El Gobierno espera que a partir de este martes el Congreso empiece a votar, artículo por artículo, la ley "Bases para la Libertad de los Argentinos". Ya es el debate parlamentario más largo en 40 años de democracia, y su final aún parece incierto.
El tratamiento empezó el miércoles pasado; el viernes se aprobó en general, después de 30 horas de discursos; y este martes comenzará la discusión particular del texto, que podría consumir hasta 3 días más.
La aprobación en general de la ley no garantiza nada. Solo habilita el tratamiento del proyecto y el debate en particular.
El proyecto original ya perdió la mitad de su tamaño, y los capítulos centrales quedaron descartados, tal como sucedió con el apartado fiscal. Las negociaciones con los bloques dialoguistas siguen trabadas por las disidencias en torno a los artículos que aún se mantienen en pie.
El punto central de la discordia tiene que ver con el reparto de fondos: al quitar del proyecto el capítulo fiscal, el Gobierno advirtió que promoverá un ajuste mayor en fondos destinados a las provincias para compensar las subas de impuestos descartadas. Así, se abrió una batalla entre los gobernadores y el presidente, en la que se pone en juego el destino del proyecto.
Impuesto PAIS
A menos de 24 horas del inicio del debate, uno de los temas más discutidos es la coparticipación del impuesto PAIS. Esta propuesta de los gobernadores fue rechazada por Milei, porque insiste en que es un impuesto temporal ligado a la existencia del cepo cambiario y que, si lo coparticipa, se hará casi imposible eliminarlo.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, ya advirtió que si la oposición incluye el artículo en la ley, el Presidente está dispuesto a vetarlo.
Privatizaciones
Otro de los puntos que se debe definir tiene que ver con las privatizaciones. El proyecto original de ley disponía que el Presidente tuviera la facultad de avanzar con la privatización de 41 empresas públicas.
En las primeras semanas de negociación, se retiró de la lista a YPF y se limitó la cantidad de acciones sujetas a venta del Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica Argentina.
La reducción de la lista continuó hasta llegar a 27 empresas que aún quedan en el texto, entre las que se encuentran AySA, Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, etc.
Facultades delegadas
También la delegación de facultades continúa generando algunas disputas entre los legisladores. La propuesta original de declarar la emergencia en 11 materias y tener poderes especiales por dos años, prorrogables por decreto, se redujo finalmente a 5 emergencias, por un período de un año, prorrogable con acuerdo del Congreso.
Pero todavía se mantienen discusiones sobre si añadir la emergencia de seguridad a la lista.
