Ley Penal Juvenil: por qué no podemos esperar más

Hay discusiones que la política posterga por comodidad, por cálculo electoral o por una inercia ideológica que prefiere el confort del relato a la aspereza de la realidad. 

Durante décadas, el debate sobre la responsabilidad penal juvenil fue el terreno preferido de un romanticismo jurídico que, en nombre de la supuesta protección del menor, terminó entregando a miles de adolescentes a las garras de las organizaciones criminales y dejando a las víctimas en la más absoluta intemperie.

Hoy, la realidad de Rosario y de todo el país ya no nos permite el lujo de la duda. Las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei son el escenario para saldar una deuda histórica que no admite más dilaciones. 

• No estamos ante un capricho punitivista ni una reacción de golpe, estamos ante una necesidad de supervivencia institucional en un Estado que en una porción de los delitos ha perdido el monopolio de la fuerza y la Justicia.

Casos que nos tienen que hacer pensar

En las últimas dos semanas, la Argentina ha sido testigo de una crueldad que desafía cualquier intento de justificación sociológica o "garantismo" de salón. El asesinato de Jeremías Monzón no solo nos desgarró por la saña -23 puñaladas y una ejecución filmada como si fuera un trofeo- sino por el mensaje de la instigadora: "Matalo, cortale el cuello". La frialdad no era fruto de la marginalidad, sino de la convicción de impunidad en pleno uso de conciencia y responsabilidad.

Lo que sucedió después de ese video viralizado es el resumen del fracaso de nuestro sistema: mientras una joven de 16 años permanece bajo un régimen de contención, el coautor de apenas 14 años, plenamente consciente del horror que perpetraba frente a la cámara, se retiró de la sede judicial caminando. La ley vigente, la vetusta 22.278 de 1980, le garantiza a ese ejecutor un retorno inmediato a su casa. Eso no es Justicia, es darle la espalda a la familia de Jeremías y una invitación formal al delito organizado para seguir reclutando "soldaditos" inimputables.

Este caso se suma al patrón de sangre que inauguró el doloroso asesinato de Bruno Bussanich, el playero ejecutado en nuestra Rosario por un sicario de 15 años. Solo en los últimos quince días, hemos visto cómo las estructuras criminales, como la banda autodenominada "Los Menores", operaba en Barrio Las Flores usando a niños de hasta 10 años para custodiar búnkeres y a adolescentes para ataques armados. Y esto hay que cortarlo: el Estado no puede seguir siendo un espectador.

Un anacronismo de la dictadura disfrazado de derecho

Resulta una paradoja del cinismo que quienes se dicen defensores de los derechos humanos hoy sostengan a capa y espada la vigencia de una norma de la época de Videla. La ley actual es una pieza de museo autoritaria: bajo la figura del "patronato", ni siquiera le garantiza al menor una defensa técnica efectiva ni un debido proceso real, ¡ni siquiera le garantiza un defensor!. El menor es tratado como un objeto de tutela discrecional del juez y no como un sujeto de derechos y obligaciones.

El proyecto impulsado por el Gobierno y la entonces ministra, hoy senadora, Patricia Bullrich, viene a legislar, finalmente, la responsabilidad. No se trata simplemente de "bajar la edad", se trata de crear un sistema procesal moderno donde el menor tenga un defensor, pero donde fundamentalmente la víctima recupere su lugar en la mesa de la justicia. 

Hoy la víctima es casi un accesorio testimonial, pero con esta reforma tendrá participación activa, derecho a informar al juez y a ser escuchada antes de cualquier resolución. La prioridad moral debe volver a quien sufrió el daño, no a quien lo provocó. Los buenos son siempre los que están del lado de la ley.

El combustible de las bandas

El debate debe considerar también un diagnóstico crudo sobre la criminalidad organizada. Según datos de la ONU (traídos a la mesa de discusión por el hasta recientemente Director de Normativa y Enlace del Ministerio de Seguridad Nacional, el Doctor Fernando Soto) mientras que a nivel global el 26% de los crímenes se vinculan a estructuras delictivas, en Latinoamérica esa cifra escala al 52%. 

Rosario es el epicentro de esta estadística, considerando que, en nuestra ciudad, el robo de una camioneta o de un celular no termina en un arrebato individual por lo general, sino que es el eslabón inicial de una cadena de reventa que financia la logística de las bandas.

Y, frecuentemente, donde hay organización criminal hay menores siendo utilizados como escudos de impunidad. Por eso el proyecto es claro y establece un agravante fundamental: el adulto que recluta, paga con las penas más altas del código. Es la única forma de romper el incentivo económico y penal de las bandas que hoy ven en un chico de 13 años una herramienta descartable y gratuita ante la ley.

A menudo escuchamos el argumento de que la solución no es penal, sino "cultural" o "social". Se nos dice que hay que trabajar en las adicciones, el entorno y la educación. Y es cierto: el Estado debe estar allí. Pero hay una trampa retórica en esa postura: la cultura se cambia en décadas, pero la vida de la gente se pierde hoy. No estamos en condiciones de darnos el lujo de esperar dos generaciones a que un programa social o educativo cambie la matriz de violencia de los barrios donde ocurren estas situaciones. 

El Estado tiene la obligación de actuar sobre el presente, porque no se trata solo de "cambiar la cabeza" de los jóvenes, se trata de frenar la mano de quien empuña un arma ahora mismo. La prevención social y la sanción penal no son excluyentes, son complementarias. Un sistema que solo ofrece "contención" a un asesino de 14 años probablemente no logre un impacto significativo si no involucra la reparación de una pena, el cumplimiento de la misma y el fin efectivo de la carrera delictiva. Todas las condiciones son necesarias, al mismo tiempo.

La neurociencia nos dice que las mentes jóvenes son plásticas y recuperables y es un dato científico que abrazamos. Pero esa recuperación no ocurre en el vacío del "no pasa nada". El trabajo de apartar a un joven de la fuente de conflicto -la banda, el búnker, la adicción-  requiere un límite claro y una consecuencia jurídica. Sin sanción, no hay introspección, sin introspección, no hay resocialización.

El caso del asesino de Bruno Bussanich es la prueba más brutal de este sistema perverso: tras ejecutar a Bruno con 15 años, el Ministerio de Seguridad tuvo que protegerlo porque los mismos narcos que lo enviaron a matar lo buscaban para ejecutarlo y evitar que hablara. La falta de una ley penal juvenil seria no solo desprotege a la sociedad, sino que entrega a los chicos a una muerte segura en manos de sus reclutadores también. La impunidad es, en última instancia, la forma más cruel de desprotección para el propio menor.

Es ahora

Aprobar esta ley en las sesiones extraordinarias es una urgencia social. Necesitamos un régimen fuerte y serio para saldar una deuda institucional de la Justicia, con una precisión jurídica que no deje fisuras para las interpretaciones abolicionistas, pero con la firmeza de quien entiende que el orden es el único camino hacia la libertad verdadera.

Tenemos la oportunidad histórica de poner al Estado del lado correcto: del lado de la ley, del lado de las víctimas y del lado de una sociedad que ya no acepta más excusas.

Justicia es responsabilidad. Y el que las hace las tiene que pagar.

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