abiertamente antikirchneristas, y eso impide que un candidato kirchnerista compita, va a generar un problema. Y lo mismo al revés: si un juez ultra kirchnerista y un tribunal afín condenaran a Macri, las sospechas serían las mismas. Con la justicia en su estado actual y el grado de legitimidad que tiene hoy, una ley así solo potenciaría esas desconfianzas y podría ser usada estratégicamente para proscribir candidatos.
—¿Cómo creés que debería equilibrarse en Argentina la rendición de cuentas de los funcionarios con la necesidad de que el Estado funcione sin miedo a la persecución penal?
—Es un equilibrio difícil. Hay algo paradójico en que, por un lado, se le exijan un montón de cosas al Estado, pero, por otro, ante cualquier cuestión irregular, ya se hable de corrupción y se inicie una causa penal. Para cualquier funcionario, tener una causa penal es algo que pesa enormemente, y es algo terrible en su vida.
Las persecuciones masivas a los funcionarios tienen un efecto que no siempre se considera: generan parálisis estatal. Durante el gobierno de Alberto Fernández, existió un miedo real a firmar decisiones. No querían firmar nada porque había una experiencia reciente de que la persecución había sido masiva y arbitraria.
El de Alberto Fernández fue un gobierno que hoy se percibe como tibio, como que "no firmaban nada". Pero, en algún sentido, eso es explicable. No sé si es justificable, pero sí entendible. Un funcionario que ocupó un cargo de 2011 a 2015, que de repente tuvo una causa penal siendo subsecretario, que no es millonario ni tiene protección política, difícilmente quiera después firmar algo. Es lógico que haya resistencia a asumir ese riesgo.
Y eso pasó. Eso existe. Y en un Estado como el nuestro, que necesita funcionar, la parálisis es un problema serio.
Naturalmente, tiene que haber rendición de cuentas, pero habría que ser más cuidadoso en diferenciar qué es realmente delictivo y qué son irregularidades administrativas subsanables o cuestiones propias del funcionamiento del Estado.
Asimismo, el Poder Judicial debería tener una mirada más prudente frente a decisiones del Poder Ejecutivo cuando no hay indicios claros de delito. Obviamente, si alguien aparece con una valija llena de dinero, es otra cosa. Hay casos que son de corrupción, pero en situaciones más grises, donde se trata más de irregularidades administrativas, deberían existir otras vías de control.
Esto no significa que las vías alternativas sean perfectas. El sistema actual tiene problemas, pero hay argumentos válidos de ambos lados. Tampoco creo en la inmunidad total, como planteó la Corte en el caso de Trump, ni mucho menos.
—El fallo que protege a Trump plantea una visión del Ejecutivo como un poder que debe actuar con rapidez y decisión. ¿Ves en Argentina alguna corriente política o judicial que busque avanzar en una mayor inmunidad para el Presidente o los funcionarios?
—El gobierno actual es un gobierno que actúa rápido y con decisión, y creo que en algún momento podría tener incentivos para impulsar una doctrina similar.
El fallo de Trump, obviamente, fue muy criticado, y sus alcances son excesivos, pero algo de lo que plantea tiene sentido. En Argentina, alguien podría reflexionar que desde 2019, el Estado argentino dejó de ser rápido y decidido, y eso fue un problema.
Lo que pasó en el caso de Trump, en algún momento, va a abrir la puerta a planteos similares en Argentina. La Corte estadounidense que falló a su favor estaba cooptada por los republicanos, y el fallo en sí es malo en muchos aspectos. La extensión de la inmunidad que otorga al presidente y a los funcionarios es excesiva. Además, es un fallo hecho a la medida de Trump.
Sin embargo, algunas de las cuestiones que plantea no son superfluas. Hay un punto de discusión válido sobre hasta qué punto un presidente necesita margen de acción para gobernar sin el temor de una judicialización inmediata.
—El Gobierno de Milei, ¿está tomando decisiones sin miedo a la judicialización o también está condicionado por este tipo de presiones?
—No está condicionado para nada. Es humanamente comprensible no querer firmar decisiones, es normal lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández. No lo voy a condenar moralmente por eso. Pero sí creo que el gobierno de Milei entiende algo con lo que coincido: para poder gobernar efectivamente, tenés que actuar, avanzar y no quedarte paralizado por el miedo. Y cuanto más avance sin miedo, mejor le va a ir, porque el punto es hacer cosas. Milei lo tiene claro: avanza y después, pregunta y ve.
—¿Creés que en el futuro podría haber un intento de reforma que busque modificar el modo en que la Justicia investiga a los funcionarios? ¿Podrían otorgarle inmunidad a un presidente?
—Podría pasar, pero los discursos actuales van en otra dirección. Tienden más bien a sumar figuras penales. No veo que en la sociedad haya espacio para dar ese debate. Más bien, el discurso predominante es el de la mano dura. Y encima, con la narrativa anticasta que hay ahora, sería raro que se empezara a discutir una reforma para ampliar la inmunidad de los funcionarios.
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