El Garrahan es un hospital de alta complejidad de referencia, con reconocimiento internacional, que enorgullece a nuestro país. Proyectado por el gobierno de Isabel Perón, continuado -aunque con ciertas demoras- por la dictadura militar y, finalmente, inaugurado y puesto en marcha en la presidencia de Alfonsín, ha persistido como una política de Estado. Más aún, hasta la fecha, ni los gobiernos más proclives a reducir la inversión pública amenazaron su continuidad.
Los conflictos salariales que, en los últimos días, originaron la crisis que atraviesa el citado nosocomio no son nuevos, pero podrían haberse evitado a tiempo.
En efecto, al asumir el actual Ministro de Salud, Mario Lugones, en reemplazo de Mario Russo, solicitó la renuncia de los integrantes del Consejo de Administración del Hospital, porque habían dispuesto el fortalecimiento de los salarios con un bono de $500.000, a partir de fondos provenientes del recupero de las prestaciones efectuadas a pacientes con obra social o prepaga.
La decisión cuestionada por la actual gestión era perfectamente lícita y además virtuosa, ya que resulta un enorme incentivo para los integrantes de una institución, que su salario se vea favorecido cuando se adoptan adecuadas medidas de administrativas.
Lejos de cuestionar este tipo de decisiones, el Gobierno debió haberlas respaldado y promovido.
Los reclamos por la abrupta caída del poder adquisitivo del salario de los profesionales no merecen, como respuesta, las acusaciones genéricas contra la institución, señalando el supuesto exceso de personal administrativo y el supuesto desvío de fondos a través de "ñoquis". Y menos aún, si el oficialismo no exhibe siquiera un informe de auditoría y los consecuentes sumarios administrativos y denuncias penales que corresponderían efectuarse, ante tales circunstancias.
Para decirlo más claramente, el kirchnerismo dejó el gobierno el 10 de diciembre de 2023. Desde ese día y hasta la fecha, haber detectado y sancionado irregularidades era responsabilidad de la actual administración pública.
De ninguna manera son los médicos que trabajan denodadamente, ni sus pacientes (niños con enfermedades de alta complejidad), ni el personal no médico, quiénes deben pagar el costo de las supuestas irregularidades cometidas en la anterior gestión, y no resueltas por la actual. Siempre, pero más aún en tiempos de crisis, los incentivos deberían estar alineados en función de los servidores públicos que realmente se esfuerzan.
Y es justamente la falta de los incentivos y los salarios miserables lo que ha provocado, a la fecha, la renuncia de 200 profesionales (50 de ellos, médicos de planta) y la evaluación que muchos de ellos están haciendo de seguir el mismo camino que los renunciantes.
Sucede que el Hospital Garrahan no sólo es el Hospital Pediátrico de mayor jerarquía y complejidad del país, es además, una gran escuela de formación, que reúne a los mejores y más prestigiosos profesionales de la pediatría, en un ámbito que, por sus características específicas, es irreproducible en la actividad privada. Los especialistas formados en el Garrahan proveen de profesionales pediátricos idóneos inclusive al sistema privado. De continuar la expulsión de especialistas de esta escuela de salud, las próximas generaciones no tendrán a quién recurrir.
Dañar una cadena de transmisión y producción de conocimientos que ha funcionado durante décadas, pone en riesgo el patrimonio científico de la Nación, destinado a proteger aquello que más nos importa: nuestros hijos.
Seguí a El Economista en Google
Agreganos a tus medios preferidos.
+ Agregar
