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La Corte pospuso la audiencia con Nación y Ciudad por la coparticipación

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21 abril de 2021

La Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema decidió hoy posponer hasta el 12 de mayo la audiencia entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires para así propiciar un entendimiento sobre el reparto de impuestos coparticipables.

Abierto el acto y luego de un intercambio de ideas se establece un cuarto intermedio y se fija una nueva audiencia para el día 12 de mayo del corrientes a las 11”, señala el acta de la audiencia. A renglón seguido, el documento establece que “se suspenden los plazos procesales”, es decir, que no corren los 60 días que tenía el Estado Nacional para contestar la demanda iniciada por la administración porteña.

En representación de la Ciudad concurrieron el Procurador General, Gabriel María Astarloa; el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura; y el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro. Por el Estado Nacional participaron los letrados apoderados del Ministerio de Economía Sergio Acevedo, Ricardo Yamone y Guillermo Anderson.

En el encuentro, los abogados de la Nación manifestaron que por el artículo 2 de la Ley 27.606, que regula la transferencia del sistema de seguridad a la Ciudad, la administración porteña “debe avenirse a dialogar”, según manifestaron fuentes presentes en la reunión. Ese artículo prescribe que “el gasto anual que demande la transferencia realizada a la Ciudad en el marco del convenio aprobado por el artículo 1° de la presente y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad”.

La audiencia comenzó media hora más tarde de los previsto, a las 11.30, y se extendió hasta poco más de las 13, en la redacción del acta y los intercambios informales de los representantes con el secretario letrado.

En septiembre del año pasado, la Ciudad concurrió a la Corte para solicitar una “declaración de certeza” en torno a la rebaja del 1,18% a la coparticipación porteña que aplicó la gestión de Alberto Fernández. El actual gobierno justificó esa reasignación en el hecho de que esa alícuota había sido concedida por decreto en 2016 por el entonces presidente, Mauricio Macri.

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