Con el objetivo de recuperar el control de la agenda pública y mostrar iniciativa, esta mañana el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días una nueva Ley de Salud Mental.
El ministro de Salud, Mario Lugones, afirmó que "esta modificación busca que el sistema pueda intervenir a tiempo, con criterios más claros y herramientas concretas para actuar frente a situaciones de riesgo". En medio de trascendidos sobre una posible salida del funcionario, concluyó: "Es el rumbo de este Gobierno, liderado por el presidente Javier Milei: poner la vida y la salud de los argentinos primero".
- Adorni y Lugones tenían prevista una reunión este martes a las 14.
Fuentes oficiales revelaron a El Economista los detalles del proyecto:
- Propone actualizar la Ley de Salud Mental sancionada en 2010 para "mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario". Plantea la clarificación de criterios, adaptándolos a las necesidades actuales y a la realidad asistencial de cada jurisdicción.
- Para identificar los principales obstáculos de la legislación actual, "se relevaron aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo".
- Ataca la falta de aplicación homogénea en el país. "Solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente". Argumentaron: "De las 23 provincias, 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación. Esto genera desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con menos recursos. La reforma busca garantizar atención en todo el territorio".
- Propone incorporar el concepto de "trastornos mentales o del comportamiento" para mayor precisión, en lugar del término -que califican "ambiguo"- de "padecimiento mental", que puede generar dudas diagnósticas y demoras en la intervención.
- Incorpora un nuevo enfoque sobre el riesgo: se reemplaza el criterio actual por el de "situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros", incorporando contexto y antecedentes, y permitiendo intervenciones más oportunas y preventivas.
- "La internación seguirá siendo un recurso excepcional, pero necesario para proteger la salud y la vida", explicaron.
- Según el Ministerio de Salud, la ley vigente impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos y el traslado a hospitales generales. Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas, "lo que evidencia la necesidad de sostener la internación especializada". En reemplazo, se propone fortalecer una red de atención en salud mental según niveles de complejidad.
- Fortalecer los sistemas de información.
- Ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas para fortalecer la supervisión.
"La ley vigente, impulsada por el kirchnerismo en 2010, generó dificultades en el acceso a tratamientos oportunos e internaciones, dejando un vacío que todavía no fue resuelto. Esa falla la padecieron muchas familias que durante años buscaron ayuda sin encontrar respuesta, aun en situaciones críticas en las que una intervención a tiempo podría haber evitado desenlaces graves o fatales", sostuvo Lugones en X.

